Nunca antes me había tocado recibir ataques tan directos y virulentos como los que se dispararon con la publicación de "La comuna de los sapos", mi más reciente columna en el diario Últimas Noticias, donde en pocas líneas advertía que, más allá de montar una estructura clientelar que en última instancia responda a Miraflores, el fulano Estado Comunal se perfila como un verdadero mecanismo de control social gracias a la infame Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia de 2008. Basta agregar una pizca de Ley Sapo para que la más plural de las comunas se comporte como el más castrista de los Comités de Defensa de la Revolución. La desmedida reacción a mis planteamientos me indica que toqué un nervio sensible y me obliga a elaborar sobre el tema, esta vez desde el ángulo económico.

EL SOCIALISMO REAL
Lo primero que debe entender el lector es que si conforme al Plan Socialista 2013-2019 en realidad nos proponemos instaurar un sistema económico que privilegie la propiedad estatal y colectiva sobre la iniciativa privada, se requiere montar todo un aparato de inteligencia social que permita controlar las redes de corrupción que inevitablemente surgen en todo sistema socialista. La razón es muy sencilla: quien está al frente de una empresa de corte socialista no tiene mayores incentivos para esforzarse al máximo porque en realidad ese patrimonio no es suyo (no le duele) y cuenta con múltiples mecanismos para engañar al burócrata que lo supervisa desde un remoto ministerio.

En la antigua Unión Soviética intentaron solucionar ese problema asignándole un comisario político a cada gerente de empresa pero eso resultó insuficiente porque los comisarios terminaban siendo "captados", por lo que fue necesario crear una red de informantes que permitiera controlar clandestinamente tanto a gerentes como a comisarios. De hecho, la NKVD (precursora de la temible KGB) surgió precisamente para apretarle las tuercas a la maquinaria económica estatal, en un momento en que resultaba crucial cumplir con las metas de producción de armamentos, y no es casualidad que los oligarcas que actualmente controlan la economía rusa provengan de una logia de exagentes de los servicios secretos soviéticos, con Putin a la cabeza. Vale aclarar que no se trata de una peculiaridad del modelo soviético, sino de un elemento común a todas las modalidades de socialismo real que se han ensayado.

Nuestro vernáculo socialismo del sigo XXI tampoco se escapa a esa perversa lógica. Cuando Chávez lanza el grito de "eficiencia o nada" como santo y seña de esta nueva etapa no está hablando de mejorar procesos técnicos, afinar los esquemas de incentivos, o hacer nada de lo que un buen gerente asocia con la palabra "eficiencia". En lugar de una gerencia guiada por reglas e incentivos, el socialismo sigue la lógica de órdenes y controles. Así, al tiempo que Chávez reclama airadamente por la inoperancia de la novísima fábrica de helados Coppelia, anuncia que ahora vendrán "inspecciones imprevistas" a los proyectos productivos y crea un Ministerio de Seguimiento de la Gestión del Gobierno, al mando de la almirante Carmen Meléndez. Y aquí es donde toca desempolvar aquella Ley de cuyo nombre no quisiera acordarme.

AQUELLA LEY SAPO
La Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo de 2008, recibió el repudio inmediato de la opinión pública nacional porque institucionaliza el "estado general de sospecha".

Así, el artículo 16 establece que toda persona o institución, incluyendo "las organizaciones de participación popular y comunidades organizadas", tiene la obligación de colaborar con los cuerpos de inteligencia, so pena de afrontar penas de entre dos y seis años de cárcel. La cosa no se queda en sapear al colega, al jefe o a la vecina, sino que el artículo 24 establece que los órganos de seguridad podrán requerir a cualquier persona "su colaboración para preparar o ejecutar procedimientos operativos", por lo que todos pasamos a ser agentes del Estado. Y como toda Ley Sapo que se respete, la norma garantiza en su artículo 22 "la protección de las personas que actúen en calidad de informantes, testigos, peritos, colaboradores o colaboradoras".

Si a esto agregamos que según el artículo 13 el denominado Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Civil abarca "los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental, en los sectores públicos y privados" tenemos un instrumento legal que le permite al Estado husmear hasta en la sopa. Ya no harán falta "inspecciones imprevistas" a las empresas porque el monitoreo clandestino será permanente.

Es cierto que esa Ley Sapo fue derogada por el mismo Chávez a los pocos días de haberla promulgado vía habilitante, pero sabemos que ese retroceso táctico fue solo un "por ahora". El oficialismo venía recién de perder el referendo para la reforma constitucional, tenía en puertas las elecciones de gobernadores y planeaba meternos para finales de ese mismo año la enmienda constitucional para la reelección indefinida. Ante la indignación de la opinión pública nacional el recule no se hizo esperar, pero allí queda ese precedente legal que expresa nítidamente la visión que tiene su autor (el Comandante Presidente) sobre el control social y es solo cuestión de tiempo antes de que intente resucitarla completita o por pedazos.