«En Venezuela todos los poderes están en manos del presidente de la República»
Autor: Txomin Las Heras/Bogotá
Seis de los 33 magistrados juramentados por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 21 de julio se encuentran en Colombia tramitando su estatus de refugiados. TalCual conversó con Rafael Antonio Ortega Matos, de la sala de casación social y con José Luis Rodríguez Piña, de sala político-administrativa, quienes sostienen que no hay dos Tribunales Supremos de Justicia (TSJ) y que el único legítimo fue el designado esa fecha pues se cumplieron todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del TSJ, a diferencia del tribunal nombrado por el anterior parlamento. Afirman que si mañana volvieran a hacer un llamado para postularse al TSJ, se presentarían de nuevo. Argumentan que si la decisión que han tomado de ejercer la más alta magistratura conlleva a que en Venezuela vuelva la libertad y la institucionalidad del poder judicial para que el pueblo recobre la alegría y la tranquilidad de vivir libres, el tiempo que estén en Bogotá no tendrá un costo tan elevado.
–¿Qué estaban haciendo ustedes en Venezuela antes de ser designados magistrados por la Asamblea Nacional?
–Rafael Antonio Ortega Matos: – Ejercía libremente la profesión de abogado como especialista en derecho laboral y llevaba casos de trabajadores y empresas. Además era profesor de pre y post-grado de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto que fue la institución que me postuló para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
–José Luis Rodríguez Piña: – Ejercía el cargo de jefe del área jurídico-tributaria del sector de tributos internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT-Mérida) y daba clases de post-grado en la Universidad de Los Andes, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas como en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
–¿Qué los motivó a presentarse como candidatos para integrar el TSJ?
–R.A.O.M.: – La situación que está pasando Venezuela en materia jurídica fue lo que principalmente me motivó a aceptar la postulación por parte de la universidad y a presentar las credenciales ante la comisión delegada de postulaciones de la Asamblea Nacional. Y además, como profesor de derecho, poder trabajar en la sala que me correspondía que era la social, para dejarle a la generación de relevo un poder judicial limpio, acorde con las necesidades que el país va a tener en un futuro.
–J.L.R.P.: – Alcanzar la posición de magistrado del TSJ es el más alto honor que uno puede tener como abogado y, como profesor universitario, quería dejar un legado a los alumnos que he contribuido a formar tras 25 años de docencia, con miras lograr los cambios tan necesarios que requiere el poder judicial.
–¿Cómo vivieron todo el proceso de postulación y elección para el TSJ?
–R.A.O.M.: – La Asamblea Nacional nombró la comisión de postulaciones, conformada por diputados y por la sociedad civil. Apreciamos que se hizo acorde con todos los requisitos establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica del TSJ. A partir de allí presentamos las credenciales y se inició el procedimiento que terminó con la designación de 33 magistrados, 13 principales y 20 suplentes, proceso por lo demás que se diferenció radicalmente del llevado a cabo por la vieja Asamblea Nacional en diciembre de 2015, inmediatamente después de que la nueva Asamblea Nacional fuese electa con una mayoría absoluta de los factores de oposición, donde no se siguió lo establecido legalmente y se adelantó la jubilación de los magistrados que venían ejerciendo sus cargos. Desde el momento en que se anunciaron nuestras designaciones, el diputado Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el mazo dando, expresó que se llevaría a cabo la operación tum-tum, que no era otra cosa sino ir a nuestras casas a tocar las puertas y llevarnos arrestados. El mismo día de nuestra juramentación, el 21 de julio, la Sala Constitucional del TSJ estableció en una sentencia que estábamos usurpando funciones y nos tipificó un delito que implicaba de 3 a 6 meses de prisión. Ese mismo día, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en un programa de televisión en vivo, dijo que a todos los magistrados los iban a llevar presos, acusándonos de traición a la patria y que seríamos juzgados por los tribunales militares.
