A casi dos meses de la masacre en Kumaracapay todavía hay 80 pemones desaparecidos

651 estudiantes se han visto afectados al no poder regresar a sus escuelas, y 319 brasileños no han podido cruzar la frontera debido al cierre ordenado por el régimen de Nicolás Maduro

El 23 de abril se cumplen dos meses de los sucesos en la población indígena de Kumaracapay (municipio Gran Sabana, estado Bolívar), donde fuerzas de seguridad del Estado arremetieron contra la población indígena.

Desde entonces, 80 pemones se encuentran desaparecidos tras la acción de funcionarios de la Guardia Nacional, grupos irregulares, Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y paramilitares, según denunció la diputada Dennis Fernández en la sesión ordinaria del martes 9 en la Asamblea Nacional.

Fernández, quien preside la comisión de Política Interior, presentó el informe final que se elaboró junto a la comisión de Pueblos Indígenas sobre los sucesos en Kumaracapay, que también dejaron siete personas fallecidas, cuatro de ellos el mismo 23 de febrero.

«No sabemos si están vivos o están muertos, es una situación muy grave, hay que ponerle la lupa», agregó la parlamentaria.

Además, el informe detalla que en la incursión de estas fuerzas se registraron 57 personas heridas por armas de fuego, 62 privados de libertad, entre 80 y 120 pemones se vieron obligados a desplazarse a otro territorio para garantizar su integridad física y el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, tuvo que huir hacia Brasil debido a la persecución.

El gobierno solo ha esparcido mentiras sobre lo que pasó en febrero. Nuestros hermanos han tenido que huir», dijo Casilda Rodríguez, madre de Zoraida Rodríguez, la primera persona asesinada mientras se desarrollaban las protestas.

Rodríguez fue asesinada en su vivienda, al igual que su esposo Rolando García y otro de sus sobrinos. «Pedimos indemnización al Gobierno, pedimos justicia», clamaba la madre de la mujer en lengua pemón.

También 651 estudiantes se han visto afectados al no poder regresar a sus escuelas, y 319 brasileños no han podido cruzar la frontera debido al cierre ordenado por el régimen de Nicolás Maduro para impedir la entrada de insumos que había anunciado la oposición para ese mes.

La diputada Fernández aseveró que el régimen de Maduro está en clara violación de la Constitución, pues ha violado todo el capítulo referente a los derechos de los pueblos indígenas.

Omar González, de la fracción 16 de julio, aseveró que la masacre al pueblo pemón es una prueba sobre la permisividad a grupos irregulares y extranjeros «para saquear la nación. Buscan sacar por la fuerza, sembrar el miedo y el terrorismo para saquear a sus anchas los recursos de la Gran Sabana».

Por su parte, el diputado Franklyn Duarte responsabilizó al gobernador Justo Noguera de la masacre a los pemones y el representante indígena Romel Guzamana denunció que la comisión técnica de la ONU nunca se reunió con los afectados, «solo con gente del gobierno».

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Tras la discusión de informe, los diputados aprobaron exhortar al Ministerio de Defensa a proteger las zonas pertenecientes a aborígenes y retirar a las fuerzas de seguridad que han ingresado de forma ilegal, según los usos y costumbres indígenas, a ese territorio.

Los parlamentarios acordaron alertar a la comunidad internacional sobre la violación a los derechos de estos grupos y llevar las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Parlamento Europeo, Unión Interparlamentaria Mundial, el Congreso de Estados Unidos, y cualquier otra instancia que consideren pertinente.

El informe elaborado por las comisiones de Política Interior y Pueblos Indígenas también será remitido a la Corte Penal Internacional para engrosar las denuncias del expediente contra Nicolás Maduro y varios funcionarios por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.