800 días secuestrado: familiares del primer teniente Franklin Caldera esperan su libertad
Las violaciones y torturas a las que ha sido sometido el primer teniente (Ej) Franklin Caldera Martínez fueron expuestas en informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Sus familiares sostienen que fue secuestrado en suelo colombiano e involucrado en otras conspiraciones militares para sumarle mayor tiempo en prisión, una orden directa del juez José Mascimino Márquez, preso actualmente por corrupción
800 días secuestrado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Así definen los familiares del primer teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez el tiempo que ha estado preso, tras involucrarse junto a otros compañeros en una operación militar con el objetivo de defender territorios indígenas al sur del estado Bolívar.
El 13 de enero de 2019, Caldera desertó del Ejército venezolano y se fue a Colombia. Tras su aparición, junto a otros militares en un manifiesto público en contra del mandatario Nicolás Maduro, se inició una persecución en su contra que también alcanzó a su familia.
A finales de ese año, el militar apareció –junto a Josué Abraham Hidalgo y Ruso Cárdenas– en el manifiesto de la «Operación Aurora», una rebelión militar integrada por un puñado de oficiales que tenía como objetivo proteger a los indígenas del sur de Venezuela.
A principios de 2020, el militar viajó a Norte de Santander para encontrarse con su hijo, pero efectivos de la Dgcim en suelo colombiano —con apoyo de agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explicó su padre, Franklin Caldera— lo trasladaron a una zona cercana a Caracas, donde le sometieron a diversas torturas físicas y psicológicas durante 11 días.
El primer teniente, ha explicado su padre, logró escapar el 23 de febrero de 2020, pero al día siguiente fue recapturado en un operativo realizado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, entre Caracas y Guarenas. En dicho operativo, recibió un disparo a quemarropa en una de sus rodillas y una herida punzo penetrante en la otra, lo que le imposibilitó caminar.
A Franklin Caldera Martínez se le acusó de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, fuga (aunque hasta ese momento no se había reconocido su captura), conspiración y sustracción de armas. También se le involucró a la operación Gedeón.
«Hay un juez que desde el principio lo amenazó de que se iba a pudrir en la cárcel. Al juez (José) Mascimino Márquez yo lo denuncié ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Venezuela por la situación arbitraria en la que él trató a mi hijo», señaló Caldera padre.
Actualmente, el juez Márquez está preso desde el pasado 13 de marzo por presuntos sobornos recibidos durante su paso en el Tribunal Cuarto de Control en Terrorismo. La abogada Theresly Malavé afirmó que, según los datos de al menos cuatro ONG, este funcionario llevaba el 40% de los casos que involucran a presos políticos en todo el país, entre ellos el de 56 militares como es el caso de Caldera.
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La situación del militar ha estado, gracias a la diligencia de sus padres, en distintas instancias de derechos humanos a nivel mundial. Tras la gestión de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el 4 de junio de 2021 se logró su traslado desde una celda de la Dgcim hasta el Centro Nacional de Procesados Militares (Cepromil) de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
La Misión de Determinación de Hechos, al referirse a las actuaciones ilegales de cuerpos de seguridad durante la detención, lo que incluye desapariciones forzadas de corta duración, expuso en su informe 2021 su situación.
«El caso de Franklin Caldera, quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021 había sido secuestrado en Colombia, supuestamente por miembros de la Dgcim, y posteriormente había sido interrogado y torturado durante unos 12 días, tiempo durante el cual no se proporcionó oficialmente información su paradero».
Un año después, en el informe sobre la responsabilidad de cuerpos de seguridad en violaciones de derechos humanos y la participación específica de algunos agentes, la Misión de la ONU amplió las informaciones de violaciones a los derechos humanos del militar, e incluyó las torturas a las que fue sometido su padre.
«Según testigos con conocimiento sobre la inteligencia militar, la Dgcim ha desplegado agentes en otros países, como Colombia y Panamá, para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran agentes de la Dgcim, así como miembros de colectivos y guerrillas. En el caso del Teniente Primero Franklin Caldera, investigado por la Misión, funcionarios de la Dgcim lo secuestraron en Colombia y lo llevaron al otro lado de la frontera, donde fue torturado y posteriormente detenido en Boleíta, Dgcim.»
La Misión además identificó al teniente coronel Alexander Granko Arteada como uno de los funcionarios de la Dgcim que participó directamente en la detención de Caldera. «Después de que Franklin Caldera fuera detenido en Colombia, fue llevado a través de la frontera venezolana y entregado por un capitán a Granko Arteaga y otros funcionarios de la Dgcim. Posteriormente, los funcionarios de la Dgcim lo llevaron a una casa en el sector de La Mariposa, en Caracas, que ha sido descrita como «la casa número 1 de Granko», donde fue torturado durante 11 días».
