A la calladita y sin votos el chavismo se apodera de gobiernos locales
Desde 2013 el patrón del chavismo para apoderarse de instancias y gobiernos locales se ha ido consolidando: destituciones exprés, desalojos forzados, persecuciones y hasta «fraude electoral» han servido para imponer autoridades que no fueron electas por el voto popular
Casi sin mucho ruido pero con mucho efecto, el chavismo a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha ido apoderando de gobiernos locales en los cuales las autoridades electas por votación popular fueron despojadas de sus cargos bajo excusas variopintas como parte de un patrón implementado por el oficialismo desde 2013. La voz del pueblo no es quien está dictando la última palabra.
Nada más en 2017 en once entidades (seis gobernaciones y cinco alcaldías) las autoridades fueron destituidas en tiempo récord y en algunos casos desalojados a la fuerza de las instituciones para poner en su lugar a un representante del PSUV que previamente había perdido las elecciones para esos cargos.
Y nuevamente este modus operandi se impone. El más reciente fue el alcalde de la Gran Sabana, Emilio González, único representante indígena elegido por votación en el estado Bolívar quien fue sacado a la fuerza del despacho municipal la tarde del martes 22 de abril por las llamadas “cuadrillas de paz”, un grupo conformado por militantes del PSUV.
En su lugar, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera puso en el cargo a Nancy Ascencio, quien había perdido las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional en 2015.
La lista de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que no están ejerciendo sus cargos va en ascenso y ahora se extiende incluso a los mismos partidarios del PSUV que no entran en la línea, como ocurrió con tres legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez): Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma.
La destitución ocurre luego de que los parlamentarios regionales solicitaran la interpelación de Luis Motta Domínguez, a quien calificaron como «un ministro incapaz» y denunciaron la persecución en su contra y de sus compañeros como el caso del exalcalde de Cabimas Freddy Bracho, detenido por nueve días y sometido a torturas.
Eduardo Labrador, uno de los diputados destituidos, narró que fue desalojado de sus oficinas y se le impidió el ingreso a la sede del Consejo Legislativo igual que a sus compañeros y denunció que 16 trabajadores que formaban parte del equipo de los tres parlamentarios fueron sacados de la nómina. La presidenta del Clez, Ángela Fernández, aseguró que los legisladores “cometieron fraude a sus electores” porque fueron escogidos como diputados del PSUV. Salirse de «la línea» es castigado así.
Las interpelaciones por parte de los Consejos Legislativos estadales que cuentan con mayoría del PSUV también se han convertido en mecanismos de presión. Alcides Monsalve, alcalde del municipio Libertador de Mérida, fue interpelado por el Consejo Legislativo del estado por los problemas con la recolección de desechos. El alcalde explicó que el problema radica en un presupuesto insuficiente y el desmantelamiento de las maquinarias para recoger la basura que son previos a su gestión pero igual fue advertido por el CLEM: «se aplicará todo el peso de la ley si el problema persiste» y paralelamente la Fiscalía 23 inició un proceso de investigación contra el alcalde para «estar atentos a cualquier sanción» .
El Consejo Legislativo merideño en el primer periodo de sesiones del año 2019 se presenta con el respaldo de quienes califica como «autoridades regionales»: Freddy Bernal y Jehyson Guzmán, designados como «protectores de los estados Táchira y Mérida» respectivamente, aunque ambos perdieron las elecciones cuando optaron por esos cargos.
Patrón sistemático
Hace dos años, la Asociación Venezolana de Concejales, alertaba a través de un comunicado la aplicación continua por parte del Ejecutivo Nacional de un «desconocimiento sistemático que desde 2013 se ha ejercido sobre los cargos electos y sobre la voluntad popular». Desde hace seis años las destituciones exprés se enfocaron en instancias locales porque lograban pasar desapercibidas. Luego la metodología se extendió a las alcaldías y escaló hasta las gobernaciones.
«Esta actitud antidemocrática, llevada a cabo por quienes debieran estar garantizando el Estado de Derecho, es una evidencia de la ausencia de instituciones que cumplan efectivamente el rol que les asigna la Constitución y las leyes. Al contrario, basan sus acciones autoritarias en expedientes forjados plagados de mentiras, carentes de evidencias y haciendo uso de testigos falsos; procedimientos que no tienen otro propósito que el de acallar la voz de los representantes del pueblo, quienes ejercen sus funciones en el poder público municipal, precisamente el poder llamado a ejercer sus competencias de cara al ciudadano, fuente de legitimidad de su acción y a su vez órgano básico de control de la gestión del gobierno local”, expresaban a través del comunicado.
El investigador del Cendes en temas de descentralización y políticas públicas, Carlos Mascareño, señaló que otra táctica para quitarle poder a las autoridades regionales es la judicialización de los procesos: más de la mitad de los alcaldes de municipios en los que la oposición había ganado elecciones terminaron saliendo de sus cargos debido a causas judiciales.
En 2017 sacaron a Delson Guárate en la alcaldía de Mario Briceño Iragorry, en Aragua; Warner Jiménez, en el municipio Maturín del estado Monagas; la exalcaldesa de Guasdalito, en Apure, Lumay Barreto, quien además fue desalojada con una tanqueta de guerra de la sede de la alcaldía; a Carlos García, exalcalde del municipio Libertador en Mérida, quien fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 15 meses de prisión y destituido por no evitar la obstaculización de las vías por manifestaciones.
El mismo patrón se aplicó en contra del exalcalde del municipio Campo Elías (Ejido), en Mérida, Omar Lares, acusado de financiar las manifestaciones que se desarrollaban durante 2017. El jefe del gabinete de Seguridad y Paz del estado Mérida, Oscar Aponte, dijo que Lares tenía una orden de captura pero fue dos días después de que un grupo comando de la Policía Nacional Bolivariana y sujetos encapuchados allanaran su residencia. Como el alcalde había escapado, los funcionarios detuvieron a su hijo de 25 años, Juan Pedro Lares y lo trasladaron a la sede del Sebin en el Helicoide, aunque no tenía orden de detención ni cargos en su contra.
En un lapso de siete días sumaban cuatro mandatarios condenados bajo los mismos argumentos: no evitar las protestas ciudadanas. A los dos alcaldes merideños les ocurrió lo mismo que al entonces alcalde del municipio Iribarren en Lara, Alfredo Ramos, y a Gustavo Marcano, exalcalde de Lechería en Anzoátegui, quienes también fueron destituidos por las mismas causas.
Para ese entonces sumaban 14 alcaldes procesados por el TSJ que fueron finalmente destituidos, incluyendo a Ramón Muchacho (Chacao), David Smolansky (El Hatillo) y Enzo Scarano (San Diego).