–J.L.R.P: – Una vez concluida la sesión de juramentación que se llevó a cabo en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas, donde tomamos el juramento de ley ante la Constitución de que cumpliríamos con las normas constitucionales y las leyes de Venezuela, comenzamos a compartir con los asistentes al acto y familiares pero fuimos abruptamente informados que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se estaban trasladando a donde nos encontrábamos para capturar a los 33 magistrados. Cada uno de nosotros salió inmediatamente, por su lado, a buscar resguardo personal en la clandestinidad.
–R.A.O.M: – El día de la juramentación fue muy emocionante pues la gente que estaba en las adyacencias nos gritaba valientes, valientes, valientes. Yo iba en la primera fila junto con la comisión de diputados y cuando volteo a la derecha veo a mi hijo mayor de 17 años tomando fotos y me dieron más ganas de participar en lo que estaba haciendo. Tenía sentimientos encontrados, triste por un lado porque ya teníamos noticias de lo que había dicho el TSJ pero contento porque la gente nos aupaba. El acto fue bonito y muy diferente a la formalidad que conocemos cuando tiene lugar en la sede del parlamento. Todo se desarrolló tranquilamente y en paz hasta que supimos que teníamos que retirarnos porque el SEBIN estaba buscándonos.
J.L.R.P: – Efectivamente teníamos muchos sentimientos encontrados. Cuando vimos por televisión la información de que la Sala Constitucional del TSJ estaba emitiendo una sentencia en contra nuestra, nos mirábamos las caras y nos decíamos que nos iban a poner presos, pero también dijimos que habíamos decidido ser magistrados y que teníamos que seguir luchando por Venezuela. Recuerdo muy claro como en la avenida principal de Las Mercedes la gente nos daba vivas y nos respaldaba para cambiar a Venezuela. Para mis adentros decía que teníamos que seguir adelante luchando por el país pues en algún momento íbamos a asumir los cargos para los que fuimos juramentados.
– ¿Ustedes estaban conscientes de que el gobierno iba a hacer lo posible para impedir que ustedes asumieran y ejercieran esos cargos?
R.A.O.M: – Sí, estaba dentro de las probabilidades. Sabemos que cuando vemos a Diosdado Cabello decir algo por televisión eso se materializa al día siguiente. Pero no supuse que fuese a ser una posición tan férrea ni que fuésemos a ser tan bruscamente perseguidos. Al día siguiente agarraron al doctor Ángel Zerpa y lo metieron en un baño en el SEBIN como a un delincuente común. Pero yo le digo sinceramente, si mañana se volviera a hacer un llamado para postularse al TSJ, lo haría nuevamente. Estamos seguros que una vez que termine el gobierno del presidente Nicolás Maduro iremos al TSJ a ejercer nuestros cargos como lo juramos ante la Constitución y el pueblo. No nos fuimos de Venezuela por cobardes sino porque presos no hacíamos nada. Estamos trabajando mucho, reuniéndonos con muchísima gente a nivel internacional para que el mundo sepa qué está pasando en materia jurídica en Venezuela.
– No llegaron ustedes a ejercer alguna actuación como magistrados tras juramentarse en sus cargos.
J.L.R.P. – Ciertamente. La Constitución y la Ley Orgánica del TSJ establecen expresamente que una vez juramentados los magistrados deberán tomar posesión del cargo dentro de los 20 días siguientes y eso fue obstruido y no pudimos hacerlo de manera forzada pues el SEBIN, el mismo día de la juramentación, ya estaba buscándonos. Al día siguiente, el magistrado Ángel Zerpa fue interceptado y detenido por ese órgano policial en sus instalaciones durante 32 días, donde se declaró en huelga de hambre. Ya fuera del país, nosotros hemos tenido reuniones de trabajo con la Corte Suprema de Justicia y con la Corte Constitucional, hemos establecido contacto con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dar a conocer que en Venezuela se han estado violando los derechos humanos y al principio de independencia de los poderes constantemente.
– ¿Una vez designados por la AN cuál iba a ser la hoja de ruta que iban a seguir?
