Juzgar la acción de gobierno del presidente Chávez es oportuno una vez que se completó su ciclo vital y el próximo 14 de abril el país se apresta para entrar en una nueva etapa de su devenir. La sociedad venezolana, bien sea bajo la tutela del continuismo o el patrocinio de la reconstrucción, se dirige inexorablemente hacia una encrucijada: comienza una Sexta República.

Durante el chavismo las actividades nacionales de ciencia y tecnología ­junto a la educación superior­ han retrocedido a niveles pretéritos. A pesar de que se han creado multitud de instituciones a las que se les ha endilgado el calificativo de universidades o institutos de investigación, estas no califican como tales. Si bien cuentan con amplios recursos humanos ­pobremente calificados pero gente al fin­ en ellas ni se busca ni se crea conocimiento de valor universal.

En efecto, mientras que a mediados de la década pasada se registraban en el país unos seis mil investigadores certificados por el extinto Programa de Promoción del Investigador (PPI), actualmente su mala copia y sucesor ­el Programa de Estímulo al Investigador (PEI)­ contabiliza el doble de científicos. Empero, sólo un centenar de los que dictan docencia en esas recién creadas universidades militan dentro del PEI.

Es una perogrullada afirmar que quien desea ser considerado como investigador debe demostrarlo con la publicación de su trabajo intelectual. Siendo esto así, hoy en día deberíamos contar con el doble de las publicaciones que solíamos registrar años atrás. La realidad es otra: los supuestos doce mil científicos de hoy en día apenas logran producir un tercio menos que las mil quinientas publicaciones que hace seis años publicaban los investigadores del PPI.

Otra faceta que desdice de la gestión chavista es la de los recursos financieros dedicados a Ciencia y Tecnología (CyT). El año pasado le fue otorgado al sector la misma cantidad de dinero ­bolívar por bolívar­ que lo dado hace seis años. En aquel entonces esa suma representó el 2,79% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que lo dado ahora apenas llega al 1,46% del PIB.

Si lo cuantitativo del financiamiento de CyT ha resultado ser un monumental fracaso de la administración chavista, el descalabro en lo cualitativo ­lo conceptual o relativo a las políticas públicas sectoriales­ no se queda atrás. La reforma a finales del año 2010 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) coronó la saga de la devastación de nuestro sistema de creación y uso del conocimiento.

En ese momento, el chavismo le quitó al sector privado de la economía la facultad de destinar una parte significativa de sus ingresos hacia actividades de investigación en ciencia y tecnología que favorecieran su desempeño o vocación. Ese cambio legal sacó del juego a los emprendedores Pero más allá, aniquiló una antigua y sentida necesidad de quienes hacen ciencia, quitándole a las universidades y centros de investigación nacionales la posibilidad de contar con fuentes adicionales de financiamiento para actividades que les son esenciales.