A ponerse las alpargatas: sanciones al gabinete de Maduro llegaron para quedarse
Aunque el régimen se ha encargado de señalar que estas sanciones afectan al pueblo venezolanos, los representantes de cada nación han desmentido esta posibilidad, asegurando que “solo afectarán” directamente al oficialismo
El 2018 estuvo lleno de sorpresas no muy gratas para el gobierno de Nicolás Maduro, noticias internacionales que afectaron tanto a la primera dama Cilia Flores como a varios integrantes del gabinete.
Las medidas de la comunidad internacional, que reclamó el pueblo venezolano para condenar las reiteradas violaciones a los derechos humanos, la crisis económica, social, la ruptura del hilo democrático, la persecución, la violencia y arrestos de todos los que se atreven a manifestar en contra de las políticas implementadas por el Gobierno, se afianzaron en 2018 y parece ser que llegaron para quedarse.
Países como Estados Unidos, Panamá, Suiza, Canadá y todos los agrupados en la Unión Europea, decidieron sancionar a más de 100 funcionarios y exmiembros del gobierno pertenecientes a las filas de la “revolución bolivariana”.
Representantes de cuatro de los cinco poderes públicos venezolanos forman parte de la lista de sancionados, señalados por violaciones a los derechos humanos, ruptura del orden democrático, usurpación de funciones o presunta corrupción con bienes públicos.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno; el Fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente Tarek William Saab; y el propio Nacional Nicolás Maduro, son solo la punta del iceberg de una larga lista.
Estas medidas internacionales consisten en el bloque de bienes y cuentas bancarias que posean los afectados en los países que adoptaron las sanciones, la prohibición de entrada a esas naciones (medidas que en algunos casos se extienden hasta familiares y allegados a estos funcionarios) o el desconocimiento de sus cargos públicos a nivel internacional.
Aunque el régimen se ha encargado de señalar que estas medidas afectan al pueblo venezolanos, los representantes de cada nación han desmentido esta posibilidad, asegurando que “solo afectarán” directamente a los dirigentes del oficialismo.
Organismos internacionales también han promovido la aplicación de estas medidas, tal es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien en los últimos meses de 2018 ha pedido que estas sanciones se incrementen luego del 10 de enero, fecha en la que Maduro asumirá un nuevo período en el poder.
Para cerrar el año el Grupo de Lima, ha anunciado la posibilidad de adoptar sanciones que dificultarán aún más las relaciones del Gobierno venezolano con los más de 13 países de América que integran el organismo, hasta que el mandatario Nicolás Maduro decida retomar los caminos democráticos.
Aliados de Maduro
El Gobierno de Venezuela cuenta con pocos o casi ningún aliado para superar estas coyunturas políticas que lo han dejado en evidencia como un Estado dictatorial que persigue, encarcela y hasta se le acusa de haber “asesinado extrajudicialmente”, a la disidencia.
Recientemente han intentado reforzar la tesis de una alianza entre Rusia y Venezuela. Tanto es así que el gobierno de Vladimir Putin ha manifestado públicamente su rechazo a las medidas sancionatorias adoptadas por países como Estados Unidos, asegurando que eso no contribuirá a conseguir las soluciones “a los desafíos que afronta” la nación sudamericana.
El jefe del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexandr Schetinin, señala que todas estas restricciones y congelación de vienes de funcionarios del Estado venezolanos, son solo una práctica “para presionar a Estados soberanos”.
Por otra parte, uno de los seguidores internacionales más allegados a Nicolás Maduro parece ser el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien en reiteradas oportunidades ha insistido en que la política de presión y sanciones impuestas al Gobierno venezolano “no va a ir a ninguna parte”.
“Hay que adoptar una perspectiva de cooperación y ayuda cuando un país atraviesa unas circunstancias difíciles y cuando tiene una crisis política como la que tiene, junto a la económica, que exige una única salida”, han sido algunas de sus palabras.
Sin embargo, los países han hecho caso omiso a estos señalamientos y han ido sumando funcionarios a la larga lista de sancionados.
Apretar por todos lados
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció el 1 de noviembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva contra funcionarios venezolanos que entra en vigencia de forma inmediata. En especial, con el sector aurífero.
El decreto impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen “transacciones fraudulentas y corruptas” con oro venezolano, que a juicio de Washington es usado para financiar grupos irregulares.
Con esto queda en evidencia que la comunidad internacional busca cerrar todos los escenarios posibles para que el régimen de Nicolás Maduro siga manteniendo su poder autoritario y opresor.
Asimismo, el 5 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 700 personas naturales y jurídicas, entre las figuran algunas relacionadas con Venezuela, entre ellas el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Binacional Irán-Venezuela y Petropars, todos acusados de apoyar al Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán.
Las sanciones buscan reducir la capacidad del gobierno iraní para financiar su amplia gama de actividades relacionadas a la balística e impedir que Irán adquiera armas nucleares.
“El Banco Binacional Irán-Venezuela está siendo designado de conformidad con E.O. 13224 por ayudar, patrocinar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo para, o en apoyo del EDBI”, reza parte del comunicado de prensa emitido del Departamento del Tesoro de EEUU.
Mientras esto ocurre, más son los países que amenazas seguir el ejemplo de otras naciones y durante el 2019 aplicar sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Entre ellos está el reciente ultimátum del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien señaló que emprendería sanciones en contra de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
