El período presidencial de Hugo Chávez se caracterizará como uno de los que le dio más apoyo al deporte. Aspecto resaltante de su gestión fue la promulgación de una Ley del Deporte que buscaba darle un nuevo cariz a la forma jurídica de esa actividad en el país.
 
El instrumento jurídico no dejó de ser polémico durante todos estos años, con enfrentamientos y denuncias de intervencionismo que obligaron a varias modificaciones. En un principio, se trató de un proyecto de ley que no tuvo mucho apoyo dentro de las prioridades legislativas. En 2001 se logró la aprobación por la Asamblea Nacional, pero luego entró en el olvido y quedó aparcada por varios años.
 
Fue en 2011 cuando se reactivó un nuevo proyecto mucho más revolucionario, en el que daba cabida a la participación de atletas, entrenadores y árbitros en las federaciones deportivas con derecho a ejercer de autoridad, así como escoger a esas mismas autoridades. También contempló el control y fiscalización de las federaciones y la creación de una comisión de justicia deportiva que podría entrometerse en la autonomía de las federaciones.

Se daba vida entonces a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, anunciada por el propio Chávez a través de su cuenta de Twitter.

 El hecho causó el rechazo generalizado de las federaciones deportivas y del propio Comité Olímpico Venezolano (COV), tras señalar que se trataba de una clara intromisión en asuntos internos de estos organismos por parte del Estado. Incluso, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, entre otros órganos internacionales, advirtieron que la nueva normativa podría restar autonomía en evidente intervención gubernamental que obviamente no tolerarían y dejaron claro que de mantenerse ese instrumento tal como estaba, las federaciones deportivas venezolanas y el COV corrían el riesgo de quedar desafiliados.

Sin embargo, tras la aprobación de la Ley, el ministro de Deporte, Héctor Rodríguez, calificó a las amenazas de los entes deportivos internacionales como “mentiras”.

Otro aspecto controvertido del proyecto era la creación de un fondo para el desarrollo del deporte con aportes obligatorios del 1% de los ingresos de las empresas públicas y privadas cuyos ingresos sean superiores a las 20 mil unidades tributarias en ganancias netas. De ese monto hasta 0.5% podrá ser movilizado a discreción de la empresa, pero sujeto a los lineamientos que al respecto emita el Instituto Nacional de Deportes (IND).

POLÉMICA
Los principales circuitos profesionales del país: la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) alzaron su voz al unísono preocupadas por lo que se aprobó. El tema en cuestión daba cuenta que la mitad de ese aporte era destinado a criterio del IND.

Tras una serie de reuniones, la Asamblea Nacional dio marcha atrás con los artículos polémicos y los adecuó a los requerimientos y observaciones de los organismos deportivos internacionales, así como a los nacionales. En ese sentido se respetó la esencia de independencia de las federaciones deportivas y sacó de tajo la participación del Estado en esas funciones.

 Pero con respecto al tema de la creación del fondo sobre el patrocinio deportivo, algunas ligas como la de beisbol quedaron inconformes con la puesta en funcionamiento de único reglamento de la Ley aprobado hasta la fecha.

En su momento, el entonces presidente de la LVBP, José Grasso Vecchio, afirmó que no se habían respetado los acuerdos previos alcanzados con los diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la AN. Estos preceptos garantizaban la libertad en el ejercicio del deporte profesional en cuanto al patrocinio de equipos y atletas, así como la contratación con el sector privado a través de la posibilidad de libre administración del 50% del aporte.

En la Ley se eliminó la oportunidad de libre administración del 50% del aporte, quedando centralizado por el IND, organismo que tendría la total administración y asignación de los fondos recaudados. Según las ligas profesionales sería el Estado el que ejerce el control total del nuevo fondo creado por la Ley, dejando mermada la voluntad y capacidad de patrocinio del sector privado.

Así nació el Fondo Nacional para el Desarrollo Deportivo. El Fondo, según los articulados de la ley, debe garantizar la seguridad social de los atletas, la masificación del deporte y la socialización del mismo en todos los ámbitos institucionales de la nación a través del correcto financiamiento y promoción de las disciplinas y categorías deportivas que contasen con este patrocinio.
 
Pero la Ley le queda mucho por hacer. De ella, surgirán varias leyes especiales y los reglamentos que la van a desarrollar, que le darán un matiz más preciso sobre este instrumento jurídico. Solo el tiempo dirá qué tan benévola puede ser esta polémica Ley surgida de las fuerzas del chavismo bajo la tutela del fallecido presidente de la República, quien sin duda fue un insigne enamorado del deporte aunque su óptica particular de hacer política.