Las cosas se complican aún más. Desde hace meses al sector de las telecomunicaciones lo tienen aislado, sin avances y, lo que es peor, sin opciones.

Desde hace años, las operadoras móviles se venían moviendo en aguas turbias, pero sus operaciones nunca habían estado tan vulnerables hasta hoy. En dos meses, sólo dos meses, desde que hubo cambios en la administración del Gobierno Nacional, ha pasado un Tsunami mucho más demoledor que el de los últimos 14 años.

Y es que la paralización de los mercados alternos de divisas, caso Sitme, no sólo ha puesto en aprietos a una economía ya lo suficientemente vulnerable, sino que además ha puesto en jaque el desarrollo de la nación en temas tecnológicos y de servicios, pues una gran parte de los proveedores de las operadoras y del mercado en general de las telecomunicaciones se nutrían por allí. Hoy eso está cerrado.

Y el mayor perjuicio, además de las empresas, lo enfrentan los usuarios. A la cadena de escasez que existe en el país en alimentos, productos y servicios, considerada por algunos expertos como la que enfrenta un país en guerra, se unen muchas otras, que aún cuando no pueden compararse también son importantes.

En el caso de las telecomunicaciones, a la escasez de teléfonos móviles, módems para Internet y decodificadores para la TV por Suscripción (excepto la estatal Cantv en los últimos 12 meses), que viene sufriendo el sector desde hace tres años, se une la escasez de tarjetas Sim Card (chips para el teléfono), las que permiten que un nuevo usuario de servicios móviles pueda disponer de un número bajo tecnología GSM.

Todo esto ha llevado a que, desde hace unos meses, las promociones de las operadoras en vez de ofrecer equipos y líneas, decodificadores y módems, estén ofreciendo servicios de valor agregado y minutos, pues sencillamente no tienen más nada y cuando un cliente potencial llega con su equipo en la mano, maleteado o no, muchas veces lo tienen que rechazar.

La gente se molesta, insulta, despotrica y, en algunos casos, piden o desean la expropiación, pero no saben que, en el fondo, la culpa no es de quien no le vende el servicio, sino de quien dispone y tiene el poder de controlar al operador. Y, en el caso de Venezuela, es el Gobierno Nacional.

Las divisas, necesarias para la operación de las empresas de telecomunicaciones, están más restringidas hoy que nunca y aun cuando los proyectos de mejoras están sobre la mesa y las inversiones cantadas, la aprobación no fluye.

Para este año las estimaciones de inversiones se montan por encima de los mil millones de dólares, sólo para el sector privado, pero a la fecha muy poco se ha podido engranar y, de continuar el mercado tan paralizado, es probable que, en vez de impulsar al sector, la crisis lo termine de congestionar.

En Venezuela no hay teléfonos, ni caros ni baratos y, por esa razón los que tienen disponibilidad en los centros de venta libre (tiendas, etc) les colocan el precio que más les genere utilidad, aprovechando la escasez y la necesidad de quien los adquiere, más en un país en donde la revalorización de un teléfono es única en el mundo. El país está a merced de muchas cosas, y en las telecomunicaciones la evolución se ve complicada.