El cacique yukpa Sabino Romero fue asesinado a tiros por unos sicarios. González se había distinguido por ser un fiero defensor de las tierras de su comunidad indígena, que por aquellas soledades de Perijá suelen ser botín de terratenientes, que han ido empujando a los indios cada vez más arriba en la montaña.

Sabino estuvo en la cárcel donde lo había metido este gobierno, que se jactaba (porque ya ni eso hace ahora) de haber restituido sus derechos y sus tierras a los llamados habitantes originarios. Hace varios meses otros dos dirigentes yukpas habían corrido la misma (mala) suerte de Sabino Romero.

Entre la costa occidental del lago de Maracaibo y las montañas de Perijá, al igual que en el sur del lago, impera la ley del revólver. Son varios ya los dirigentes campesinos e indígenas que han perecido a manos de sicarios (pagados, obviamente, por quienes a punta de revólver han ido construyendo grandes propiedades).

Pero, con todo lo grave que es el asesinato como medio de resolver conflictos, más grave aún es la desaprensión y la indiferencia del gobierno ante los hechos.

Esos campesinos e indígenas no tienen dolientes en el Estado venezolano. Sus muertes no importan. Jamás, que se sepa, se ha abierto ni siquiera la ficción de una investigación policial.

Peor aún, "Provea" y "Homo et Natura", organizaciones defensoras de Derechos Humanos, son imputadas por la Fiscalía como "cómplices" de los yukpas por el horrendo delito de acompañarlos en la lucha por sus derechos. Los yukpas actúan en grupos familiares, incluso junto con sus niños.

Es su cultura. Se les acusa ­y con ellos a las citadas ONG­ de utilizar niños como escudos. ¿Escudos? ¿Escudos porque podrían ser abaleados frente al TSJ por la GN? El subconsciente a veces juega malas pasadas.