J.L.R.P.: – Al día siguiente de la juramentación, el 22 de julio, los magistrados sostuvimos una reunión para definir un plan de acción y la hoja de ruta contemplaba, primero, el protocolo de seguridad para los magistrados y, segundo, el acuerdo para que el primer día hábil siguiente, el 25 de julio, nos trasladáramos los 33 magistrados a la Asamblea Nacional para ir a continuación a la sede del TSJ conjuntamente con los diputados con el fin de posesionarnos de los cargos. Una vez que ello sucediera, pensábamos mantener reuniones con la Asamblea Nacional, la Conferencia Episcopal, con las distintas academias del país y con la federación y los colegios de abogados de Venezuela para conversar acerca de la recuperación de la institucionalidad del TSJ. Finalmente, íbamos a convocar a una rueda de prensa para informar al país. Todo eso se vio truncado por las decisiones de la Sala Constitucional y del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro.
– ¿Se les pasó por la cabeza que al poco de asumir sus cargos terminarían algunos presos y otros exiliados?
R.A.O.M.: – El día de la juramentación no se me pasó por la cabeza eso. Pero al día siguiente, cuando nos reunimos y el doctor Zerpa nos informó que la policía lo estaba siguiendo, vimos que eso podría suceder. Efectivamente, después de esa reunión se materializó su detención y yo procedí a refugiarme en un lugar seguro.
J.L.R.P.: – Yo tampoco pensé que a partir de mi postulación para el cargo de magistrado el gobierno nacional pudiera tomar acciones tan expeditas e inmediatas sin ni siquiera tener la oportunidad de que se ejerciera el derecho a la defensa y se respetara el debido proceso, pues esas son las enseñanzas que uno como abogado y profesor siempre le deja a sus discípulos: cuando hay un procedimiento porque se considera que se ha cometido una infracción o un delito, tiene que haber una investigación, un procedimiento, ser notificado debidamente y, por supuesto, cuando se va a un órgano jurisdiccional, tener todos los medios de defensa y la posibilidad de designar un abogado. Nada de eso sucedió.
– ¿Cómo abandonaron el país?
R.A.O.M.: – Yo tengo mi residencia en Barquisimeto pero estaba en Caracas. Tras la detención de Zerpa me refugié en un lugar seguro, como ya relaté, y me comuniqué con mi esposa e hijos para que estuvieran listos para reunirnos y salir del país. Llamé por teléfono a varias embajadas e incluso visité algunas de ellas. A los cuatro días, me trasladé junto a mi familia a Barquisimeto para buscar ropa y algunos otros bienes personales en un viaje muy tenso en autobús donde pasamos por varias alcabalas. Llegando a San Antonio del Táchira tuvimos que bajarnos del autobús y pasar a otro transporte un kilómetro y medio más adelante porque el río se había llevado la carretera. En ese trayecto estuvimos parados en dos oportunidades pues manifestantes que protestaban por la falta de gas doméstico tenían bloqueada la carretera, lo que nos obligó a tomar caminos alternos. En la frontera, presenté los pasaportes y las autoridades de migración colombianas me dieron la bienvenida.
J.L.R.P.: – A partir de la juramentación y de la última reunión que mantuvimos los magistrados en Caracas, estuve catorce días aislado en un apartamento en medio de las protestas que se desarrollaban esos días. Hablé con mi esposa que estaba en Mérida para que me fuera a buscar en nuestro vehículo a Caracas con el fin de salir del país por la frontera. Fuimos hasta Mérida, nerviosos porque no sabíamos si podríamos llegar pues no pudimos reponer gasolina ni en Barinas ni en Barinitas y pasamos también por varias alcabalas de la Guardia Nacional y de la policía, quienes revisaron nuestros documentos, maletas y vehículo. Estuve siete días más aislado en una casa de montaña mientras mi esposa arreglaba asuntos nuestros en la ciudad de Mérida. Allí le informaron que el SEBIN había estado en las oficinas del SENIAT buscándome y de madrugada salimos por el terminal de pasajeros de esa ciudad hasta el paso fronterizo de Puerto Santander. Nos trasladamos a Cúcuta y luego a Bogotá.
– ¿Han sido notificados oficialmente por parte de las autoridades judiciales venezolanos con cargos en su contra?
