A cuentagotas Cicpc confirma más de dos agresiones sexuales y femicidios a la semana
A pesar de que la estadística oficial desapareció por decisión política, las publicaciones que los funcionarios policiales hacen desde sus redes sociales reflejan la magnitud y la frecuencia con la que ocurren casos de femicidios, agresiones sexuales y físicas, además del maltrato contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de violencia intrafamiliar.
La estadística oficial desapareció de la política pública en todas las instituciones del Estado. A pesar de que es una obligación constitucional la rendición de cuentas y la presentación periódica de informes de gestión, la opacidad oficial se ha impuesto.
La última referencia formal de cifras nacionales emanadas por organismos del Estado cuenta seis años de atraso.
Según el monitoreo de medios que hacen ONG con perspectiva de género, como Utopix, reporta 239 mujeres asesinadas para el cierre de 2021 y solo en el primer trimestre de 2022 ya suman más de 50 casos.
Aunque sea a cuentagotas, la dimensión de los problemas va mostrando la profundidad, como la data que refleja a través de sus redes sociales Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) en sus cuentas personales en Instagram @douglasricovzla y Facebook DouglasRicoVzla.Oficial, así como la Dirección de Prensa del Cicpc a través del usuario @prensacicpc en la red social Instagram.
Por lo menos, una vez a la semana, esas cuentas publican la reseña de algún caso de femicidio o intento de femicidio, agresión sexual o física y/o maltrato contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de violencia intrafamiliar. Durante los 30 días del mes de abril, el director del Cicpc reseñó en Instagram 69 casos. Es decir, uno cada 15 horas, en promedio.
Douglas Rico informó de las detenciones de agresores que cometieron femicidios, intentos de femicidios, agresiones sexuales y físicas a sus parejas, exparejas, hijas, hijastras. En uno de los casos el agresor asesinó a su madre.
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El comisario general del Cicpc, quien interactúa con frecuencia a través de los comentarios que los usuarios dejan en su cuenta, da detalles de cada caso y de cómo los detenidos habían cometido el delito.
Más allá del relato, los agresores y las víctimas entran en una estadística de zona gris que no ha sido desagregada ni presentada en su totalidad, uno de los problemas que constantemente señalan las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres: sin data no se puede hacer diagnóstico ni desarrollar políticas públicas en torno a este fenómeno.
En promedio, cada 31 horas una mujer fue asesinada por un agresor masculino y cada 26 horas alguna fue víctima de un intento de femicidio.
Estas estadísticas fueron presentadas en un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la primera audiencia específica sobre la situación de derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, que se realizó el 28 de octubre de 2021, en el marco del 181° período de sesiones de la CIDH.
Sin embargo, el subregistro persiste. Ni el Ministerio Público ni los tribunales especializados en violencia de género han presentado en los últimos cinco años números consolidados de los casos que llegan a convertirse en denuncia ante las autoridades.
Durante la audiencia de la CIDH el año pasado, varias activistas y representantes de ONG con enfoque de género, expresaron las limitaciones que van más allá de la legislación venezolana y que, en la práctica, impiden que realmente se atienda con efectividad este problema.
Un ejemplo lo señaló Diyuly Chourio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, en relación a las cuatro fallas principales que se evidencia en el sistema de justicia: desprotección e invisibilización de las medidas cautelares hacia las víctimas al momento de solicitar justicia y protección; ausencia y no garantía de respuestas en un procedimiento digno y justo; falta de formación con perspectiva de género bajo una mirada transversal dentro del sistema judicial penal; y la no visibilidad de los datos estadísticos.
Chourio especificó que siete de cada 10 mujeres no denuncia por miedo a que no le crean y que las mujeres que habitan en zonas rurales del país tienen aún más dificultades para denunciar a sus agresores, debido a que no pueden trasladarse a las instituciones por falta de transporte y, cuando lo hacen, son atendidas por funcionarios que no tienen formación en violencia de género. En la mayoría de los casos las mismas víctimas tienen que llevar hasta el papel que requieren para dejar asentada la denuncia.
«Dos veces intenté poner la denuncia por peleas que tuve con mi expareja que me golpeó, pero las dos veces los funcionarios que me atendieron me dejaron esperando más de medio día sin tomar la denuncia y cuando por fin me hicieron caso, me hacían las mismas preguntas como si yo estaba loca o para ver si me contradecía. A cada rato me recordaban que ese era el papá de mi hijo y que pensara bien si lo quería meter preso. Salí con más miedo del que llegué», recuerda Ángela (nombre en reserva).
Finalmente, logró separarse del agresor, pero tuvo que salir de su casa y mudarse a otro estado para evitar que la siguiera golpeando. Las medidas de restricción y alejamiento nunca fueron efectivas ni se les hizo seguimiento, comentó.
Mientras tanto, los patrones, motivos, edades, contexto, víctimas secundarias y condiciones psicosociales que superficialmente se asoman —desde el relato de las denuncias que muestra el director del Cicpc como parte de su gestión pública—, se quedan en las redes sociales; dejan por fuera el panorama más amplio en el que se revela que en un conteo cualquiera hubo más mujeres muertas que días del mes.
