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A ocho aumenta número de empresas que Fospuca Caroní demanda con solicitudes de embargo



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Fospuca_protesta Caroní Laura Clisánchez Bolívar
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Regiones TalCual | febrero 28, 2023

Abogados que llevan la causa argumentan que las demandas no cumplen con los requisitos para ser admitidas, porque no hay un contrato directo por el servicio entre Fospuca Caroní y las empresas del municipio, sino que se trata de una contratación hecha por la Alcaldía de Caroní.
 
Texto: Laura Clisánchez / Correo del Caroní


Hasta el momento, Fospuca ha demandado con solicitudes de embargo a ocho empresas de Ciudad Guayana por falta de pagos del servicio de recolección de basura, adeudados desde noviembre de 2022.

Estas empresas son hasta ahora: Metalúrgica Chirica, Centro de Especialidades Médicas, Unidad Integral Dermocosmiatra IR Cosmetic,  Star Motors, Triple Fashion, C.A., Hotel Doral Inn, Palestina Import e Inversiones Gymetal, C.A.

Aunque el caso se lleva como un asunto privado entre sociedades mercantiles, no hay una contratación directa del servicio acordada entre Fospuca Caroní y las empresas del municipio | Foto Laura Clisánchez
Así lo confirmó la representación legal de las empresas afectadas. Hasta la una de la tarde de este lunes los tribunales no habían admitido ninguna otra demanda.

La Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní protestó la mañana de este lunes 27 de febrero, frente al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para rechazar estas medidas que atentan contra el sector formal de la economía del municipio.

“Tenemos desconfianza en las instituciones porque se toman decisiones no basadas en lo legal, sino que hay otras cuestiones de más peso. Han sido expeditos para ejecutar órdenes de embargo, pero no para aceptar los reclamos que hemos introducido”, denunció Simón Yegres, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos.

Sobre los acuerdos, diálogos y acercamientos que las cámaras empresariales han realizado con autoridades municipales, Yegres opina que: “No hay posibilidades de acuerdo porque es tal lo exorbitante que ningún descuento sería solución”.

“Queremos hacer un llamado a los jueces, que hagan una reflexión porque el comercio es de todos. Las empresas tienen miedo de un embargo, de que te llegue la Alcaldía y cierre sus negocios. Somos nosotros los empresarios quienes sostenemos la actividad económica de la ciudad”, manifestó Susana Linares, empresaria del sector alojamiento y parte del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos.

*Lea también: Concejales opositores de Caroní piden a Fospuca ver contrato de su concesión

Admisión de demandas de Fospuca sin criterio 

Las demandas fueron introducidas por Fospuca Caroní en los tribunales: Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Marítimo y Aeronáutico, y Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

La compañía prestadora del servicio de aseo urbano solicitó a estos tribunales que ejecute una medida de embargo provisional sobre bienes muebles hasta alcanzar el monto equivalente al doble de las sumas demandadas, más las costas del proceso, y honorarios profesionales.

Hasta el momento, ninguna medida preventiva de embargo ha sido ejecutada. Tampoco se han hecho llamados a conciliación entre las partes.

Para demandar a estas empresas, y por lo tanto obligarlas a pagar las deudas, Fospuca Caroní se basa en tres documentos:

  • Un acta de inicio de la contratación del servicio de recolección de desechos sólidos firmado por el alcalde Tito Oviedo, y el presidente de Fospuca, José Simón Elarba.
  • Una comunicación emitida por el alcalde Tito Oviedo sobre la contratación de la empresa Serdeco, para coordinar la facturación del servicio de relleno sanitario desde Corpoelec.
  • Proformas, o facturas, que Fospuca utiliza para cobrar el servicio directamente a los usuarios, sin contratación previa entre las partes.

De acuerdo con los abogados que llevan la causa, para que un juicio de intimación sea admitido tiene que haber un título ejecutivo, es decir, un documento público, notariado, cheque, pagaré o documento que haya sido firmado por las partes involucradas, en este caso, por ejemplo, entre Fospuca Caroní como empresa prestadora del servicio de aseo urbano, y la empresa privada que contrata el servicio.

Estos términos están establecidos en los artículos 642 y 643 del Código de Procedimiento Civil.

Pero en este caso, la medida no cumple con los requisitos para ser admitida, porque no hay una contratación directa entre Fospuca Caroní y las empresas del municipio, sino que se trata de una contratación hecha por la Alcaldía de Caroní, lo que convierte el hecho en un asunto público, y no privado entre sociedades mercantiles.

“Ninguna de las empresas contrató el servicio directamente, esta es una contratación hecha por la Alcaldía de Caroní cuyas condiciones desconocemos”, explicó José Gregorio Meignen, abogado.

Las primeras denuncias y solicitudes de embargo emprendidas por Fospuca Caroní contra empresas de Ciudad Guayana trascendieron a la opinión pública el 14 de febrero. Para entonces se manejó una cifra oficial de cinco empresas demandadas por adeudar el servicio de aseo urbano desde noviembre de 2022 (tres facturas), tres de estas empresas saldaron su deuda para evitar embargos según informó la presidencia de Fospuca, en entrevista con Correo del Caroní.

*Lea también: Fospuca Caroní demanda a cinco empresas y pide a tribunales medida de embargo

Ante instancias internacionales

José Ríos, concejal del municipio Caroní, informó que la tarde del 24 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Bolívar expuso ante la representación de Naciones Unidas en Venezuela el caso de “acoso y persecución que desde instancias administrativas del gobierno municipal, al igual que desde los tribunales del Palacio de Justicia, para con los sectores empresariales y comerciales en procura del cobro de un servicio de aseo urbano establecido de manera irregular”.

Esto sucedió en el marco de una audiencia extraordinaria entre representantes de Iberoamérica, según informó Ríos. La información fue confirmada por Javier González, abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.

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