El país más inseguro, por Javier Ignacio Mayorca
Los resultados de la última encuesta mundial Gallup sobre Ley y Orden echan por tierra la catarata de propaganda gubernamental y ponen en evidencia la realidad de una nación acogotada por el hampa y la desconfianza hacia sus cuerpos policiales.
Hace dos semanas, unos guardias nacionales emplazados en el terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía se quedaron con 20 dólares pertenecientes a una mujer que viajaba para México. Los militares hallaron el billete durante la revisión a un bolso que ella portaba. Percibieron que la víctima se iba definitivamente del país, y que por ende no denunciaría el “impuesto” con el que los sargentos estaban llenando sus bolsillos.
Días antes, un joven estudiante de medicina que caminaba a las 6:30 am entre la Universidad Central de Venezuela y el Metro se percató de que lo seguían. Aceleró el paso para entrar al subterráneo, pero cuando descendía por la escalera sintió cómo lo herían por la espalda con un objeto cortante, presumiblemente el pico de una botella que rompieron mientras se desarrollaba la persecución.
¿Cuáles son las coincidencias entre esta viajera venezolana y el estudiante? En primer lugar, ambas personas fueron victimizadas en su propio país. Una, por militares uniformados y en servicio. El otro, por delincuentes callejeros. Pero ambos fueron objeto reciente de acciones delictuales. En segundo lugar, ninguno de ellos acudió a los cuerpos de seguridad para formular la denuncia correspondiente. Para las policías estos hechos, simplemente, no existieron.
Esta podría ser una de las razones que explicarían una gran disparidad: mientras el común de los ciudadanos percibe que la delincuencia está en permanente crecimiento, desde el Gobierno el ministro de Relaciones Interiores y el director de la policía judicial aseguran que el delito ha disminuido. Incluso, el ministro Reverol se atrevió recientemente a culpar a los medios independientes por el sentimiento de inseguridad que padecen los venezolanos.
Este debate parecía zanjado desde 2010, cuando se conocieron (gracias a una filtración desde el propio Ejecutivo) los resultados de una encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad ciudadana, en la que más del 90% de los 20.000 entrevistados atribuyó la inseguridad a lo que viven cerca del lugar de residencia, y no a lo que reportan o dejan de reportar los medios.
Pero han pasado más de ocho años desde entonces, y el Gobierno -como sabemos- juega al olvido. La pregunta clave continúa sobre la mesa: ¿esta creciente inseguridad obedece a una situación objetiva?
Ahora, la respuesta viene de una afamada encuestadora internacional. En la primera semana de junio, Gallup Inc. dio a conocer los resultados de su último estudio mundial sobre Ley y Orden. Al igual que en las ediciones anteriores, el sondeo consistió en cuatro preguntas, formuladas a 148.000 personas en 142 países. Las dos primeras miden aspectos netamente subjetivos (confianza en las policías y el sentimiento de seguridad al caminar en las calles de noche). Las otras dos, la victimización, tanto la sufrida en forma directa como la que pudieron padecer los miembros del círculo familiar más próximo durante los últimos doce meses.
En el caso venezolano, 42% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo o un hurto de sus propiedades durante el último año. En la encuesta anterior, el resultado fue de 38%. Esto ubica a Venezuela en el cuarto lugar del planeta en cuanto a la victimización de los ciudadanos en delitos contra la propiedad. Los primeros tres países son Sudán del Sur (50%), Uganda (49%) y Afganistán (46%).
Entonces, un creciente número de ciudadanos del país reconoce que el hampa se ha apoderado de sus pertenencias o de las de su círculo familiar. Más de cuatro personas de cada diez. De continuar a este ritmo, en apenas dos años y medio todos los venezolanos habremos sido víctima de algún delito contra la propiedad, y algunos, incluso más de una vez.
Pero el Gobierno insiste en que la criminalidad está en baja. Lo dicen ahora, como lo dijeron en 2017. Algunos funcionarios, incluso, han mostrado porcentajes. En diciembre pasado, por ejemplo, Reverol sostuvo que la delincuencia había mermado 20,9% en promedio, y que los robos disminuyeron 18,7% con respecto a 2016. En ese mismo lapso, la encuesta Gallup refleja un 10% de incremento.
Como se puede colegir a propósito de los ejemplos citados al inicio, ocurre que Venezuela en la actualidad tiene unos cuerpos de seguridad que andan a ciegas. No conocen todos los delitos, y tampoco quieren conocerlos. Según el estudio mundial, Venezuela fue por segundo año consecutivo el país cuyos ciudadanos expresaron los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Solo el 24%. En otros términos, el 76% de los habitantes del país confía poco o nada en las policías y en los militares. Este sentimiento se traduce en hechos concretos, pues rara vez la gente va a informar que ha sido víctima de un hecho delictivo. Menos aún si es un guardia nacional quien se queda con los dólares, o si el secuestro lo cometen oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.
