4.761 mujeres y niñas venezolanas fueron rescatadas de redes de trata entre 2019 y 2023

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB y diversas ONG solicitaron a las autoridades que se discuta y apruebe una ley especializada contra la trata de personas en el país. De acuerdo a cifras presentadas por Cepaz, siete de cada 10 víctimas de trata en el Caribe eran venezolanas hasta el año 2021
Al menos 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas entre los años 2019 y 2023 en distintos países, según datos presentados por la ONG Mulier durante un seminario organizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Estefanía Mendoza, abogada especialista en violencia de género e integrante de la ONG Mulier, detalló que solo en 2023 unas 1.395 venezolanas, 80 de ellas niñas y adolescentes, fueron rescatadas de redes de trata de personas.
«Venezuela, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, es un escenario ideal para el fenómeno de la trata», advirtió Mendoza.
Durante el seminario, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, diversas especialistas solicitaron a las autoridades que se discuta y apruebe una ley especializada contra la trata de personas. Esto con el objetivo de consolidar las disposiciones existentes y unificar la aplicación en el sistema judicial, señaló la abogada y profesora universitaria Desireé Vitale.
«La creación de una regulación única permitiría consolidar las disposiciones existentes sobre la trata de personas, simplificando su interpretación y aplicación en el sistema judicial. Esto es crucial para asegurar que todos los casos sean tratados de manera consistente y justa», justificó Vitale.
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María Gabriela Cuevas, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, afirmó que «no hay casos de aplicación de la norma que permitan decir que se están haciendo bien las cosas».
«Son delitos que involucran a distintos tipos de personas. No se está identificando como delincuentes a las personas responsables. Preocupa la penalización de víctimas devenidas en victimarios. No hay investigaciones ni protocolos», agregó.
Migración alimenta la trata de personas
De acuerdo con cifras presentadas por Cepaz, con base en seguimiento propio y de organizaciones internacionales, siete de cada 10 víctimas de trata en el Caribe eran venezolanas hasta el año 2021.
«Las víctimas venezolanas son blancos sistemáticos en contextos de frontera, precariedad o migración irregular», precisó la coordinadora de Cepaz, Beatriz Borges.
Borges señaló que «las migraciones están marcadas por múltiples formas de violencia. ¿Cómo están respondiendo los Estados? No se trata solo de sancionar los delitos, sino de trabajar en el apoyo y acompañamiento de las víctimas. Los Estados tienen obligaciones claras en un marco jurídico global».
Entretanto, la abogada Selene Soto destacó que el contexto migratorio exacerba las violencias y vulnerabilidades vinculadas con la trata de personas. «Políticas migratorias neutrales, que no tienen enfoque de género y que constituyen barreras para la regularización, por ejemplo, se convierten en causa de vulnerabilidad. Por eso la importancia del acceso a la información en el contexto migratorio, como parte del derecho general a la libertad de expresión y como deber de los Estados en cuanto a la transparencia activa».
Trata de personas y esclavitud moderna
La coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Guayana, Eumelis Moya, alertó sobre la naturalización de «distorsiones» que normalizan las formas de esclavitud moderna, en un contexto de crisis multidimensional como la venezolana.
«La disolución de normas ha comenzado a gestar un sistema de vida particular sobre el que hay que trabajar», precisó Moya.
De acuerdo con el CDH UCAB, las rutas de la esclavitud moderna en Venezuela incluyen vías interestatales en Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, entidades en las que factores como la minería y el turismo facilitan el desarrollo y crecimiento de redes de explotación laboral y sexual, así como la atracción de niños, niñas y adolescentes, mujeres y cabezas de familia vulnerables.
«La anomia, la falta de regulación y control social permite que prácticas abusivas se perpetúen sin consecuencias. Hay impunidad generalizada, corrupción, y hace falta una legislación sobre la trata de personas. Llegó la hora de proponer normas y avanzar hacia nuevos paradigmas», acotó Moya.
En su reporte de 2024, el CDH UCAB detalló que las rutas internacionales del tráfico de personas incluyen entidades como Bolívar, con tránsito hacia Brasil y Guyana; Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, con salida hacia Colombia y conexiones posteriores; así como Delta Amacuro, Sucre y Falcón hacia Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
Estigmas y desinformación
La coordinadora de documentación de la ONG Caleidoscopio Humano, Nataly Carvajal, subrayó que las narrativas normalizadoras aumentan los riesgos vinculados con la trata de personas.
La politóloga detalló que la resignación y la banalización, junto con la justificación por la crisis económica y social, así como la estigmatización y la desinformación, en medio de la desconfianza en las instituciones, generan un círculo vicioso que conlleva impunidad y revictimización.
«En un entorno donde la violencia y la criminalidad son frecuentes, los delitos de trata y explotación se perciben como parte de la norma», acotó Carvajal.
Para la integrante de Caleidoscopio Humano, la falta de conciencia y educación en materia de derechos humanos, en un contexto de migración irregular masiva, aumenta los riesgos y desafíos vinculados con la trata de personas.
«Debemos educar en materia de derechos humanos. Las víctimas y la sociedad no reconocen los delitos como violaciones graves y, por ejemplo, vemos cómo aumentan las vulneraciones. Es importante cambiar las narrativas de normalización de la violencia para poder llegar a más comunidades, educar y evitar más víctimas de este flagelo», agregó Carvajal.
Con información de El Ucabista
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.