El Estado venezolano ante la justicia internacional, por Gioconda San Blas
Autor: Gioconda San Blas | @davinci1412
Intento de asfixia mecánica, vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés, aplicación de electricidad en las uñas, muñecas, senos y vagina fueron algunas de las torturas referidas por una madre y su hija, detenidas por funcionarios militares en Rubio en manifestaciones de marzo de 2014; patadas con botas militares y golpes con porras, bates, culatas de armas; encapuchar a los recién arrestados con bolsas de plástico e introducirles polvos de gases lacrimógenos mientras se les golpea en las costillas, descargas eléctricas en los genitales, ahogamientos en inodoros o colgamientos por los miembros, son algunas de las torturas sistemáticas que han sido presentadas, con nombres y apellidos de víctimas y perpetradores, por Tamara Sujú (Instituto Casla) ante la Corte Penal Internacional como casos documentados del terrorismo de estado en Venezuela desde 2014.
No ha sido un ejercicio vano el de Sujú. El jueves 8 de febrero el expediente sobre Venezuela ha pasado a la etapa de examen preliminar, que incluye una completa evaluación para determinar la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con observación adicional sobre lo que siga sucediendo en nuestro país.
Casi simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público esta semana su informe de país Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, tercer informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, un detallado documento de 268 páginas, ordenado en cuatro ejes principales: (i) institucionalidad democrática; (ii) protesta social y libertad de expresión; (iii) violencia y seguridad ciudadana; y (iv) derechos económicos sociales, culturales y ambientales.
Un compendio de violaciones a los derechos humanos en todos los órdenes, en los que no se ahorran referencias concretas a la injerencia del Ejecutivo en los otros poderes públicos, la falta de independencia del poder judicial, las violaciones a la Constitución vigente, el hostigamiento, intimidación o criminalización de la disidencia política.
El informe se extiende en la protesta social y en la militarización de la seguridad ciudadana con la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y el Plan Zamora (PZ), en el aumento sostenido de las ejecuciones extrajudiciales, registrándose en 2015, 37% más casos que el 2014; y en 2016, 70% más que el año anterior.
También hay capítulos dedicados a la grave crisis económica y social, caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico, entre otros, porque todos ellos tienen que ver con derechos humanos sistemáticamente violados.
Como es de rigor, la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de este informe, con solicitud de remitir sus observaciones dentro de un plazo improrrogable de un mes. No sorprenderá la respuesta del régimen: “el proyecto de Informe de país presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”.
Luego de varias páginas de alegatos, cierra diciendo que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Constitucional democrático y social, de Derecho y de Justicia, caracterizado por una vibrante democracia participativa y protagónica que asume el respeto y garantía de los derechos humanos como valor fundamental”.
Parecería un chiste, si no fuese tan trágico.
Tuiteando
La MUD, a través de Julio Borges y demás representantes en República Dominicana, se reivindicó al negarse a firmar el documento que presentaron los delegados del régimen, en el que pretendían cimentar las condiciones fraudulentas del proceso electoral presidencial. En represalia, el régimen anunció unilateralmente una convocatoria a elección bajo condiciones espurias. La comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá los resultados. He sido siempre partidaria del voto pero me pregunto: ¿Cómo es que ahora la oposición y sus dirigentes estamos deshojando la margarita, cuando nuestra propia postura en República Dominicana nos señala el camino: una abstención muy activa en la que todos repitamos sin cesar y en todas partes las razones para ello? ¿Alguien puede explicarme tamaña contradicción?
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