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El otro punto que se debe considerar como base para esta desconfianza tiene que ver con el alineamiento ideológico de los cuerpos de seguridad nacionales. Ya lo decía el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, miembro de la extinta Conarepol: una policía no puede declararse socialista, bolivariana ni revolucionaria, puesto que al hacerlo está marginando automáticamente a la porción del país que no comulga con tales caracterizaciones. Y en este caso, hablamos de la gran mayoría de los venezolanos.
Alta victimización y una desconfianza mayor aún hacia los cuerpos policiales: la mezcla que hace de Venezuela hoy día el país más inseguro.
Retomar la confianza en los cuerpos de seguridad no será una tarea fácil. Mucho menos si los jerarcas de tales instituciones se declaran “revolucionarios”, antes que fieles cumplidores de la ley.
Breves
*Un peligroso cuadro de impunidad se está configurando en torno al mentado plan Ubica tu casa, cuya existencia no ha sido desmentida por el Ejecutivo, a pesar de las solicitudes que al respecto ha formulado la Cámara Inmobiliaria. En primer lugar, hay comandos de zona de la Guardia Nacional que se han negado a afrontar este delito en el interior del país, con el argumento de que no disponen de una orden judicial. Y son muy pocos los jueces del país que actualmente tienen el coraje de ordenar el desalojo de una vivienda invadida, pues perciben que eso va contra la línea del Gobierno. En esta misma onda se inscribió recientemente el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, quien ordenó que bajo ninguna circunstancia los agentes de ese cuerpo podían participar en desalojos. El argumento es que Cicpc es una policía de investigación, cuyos recursos no pueden ser distraídos en estas actividades, que formalmente competen a cuerpos preventivos. Pero esa explicación no es convincente. La policía judicial, de hecho, destina importantes recursos a otras tareas que sí corresponden a policías estatales o municipales, e incluso a la PNB, como por ejemplo la vigilancia de mercados populares o el patrullaje en determinadas zonas de la capital, para lo cual han dispuesto a grupos de agentes de las divisiones contra Robos y de la brigada contra Bandas, por citar algunas. La invasión de propiedades es, además, un delito en el que las condiciones de flagrancia son evidentes. Por ende, cualquier cuerpo de seguridad tendría la potestad y la obligación de reprimirla y de reponer la legalidad cuanto antes. Esto, desde luego, lo saben el director de Cicpc y los comandantes de la Guardia Nacional.
*En el Gobierno aún no toman una decisión con respecto a los funcionarios policiales y militares que no votaron en las presidenciales del 20 de mayo. Parece que los niveles de abstención en tales instituciones rebasaron cualquier cálculo previo. En las policías y los componentes castrenses elaboraron informes con los grados, números de cédula y nombres de los efectivos que no ejercieron este derecho. Por ejemplo, en la dirección de custodia diplomática de la Policía Nacional se abstuvo el 50% del pie de fuerza. En la región Los Llanos identificaron a 77 uniformados que no acudieron a las urnas. Todo apuntaba a que harían una nueva lista Tascón. Los informes se inscriben dentro de lo que llamaron Sistema de Seguimiento del Derecho al Voto. Pero hasta el momento no se ha notificado qué sucederá. Una fuente consultada indicó que, debido a la magnitud de la abstención, es poco probable que haya una purga masiva en lo inmediato. Pero sí se tomaría esta información como un factor para decidir, por ejemplo, los ascensos y las promociones a los puestos de mayor importancia en las instituciones. De manera que los abstencionistas quedarían rezagados y, hasta cierto punto, serían execrados.
*Otra institución que afronta serios problemas para el mantenimiento de sus contingentes es la Fuerza Armada. En el estado Apure, por ejemplo, son los ganaderos los que pagan -generalmente en especias- la comida de los militares que custodiarán sus predios. De lo contrario, quedarán a merced de los guerrilleros y miembros de bandas criminales. Pero esto no solo ocurre en lugares apartados del país. La primera semana de junio, la gerencia de una conocida beneficiadora de pollos en el municipio Plaza del estado Miranda recibió una solicitud escrita de la Guardia Nacional en el sentido de que les donen veinte pollos “para el consumo diario del personal militar”. El oficio firmado por un mayor del componente no explica si la mercancía debería entregarse diariamente o como aporte único. Todo esto habla de un deterioro acelerado a lo interno de la FAN, lo que desde luego ocasiona que los jóvenes ya no vean la carrera militar como una vía para asegurar su futuro. El déficit en el pie de fuerza de la FAN ha obligado al Gobierno a aplicar tácticas inusuales para la captación de personal. En la última semana de mayo, por ejemplo, enviaron un mensaje de texto a todos los suscriptores de un servicio de telefonía celular para exhortar a la gente a alistarse “en la unidad militar más cercana”, si tienen hasta 30 años de edad.
