5 en 1 | Día de la Tierra : Las deudas medioambientales de Venezuela
Venezuela está raspada en materia de medioambiente. La falta de regulaciones, políticas y programas estatales para la preservación y regeneración de ecosistemas dañados deriva en que su huella ecológica sea aun mayor. En TalCual, en el marco de la conmemoración ONU del Día de la Tierra, te presentamos las deudas medioambientales que acumula el gobierno de Maduro
Un planeta habitable para los humanos solo hay uno, aunque se actúa como si la NASA ya hubiese hallado otro con factibilidad para que el hombre viva en él. Hay problemas que parecen ser irresolubles y la Tierra demanda acciones: por sus bosques enteros deforestados, por las temperaturas extremas sin precedentes, por los mares repletos de plástico; por los fenómenos climáticos que han afectado a millones de personas de todo el mundo, a las mismas que -en parte- han provocado los cambios dentro de la naturaleza.
Este 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, proclamado así por Naciones Unidas hace poco más de una década. La fecha sirve como recordatorio de la importancia de la adopción de medidas urgentes que mitiguen los efectos colaterales de la crisis ambiental y aborden las causas base que están acelerando la destrucción del planeta.
Nicolás Maduro intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) a finales del año pasado. Allí se jactó de que Venezuela es responsable de menos del 0,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta. Pero omitió que ello se debió a la baja de actividad por la pandemia y no a una política ambiental del Estado. Ni mencionó que, por ejemplo, estamos entre los 10 países de América Latina con mayores emisiones de CO2 per cápita con nueve toneladas por persona. Un informe sobre transición verde y justa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo afirma.
En TalCual te presentamos las cinco cosas que Venezuela debe en materia medioambiental.
Menos bosque, menos protección
Lo árboles son cruciales para los ecosistemas naturales porque almacenan el 50% del carbono terrestre del mundo, amortiguando el efecto de los eventos climáticos extremos. En la nación, sin embargo, hubo una pérdida de 790.500 hectáreas de bosques entre el 2000 y el 2020 solo en la región amazónica. La ONG SOS Orinoco situó a las actividades agropecuarias sin planificación y a la minería como las principales causas.
Por año, se dañaron casi 50.000 hectáreas y las estimaciones son que para el 2030 ya se habrán deforestado 1.5 millones de hectáreas, reseña un boletín de esa organización publicado en marzo.
Y sí, Venezuela es el quinto país del mundo y el segundo de la región con mayor biodiversidad, es decir rico en especies de árboles. Pero 614 de las especies arbóreas venezolanas, el 13% de un total de 4.812, están en amenaza de extinción. La Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación (BGCI por sus siglas en inglés) lo reflejó en su investigación «Estado de los Árboles del Mundo».
Allí se instó a tomar acciones para proteger a esos tipos de árboles amenazados.
Pero «la ausencia de regulaciones y gestión ambiental han dejado muy desprotegidos a las zonas boscosas y la masa arbórea en general. Las actividades de desmonte y apropiación de madera se hacen a discreción de autoridades locales, con miras al aprovechamiento de particulares y objetivos fundamentalmente económicos. Los delitos ambientales gozan de una extraordinaria impunidad», señala el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).
Venezuela no recicla
La cultura de reciclaje, reutilización y manejo de deshechos es débil. El mismo OEP considera que en la región, la sociedad venezolana es de las que «peor maneja la basura». Su consideración la respaldan números de Transparencia Venezuela: «Hoy en día los porcentajes de reciclaje a nivel regional rondan
entre 12%-15% y, en Venezuela, solo llegamos a 2%». Países como México, por ejemplo, se acercan a 20%.
En la nación, en el 89% de los municipios no cuenta con empresas de reciclaje. Para 2015, los sitios de disposición final, cerca de 311, «operaban con escaso control y algunos estaban en manos de grupos irregulares». La organización no ha hecho una actualización al respecto, pero las quejas y denuncias por esos casos persisten.
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Las ONG han pedido que se desarrollen políticas en esta área, con gobiernos locales como principales impulsores y con asociados como empresas generadores y los recicladores.
«El reciclaje debe pasar a ser una fuente de trabajo sustentable, segura y confiable para los clientes finales, y esto requiere tecnología, inversiones, programas educativos y organización, todo previsto en la Ley Integral del Manejo de la Basura (…) la Ley obliga a la existencia de rellenos sanitarios como sitios de disposición final y este mandato, que está en manos del Gobierno Nacional, no ha podido materializarse, persistiendo botaderos y vertederos a cielo abierto, lo cual tiene graves impactos de salud en las comunidades», señala el informe de Transparencia «Basura: algo huele mal».
