A partir de hoy, por Naky Soto
Twitter: @Naky
Este lunes entraron en efecto las sanciones que impuso Estados Unidos a Pdvsa, que prohíben a entidades norteamericanas la importación de petróleo venezolano o productos derivados. Con las sanciones, el Gobierno estadounidense busca ejercer presión contra Nicolás, “minimizar su recibo de ingresos de EEUU y salvaguardar el sistema financiero estadounidense”, según dijo ante la Cámara de Representantes Sandra Oudkirk, funcionaria del Departamento de Estado. Las sanciones también afectarán la producción de petróleo, que ya se ha visto drásticamente reducida en los últimos años: de 2,4 millones de barriles al día en 2015 a 1,1 millones en 2018. Al margen, la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa, designada por el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que ha iniciado el proceso de pago de intereses del bono Pdvsa 2020, con el objetivo de «continuar salvaguardando el sistema de refinerías Citgo.»
El misterio del aumento
Hoy también el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba, confirmó el aumento de salario en 40.000 bolívares que aparece en la Gaceta Oficial extraordinaria (GO) del 25 de abril. Esta publicación sigue sin aparecer registrada en la página del Tribunal Supremo de Justicia y al margen de Torrealba, ningún vocero oficial ha confirmado la información. El nuevo monto supone un aumento del 122,2% con respecto al salario mínimo anterior y equivaldría a unos $7,6 a la tasa oficial Dicom, siendo el segundo aumento de salario de 2019. Las pensiones también serán de 40.000 bolívares. El ticket de alimentación pasó de Bs. 1.800 a 25.000, un alza de 1.288,8%, dejando así de representar el 10% del salario, ahora es el 38% del ingreso “integral” de 65.000 bolívares. Las escalas salariales de la administración pública alcanzan un tope de Bs. 76.000 bolívares. Mientras no se detenga la hiperinflación y la devaluación del bolívar, cualquier aumento será devorado.
Hacer bien las cosas malas
Diosdado Cabello confirmó que el 1° de mayo el chavismo marchará para celebrar sus logros en materia laboral: “Si alguien ha protegido al trabajador han sido Chávez y Maduro”, tema que vinculó con la posibilidad de que otro gobierno reduzca el tamaño del Estado. A Juan Guaidó le advirtió que en la Fuerza Armada no conseguirá los militares que necesita “para imponer una dictadura”; desmintió la denuncia de la periodista Sebastiana Barráez sobre la construcción de una cárcel en Fuerte Tiuna para Guaidó, pero acusó un bloqueo desde hace más de 10 años y un golpe de Estado dirigido por EEUU, lo que le permitió desafiar las declaraciones de Elliott Abrams, pidiendo: “Que nos impongan más sanciones (…) EEUU con sus sanciones nos está ayudando porque nos sube la moral y nos pone a trabajar más unidos”. Ignorando el estado actual de la Unasur, aseguró que la OEA tiende a desaparecer y reflexionó sobre el valor de su salida, que pudo haber sido intempestiva, pero “hasta las cosas malas hay que hacerlas bien”.
Hablemos de DDHH
– El diputado Gilber Caro permanece desaparición forzamente desde el 26 de abril. Sus colegas de la Asamblea Nacional han denunciado que ninguna autoridad da información sobre su paradero, a pesar de ser conocido que lo detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
– El secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, aseguró que pedirá aplicar la Ley del Odio contra los periodistas Madelyn Palmar y Lenin Danieri, a quienes acusó de militar en partidos políticos y de “ser parte… para un plan mediático de aterrorizar e impulsar situaciones negativas”, en el estado Zulia por denunciar las fallas eléctricas e informar las protestas que estas fallas generan. Sobre Palmar, afirmó que“fue entrenada en EEUU en un curso de esos que da la CIA en el tema mediático”. Cabello amenazó con detenciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa se pronunció ante las amenazas y rechazó la intimidación contra los periodistas Palmar y Danieri.
– Néstor Reverol informó en Twitter que el Ministerio de Interior y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un convenio para elaborar proyectos de formación sobre áreas que el chavismo vulnera a placer, como DDHH, Seguridad ciudadana, Uso progresivo y diferenciado de la fuerza, Gestión de riesgo, entre otros. Para prueba, revisen la denuncia de Foro Penal sobre los 900 pemones desplazados en tres comunidades de Brasil tras los enfrentamientos que se registraron en Kumarakapay el pasado 22 de febrero; además de los 7 asesinados, 62 detenidos y 57 heridos.
– El arribo de migrantes y refugiados venezolanos a Colombia no para y al menos 327.000 niños allí necesitan ayuda humanitaria, advirtió Unicef, que lanzó un llamamiento para aumentar su presupuesto de respuesta a la crisis de 5,7 millones de dólares a 29 millones.
Breves y graves
– El presidente de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, informó que próximamente llegará un nuevo cargamento de insumos con medicinas y apoyo hospitalario. – Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, expresó su preocupación por el bajo contenido en las actividades escolares y aseguró que técnicamente el año escolar 2019 “se perdió”: “No se puede sustituir la pedagogía del docente por una guía de trabajo o guía”, dijo, añadiendo denuncias por las condiciones de las aulas de clases y los bajos sueldos de los docentes.
– El diputado José Guerra denunció que el régimen de Nicolás saca el oro del país para venderlo en mercados de Turquía y así obtener euros. Sobre el sistema Dicom dijo que es una manera de legalizar la devaluación del bolívar.
Movimientos en el tablero
– El presidente Iván Duque rechazó el domingo el ataque que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejecutó contra el Ejército colombiano en Saravena (Arauca) y afirmó que fue planeado desde territorio venezolano “donde están muchos de los cabecillas del ELN, protegidos por la dictadura de Venezuela”. El canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, denunció que Duque planifica otro “falso positivo” por acusarlos sin pruebas. Sin embargo, no dijo nada sobre las amenazas que el ELN le hizo a varios venezolanos en el estado Táchira.
– El Grupo de Lima pidió a las Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria en Venezuela y que trabaje con la Asamblea Nacional y su jefe, Juan Guaidó, ante el carácter “ilegítimo” del Gobierno de Nicolás. El grupo urgió además a que se garantice que “no haya un aprovechamiento político de la asistencia humanitaria“, y pidió también apoyo para los Estados que están recibiendo el éxodo masivo de venezolanos.
– Sin embargo, para el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, los intentos de derrocar a Nicolás son los que provocan “brotes de migración y de terrorismo para así causar zozobra en la región”.
– El gobierno de Canadá informó que Japón se unió a los más de 20 países que han respaldado la Declaración de Ottawa.
– Costa Rica ordenó el retorno del encargado de negocios en Venezuela. La medida se tomó luego de que Nicolás le retiró las credenciales el 16 de abril.
– El director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, Juan Carlos Buitrago, informó que buscan detener a uno de los principales proveedores de productos para las cajas Clap, Alex Saab.
– Perú planea deportar a unos 50 venezolanos por ocultar que tenían antecedentes penales, informó el Ministerio del Interior. Según la encuesta de El Comercio-Ipsos, dos de cada tres limeños (67%) desaprueban la inmigración de venezolanos.
– Justo hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el representante de Venezuela en Perú, Carlos Scull, con quien dialogó sobre las necesidades y desafíos que tienen los 730.000 venezolanos que viven en Perú, calculando que a fin de año podrían ser un millón de personas.
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Creé una línea de videos para explicar cómo comunicarnos mejor en público. Porque hay que seguir, ¡vamos a decirlo bien!