R.A.O.M.: – No. Lo único ha sido la operación tum-tum de Diosdado Cabello, la sentencia del TSJ el mismo día 21 de julio y las declaraciones del presidente Nicolás Maduro al día siguiente y en oportunidades posteriores donde ha dicho que no se han olvidado de nosotros.
J.L.R.P.: – Además de las declaraciones del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, donde dice que no se nos debería juzgar por el delito de usurpación de funciones sino a través de tribunales militares por traición a la patria, no hemos recibido notificación alguna de las autoridades judiciales, aunque nuestras cuentas bancarias están congeladas y no podemos disponer de nuestros vienen muebles e inmuebles.
– ¿Cómo ha sido su llegada a Colombia?
R.A.O.M.: – Las autoridades de migración colombianas nos trataron excelentemente, con amabilidad y respeto. Lo mismo en Cúcuta, donde nos reunimos con el obispo de esa ciudad quien está haciendo una labor inmensa ayudando a los inmigrantes venezolanos. En Bogotá nos hemos entrevistado con autoridades políticas, judiciales y universitarias y hemos sido atendidos por dos asociaciones civiles que nos han ayudado con el alojamiento, con quienes estamos muy agradecidos por el cariño que nos han dado.
J.L.R.P.: – El trato de los ciudadanos colombianos ha sido muy gentil. El propietario de una humilde posada donde nos quedamos en Cúcuta, cuando se enteró que yo era magistrado, nos atendió de manera muy especial a mi esposa y a mí. Lo mismo que las autoridades de la Universidad Libre, en esa ciudad, que me pidieron que participara en un conversatorio con estudiantes y profesores. Las fundaciones en Bogotá organizaron nuestro recibimiento en el aeropuerto, nos alojaron en un hotel y han facilitado posteriormente alojamientos provisionales. No tenemos palabras cómo agradecerles. Nos hemos reunido con miembros de la Corte Constitucional, con autoridades migratorias colombianas para tramitar las solicitudes de refugio y hemos podido dar charlas en varias universidades para explicar la situación política y jurídica que está viviendo Venezuela.
– ¿Sienten, estando exiliados o refugiados en el exterior, que el costo personal por aspirar a un cargo en el TSJ ha sido muy alto?
R.A.O.M.: – Estar fuera del país ha sido duro, muy duro. En lo personal tengo dos hijos menores de edad y a mi esposa. Sus estudios, actividades y relaciones con amigos y familiares se han visto interrumpidos. Estamos haciendo contactos en colegios y universidades para rehacer sus vidas en medio de la situación económica en la que nos encontramos.
J.L.R.P.: – Si nuestras acciones y las decisiones que hemos tomado de ejercer la magistratura conllevan a que en Venezuela vuelva la libertad y la institucionalidad del poder judicial para que el pueblo recobre la alegría y la tranquilidad de vivir libres, el tiempo que esté en Bogotá no tendrá un costo tan elevado.
– ¿Se mantienen en contacto con los otros magistrados designados por el TSJ?
R.A.O.M.: – Nos mantenemos en contacto vía telefónica y por Skype con los once magistrados que están en Estados Unidos y otro que está en Chile con su familia. Sabemos por otras vías de los magistrados que están asilados en las embajadas de Chile, Panamá y México y todos los demás, Ese contacto nos ha permitido desarrollar ideas que se materializarán en los próximos días para seguir trabajando en conjunto, como magistrados que somos, por el bien jurídico de nuestro país.
– ¿Qué relación mantienen con la Asamblea Nacional que los designó?
R.A.O.M.: – Con algunos diputados tenemos contactos muy puntuales. Pero sabemos que están muy preocupados por nuestra situación. Ellos están ocupados en su quehacer político que gira hoy en torno a las elecciones regionales y nosotros trabajando por el quehacer jurídico. Cada quien en sus funciones.
J.L.R.P.: – Estamos muy conscientes de que el poder legislativo después de nuestro acto de juramentación volvió al ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que luego se presentaron con la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y las limitaciones parlamentarias que ésta ha impuesto.