Transporte sustentable no hay
Los sistemas de transporte son clave para contribuir a la respuesta climática y fomentar el desarrollo sostenible, sobre todo en un momento en que «las carreteras del mundo están saturadas de vehículos, la mayoría de los cuales usan diésel o gasolina». Insertar las bicicletas y autobuses eléctricos dentro de las redes públicas nacionales sería una solución.
Ese fue un punto discutido en 2021 en la segunda Conferencia Global de Transporte Sostenible de la ONU. Allí se subrayó que esa acción fortalecería la conectividad en todos los niveles y reduciría los impactos ambientales que ocasiona el sector, el cual produce una cuarta parte de las emisiones de carbono registradas a escala global.
En el país, sin embargo, el encaminamiento hacia movilidad ecológica está paralizada. De hecho, retrocede.
Hacia 2013 de planteó en Caracas, a través de la alcaldía, el Sistema Público de Bicicletas (SPB) con la construcción de la primera ciclovía. Era un plan prometedor que conectaría los municipios Libertador y Baruta, pero lo arrolló la corrupción. Así el germen de tener alternativas de transporte sostenible se pasmó
*Lea también: Al programa ciclístico para Caracas lo arrolló la corrupción
En 2021, había en el país 45 trolebuses (E-Bus Radar) que funcionaban con electricidad y 300.000 que dependían de la gasolina (Transportes Unidos de Venezuela) ; aproximadamente uno por cada 6.667. Esa cantidad representa el 1.8% del total de 2.482 autobuses eléctricos que contabiliza la página hay en la región, donde existen 90 unidades eléctricas por cada 406 que trabajan con combustible fósil.
Transición energética no vio luz en Venezuela
ONU-Energía, en aras de garantizar el acceso a la energía limpia para todos en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050. El organismo pretende lograrlo a través de la eliminación de planes de producción de energía de carbón y con la duplicación de la inversión anual en energías renovables.
Nuestro país dista de esa realidad.
Por años, Venezuela ha dependido de grandes centrales hidroeléctricas, petróleo y gas para satisfacer sus necesidades energéticas. En Latinoamérica y el mundo fue una potencia petrolera, pero esa época dorada llegó a su fin. La la crisis del sector petrolero y la propia huella climática causada por los combustibles fósiles llevaron al país a considerar un cambio en sus hábitos de consumo e introducir el uso de las energías renovables dentro de sus planes.
El parque eléctrico venezolano genera 24.000 megavatios (MW), de acuerdo con la Corporación Eléctrica Nacional. Las energías solares y eólicas podrían cubrir el 30% de esa carga eléctrica pudiera. Sin embargo, la falta de inversión en transferencia tecnológica y la ausencia de políticas en esa materia lo han impedido. Lo ha resaltado en varias oportunidades Luis Ángel Ramírez, doctor en Ciencias y Energías Verdes y profesor de Energías Renovables de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Panel solar en el Techo Verde de la Universidad Católica Andrés Bello
El agua que se desaprovecha
El Observatorio de Gasto Público del Cedice Libertad estima que la recuperación del sector agua, en una lapso de tres a cinco años, requiere una inversión de 1.400 millones de dólares. Todo eso para arreglar, entre otras cosas, las averías en sistemas de distribución y rotura de tuberías y potenciar las plantas distribuidoras de agua, que ya estaban trabajando al 45% de su capacidad para el 2021.
«A tres años de la creación del Ministerio de Atención de las Aguas, en Venezuela crecen las denuncias de contaminación de lagos, ríos y playas por causa de aguas servidas. Al menos nueve estados del país tienen Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que están paralizadas o con fallas en su funcionamiento», corroboró el año pasado Transparencia Venezuela en un informe sobre el agua residual como una de las tantas deudas ambientales de Venezuela.
De ese monto, 30% debería usarse en saneamiento, 50% en tratamiento y cobertura y 20% en monitoreo preventivo, sugirió la organización.
Y sí, existe un Plan Nacional del Sistema Hídrico 2019-2025 que contempla el diseño de proyectos de plantas macro de tratamiento de agua servidas para todos los estados del país, pero no contempla posibles labores de mantenimiento o rehabilitación de las —al menos— 50 plantas que existen en el territorio con problemas operativos.
«La falta de políticas públicas e información sobre el manejo de estas aguas en todo el país, oculta un daño ambiental severo que puede explotar en cualquier momento y del cual pocos se preocupan. Transparencia Venezuela alerta sobre este grave problema y une su voz a la de expertos académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, para exigir acceso a la información pública y atención profesional urgente», puntualizó el documento.
