24% de los solicitantes de documentos migratorios incurren en pagos extralegales
Muchos funcionarios de instituciones del Estado venezolano cobran montos diferentes a los aranceles, muchas veces en divisas, para poder agilizar y garantizar los trámite que permiten la migración
Una investigación realizada por Provea para indagar sobre los posibles abusos de autoridad, concusión o corrupción durante la tramitación de documentos migratorios, determinó que aproximadamente 24% de los solicitantes participa en un hecho irregular para la obtención de los papeles necesarios.
las 201 encuestas realizadas determinaron que 65% de los encuestados acudió a las oficinas correspondientes, 30% contrató a un gestor y 5% ubicó a una persona que trabajara o que conocía algún funcionario para la agilización del trámite.
Al consultarse sobre el pago de montos distintos a los aranceles, 76% de las respuestas respondió a que no había realizado algún pago distinto, mientras 24% participó en hechos irregulares, tipificado como “concusión” y penalizado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción.
La tercera pregunta indagaba sobre el origen de la solicitud de pago: 48% fue a solicitud de un intermediario, mientras que 46% fue exigido por el propio funcionario y 6% por iniciativa de la persona.
La encuesta determinó que 94% de los consultados que realizó un pago extra logró obtener el documento o servicio tramitado, lo que llevó a los investigadores a concluir que «al realizar el pago extralegal existe una alta posibilidad de obtener satisfactoriamente el trámite administrativo, lo cual permite consolidar una de las formas de expresión de la corrupción administrativa, ya que e ciudadano cuenta con una alta posibilidad de éxito en el trámite si incurre en esa conducta».
Los encuestados también fueron consultados sobre si denunciaron la irregularidad del pago. Solo 49 personas de las 201 respondieron, y de ellos, 92% no denunció y 8% lo hizo. Los investigadores consideran que existe una relación entre la abstención a denunciar y el éxito en la obtención del trámite; es decir, pareciera que las denuncias se dan solo cuando el funcionario no cumple con su promesa de otorgar el documento; «a pesar de que se es consciente de la irregularidad», manifiestan los investigadores.
70% de las personas manifestaron que no denunciaron porque consideran que nada va a cambiar si se inculpa a algún funcionario, 15% no denuncia el cobro extralegal porque agradecen que les hayan solucionado, 8% tenían muy cerca la fecha de salida del país y al 7% restante no le pareció necesario. Asimismo, 14% de estos encuestados manifiesta su incredulidad en las instituciones del Estado en materia de corrupción administrativa.
Este estudio se realizó con con 201 encuestas; de los cuales, 84 eran hombres y 117 mujeres, 35% con edades comprendidas entre 26 y 35 años. 38% eran solteros, 57% no tenían hijos, 53% tenían estudios universitarios completos y 44% viajan solos.
Cobro en divisas
Según denuncias recibidas por Provea, la obtención de un pasaporte nuevo exige el pago de un monto que oscila entre 1.000 y 2.000 dólares en efectivo. De acuerdo con los denunciantes, la entrega de documentos de identidad migratorios se ha ralentizado debido a la «falta de materiales», como se les informa en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migrción y Extranjería (Saime).
Los organismos internacionales han sido informados sobre la situación irregular en la entrega de pasaporte para solicitarles protección a los derechos humanos. En el Informe Anual 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo Venezuela, se hacen recomendaciones en el apartado sobre migraciones al respecto: «Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de documentos de identidad, como pasaportes, cédulas, actas del registro civil, así como certificados de antecedentes penales”.
En mayo de 2018, la Asamblea Nacional solicitó a los países integrantes del Grupo de Lima “prorrogar los pasaportes de los venezolanos. En septiembre del mismo año, la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región”, suscrita por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay acordó “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los venezolanos para fines migratorios”.
La falta de documentos vigentes para una persona que se ha visto forzada a migrar puede ser causal de deportación. Algunos expertos opinan que frente a la crisis migratoria actual, los venezolanos fuera de sus fronteras deberían calificar como candidatos a refugio, debido a que en las garantías de esta figura no existe la devolución a los países de origen, independientemente de si poseen o no documentos vigentes.