-¿El nuevo TSJ murió al nacer, a la luz de la situación personal que están viviendo? ¿Qué toca llevar a cabo de aquí en adelante?
R.A.O.M.: – Nosotros reiteramos al pueblo de Venezuela que somos el TSJ legítimo porque cumplimos con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del TSJ, cumplimos todo el procedimiento y nuestras credenciales están a la luz de todos quienes quieran verlas. Mantenemos que somos los magistrados legítimamente juramentados, aunque en este momento nos encontremos fuera de nuestras fronteras y se nos haya impedido tomar posesión de los cargos en la sede del TSJ.
J.L.R.P.: – Hay que aclarar que la nueva Asamblea Nacional fue elegida en diciembre de 2015 por más de 14 millones de venezolanos y legitimada como la voz del pueblo dentro de un proceso legal y constitucional que tomó todas las medidas necesarias y cumplió con todos los procedimientos para nuestra designación. La selección, designación y juramentación de magistrados que hizo la anterior Asamblea Nacional estuvo viciada de nulidad, pues no cumplieron los lapsos establecidos por la Ley del TSJ y la Propia Constitución Nacional. Ratificamos, por lo tanto, que somos los magistrados legítimamente designados. Y una vez que podamos regresar a Venezuela tomaremos posesión de nuestros cargos.
– En muy pocas palabras, ¿cuál es el estado de la justicia hoy en Venezuela?
R.A.O.M.: – En Venezuela todos los poderes están en manos de una sola persona, incluido el poder judicial. No hay justicia, no se están llevando a cabo los procedimientos autónomamente sino a través de un solo hombre, de un solo poder que decide la suerte jurídica de los venezolanos y del país. En pocas palabras, en Venezuela hay una dictadura.
J.L.R.P.: – Puedo asegurar que hoy Venezuela vive como en los tiempos del feudalismo donde todos los poderes se concentran en la persona del presidente de la República. En nuestro país murió el estado de derecho.
– ¿El poder legislativo que los designó a ustedes también está supeditado al Ejecutivo?
R.A.O.M.: – Ciertamente el poder legislativo está ejerciendo las funciones constitucionales pero todas las leyes que se han discutido desde el momento en que la nueva Asamblea Nacional fue elegida en diciembre de 2015 no han sido objeto del ejecútese por parte del Ejecutivo ni publicadas en la Gaceta Oficial. Por eso digo que no existe sino un solo poder. Aunado a esto, crearon una Asamblea Nacional Constituyente que no cumplió tampoco con los requisitos previstos en la Constitución Nacional y que no reconocemos.
J.L.R.P.: – Los magistrados que están en Caracas pusieron sus cargos a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que se entiende que han renunciado a sus cargos. Esa ANC írrita, espuria y fraudulenta no tiene competencia alguna para ratificarlos en sus cargos del TSJ. Se trata de una competencia única y exclusiva de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de personas. No hay dos TSJ, existe uno solo y es el que integramos los magistrados juramentados el 21 de julio de 2017.
– La fiscal Luisa Ortega Díaz, una persona clave por muchos años en el sistema judicial chavista, está hoy, al igual que ustedes, exiliada.
R.A.O.M.: – En lo personal no he tenido contacto directo ni conversado con ella, aunque no descarto que lo hagamos pues el reconocimiento de las partes es válido. Me parece que está haciendo lo correcto, denunciando lo que tiene que denunciar y espero que esas denuncias lleguen a un fin jurídico mas no político.
J.L.R.P.: – Ratificamos que no hemos tenido contacto con ella ni con su cuerpo directivo en la Fiscalía General de la República. Ella está cumpliendo con las funciones y competencias establecidas en la ley. No podemos interceder ni entrometernos dentro de esas funciones ni en las actuaciones que ella pueda estar realizando. Tendremos que ser muy parcos en las opiniones que podamos emitir en una eventual reunión con ella, por cuanto nos tocará en sala plena juzgar precisamente los casos que la doctora Luisa Ortega Díaz está adelantando ante los distintos gobiernos de la región.
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