La venta de la mayoría de acciones del canal Globovisión al empresario Juan Domingo Cordero, por parte de Guillermo Zuloaga, debe ubicarse en un contexto más amplio. No se trata obviamente de cualquier transacción empresarial.

Desde mi punto de vista simboliza claramente una época, ésta del chavismo, y envía un mensaje muy claro a los medios de comunicación con línea editorial crítica.

La venta forzada del canal de noticias ha sido el resultado de una sistemática campaña de hostigamiento gubernamental, que se agudizó con mucha claridad a partir del cierre de RCTV en 2007. Por aquel año de 2007 sostuve más de una discusión con colegas del mundo comunicacional de Venezuela y de América Latina.

Desde mi punto de vista, entonces y ahora, era claro que el gobierno había aprendido la lección en relación con el alto costo político que le representó el cierre de RCTV, tanto a nivel interno como en el exterior.

Ese caso fue llevado hasta sus últimas consecuencias por una empecinada determinación del presidente Chávez, que para aquel momento recién había sido reelecto y contaba además de la base de apoyo popular con unas perspectivas económicas pujantes.

El cierre de RCTV fue catalizador para la irrupción pública del movimiento estudiantil y tuvo un impacto en la primera derrota electoral del régimen, a propósito de la propuesta de reforma constitucional.

Así las cosas, no era previsible que el gobierno de Chávez repitiera la misma fórmula y optara por cerrar Globovisión. Se ensayó, y los hechos vienen a demostrarlo, un nuevo esquema: un hostigamiento sistemático de bajo o mediano impacto (sin que una medida implicara en sí el cierre) pero colocando sobre las finanzas, operaciones y personal de este medio de comunicación una carga tan alta que finalmente lo hizo inviable.

Dos hechos recientes simbolizan la estrategia oficial que ahora rinde sus frutos. A mediados del año pasado el canal de noticias fue obligado a pagar una multa equivalente a algo más de dos millones de dólares por presuntamente "generar zozobra" cuando informó de lo ocurrido en la cárcel de El Rodeo (año 2011).

El proceso de apelación que introdujo Globovisión terminó con una decisión aún peor, según el Tribunal Supremo de Justicia si el canal no pagaba la multa de forma perentoria iban a ser embargados sus bienes por el triple del monto original. El canal pagó, obviamente bajo protesta.

El otro hecho ocurrió hace escasas semanas y ya lo abordamos de forma extensa en un artículo anterior, se trata de la Televisión Digital Terrestre (TDA). Globovisión, sin justificación alguna que pueda explicarse técnicamente, fue excluida de la parrilla de canales en el nuevo sistema digital.

Tal medida oficial, implicaba el rezago tecnológico del canal y su segura desaparición en 2020, cuando cesen las transmisiones analógicas en el país. A esto se unió el vencimiento próximo de la concesión, una habilitación para poder operar cuyo otorgamiento y revocatoria son manejados con absoluta discrecionalidad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

 Conatel no tiene reglas de juego claras y transparentes en el manejo de la concesiones, con lo cual los medios radioeléctricos del país están en una situación de debilidad jurídico-administrativa.

Cada vez que asisto a un congreso o seminario internacional los colegas de otros países me preguntan: ¿hay libertad de expresión en Venezuela? Mi respuesta, invariable y que además se refuerza con el caso de Globovisión, apunta a señalar que sí, que en Venezuela se pueden expresar las voces críticas pero cada vez por un menor número de medios a su alcance.

Además, la clara evidencia de que en el país la libertad de expresión está en franco retroceso no sólo se puede medir por el número de medios críticos del gobierno que están activos, sino por el costo que se le pone a quienes ejercen la crítica pública.

Efectivamente Globovisión no ha sido cerrado de forma directa por el Poder Ejecutivo, pero se encontró otra forma de sancionar al medio por mantener una línea editorial cuestionadora del régimen.

La carta de Guillermo Zuloaga a los trabajadores del medio es tal vez el más duro testimonio de los costos que conlleva mantener una voz disidente en esta época en Venezuela.

La inviabilidad del medio, a lo cual se refiere la misiva, no tiene que ver con un mal modelo de negocios; la inviabilidad en este caso es consecuencia de las sanciones directas e indirectas que en los últimos años impuso el gobierno de Hugo Chávez a Globovisión.

Este caso, con seguridad, será digno de estudio por los expertos de libertad de expresión en América Latina. Un régimen que no tolera la crítica pública logra castigar a un medio y ha sido tan eficaz la estrategia que hasta puede presentarla como una simple transacción empresarial. 

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