A un año del 30 de abril, Guaidó no ha logrado otros apoyos internos contra el chavismo
El alzamiento militar del 30 de abril de 2019, apoyado por Juan Guaidó y parte de la oposición venezolana, no rindió todos los frutos que el mandatario interino aspiraba. El máximo de ellos: lograr la salida de Nicolás Maduro del poder
La madrugada del 30 de abril de 2019 se consolidó un alzamiento militar que todavía le sigue cobrando fichas a la oposición venezolana. Apoyados por el mandatario interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, un grupo de poco menos de 50 efectivos de la Guardia Nacional tomaron el distribuidor Altamira para poder hacerse con un objetivo: tomar la base aérea Generalísimo Francico de Miranda, conocida como La Carlota, y generar una presión que derivara en la salida de Nicolás Maduro del poder.
Los militares eran comandados por dos conocidos del poder Legislativo. Los tenientes coroneles de la GN Illich Sánchez y Rafael Soto, ambos destacados como jefes del cuadrante de seguridad que comprende la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral.
Ni Guaidó o los militares estaban solos. Uno de los personajes que acompañaba ese complot era el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristhopher Figuera, quien ayudó a liberar al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, de su casa por cárcel.
El mismo López se presentó junto a Guaidó la madrugada del 30 de abril para apoyar a los militares que intentaban incursionar dentro de la base aérea. Pero los efectivos esperaban más apoyo de sus iguales, es específico de algunos comandantes de batallones de Caracas y el interior del país, como comentaron a TalCual en ese entonces.
Tampoco consideraban entonces que había «suficiente gente en las calles» que los apoyara en caso de decidirse a tomar La Carlota. Pasadas las horas recibiendo bombas lacrimógenas desde La Carlota y tras una refriega a tiros con otros oficiales de la GN que buscaban capturar a Leopoldo López nuevamente, se decidió que todos se trasladarían hasta plaza Altamira, considerado como un bastión opositor.
Tres días más tarde aparecía Juan Guaidó junto a un grupo de diputados para dar algunas explicaciones al país. El mandatario interino denominó el hecho como parte de la «operación Libertad» (donde se calcularon dos muertos y más de 150 heridos por protestas en todo el país), y confirmó que el objetivo era la salida de Nicolás Maduro del poder, además de un llamado para construir capacidades y seguir convocando a funcionarios a la causa del cese de la usurpación.
En esa rueda de prensa, 24 horas luego de que Leopoldo López diera algunos detalles sobre la sublevación, Guaidó dijo que «no estaba en nuestro control adelantar o atrasar nada. Estamos en en el proceso de rescatar competencias para poder ordenar. No sé de dónde habrá salido tal versión, pero evidentemente esa fue una decisión de cada uno de los comandantes».
Con ello hacía referencia a las versiones que circularon en medios de comunicación donde se aseguraba que Guaidó y López, quien desde entonces se encuentra como huésped en la embajada de España en Caracas, habrían adelantado por su cuenta el alzamiento sin esperar recomendaciones de sus aliados.
El mandatario encargado se abstuvo de informar sobre las razones que impidieron la incorporación de más efectivos militares al alzamiento, pues no quería «comprometer» a otros funcionarios que estuvieron implicados en este proceso y la salida de López de su arresto domiciliario.
Ese mismo día también se convocaron a una serie de manifestaciones como parte de esa «Operación Libertad». Hasta la fecha, dicho nombre se mantiene para respaldar manifestaciones, encuentros vecinales y otro tipo de actividades convocadas por los opositores.
La persecución
La noche de ese 30 de abril, Nicolás Maduro, acompañado por Diosdado Cabello y el alto mando militar, dijo que estaban «plenamente identificados» los militares de la Guardia Nacional que se sublevaron en su contra, al tiempo que aseveró que «engañaron» a otros funcionarios para involucrarnos en este suceso.
Calificó a la sublevación como un «golpe de engaño, escaramuza avanzada. Por eso se quedaron solos, ya antes del mediodía los habían abandonado. Y quedó un grupete, todos plenamente identificados, que decidieron el camino de la traición, de la pérdida de sus carreras, que decidieron entregarle su vida a la ultraderecha. Ya verán el camino, los tendrán usados y abandonados. Ya verán el destino que tienen los traidores».
Cinco días más tarde, Diosdado Cabello como presidente de la constituyente, anunció que allanarían la inmunidad de todos aquellos diputados que participaron en el “madrugonazo” del 30 de abril. Tres días más tarde se concretó la detención de Edgar Zambrano, entonces primer vicepresidente de la AN, y tres personas que lo acompañaban a su salida de la sede de Acción Democrática.
Zambrano pasó cinco meses en prisión y fue liberado por un proceso de excarcelaciones de la misma ANC que allanó su inmunidad en primer lugar, luego de que se instalara un proceso de diálogo en el país entre el régimen de Maduro y partidos políticos opositores minoritarios.
Desde esa fecha, a 23 diputados opositores se les ha allanado la inmunidad parlamentaria bajo el mismo proceso (Ministerio Público acusa, TSJ ordena allanamiento y la ANC lo ejecuta) y por los mismos siete delitos: Traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.
De los 23 parlamentarios investigados por tribunales por su presunta vinculación en los sucesos del 30 de abril, 21 son principales y solo dos parlamentarios son suplentes (Franco Casella y Juan Andrés Mejía).
De estos últimos es importante destacar que el TSJ solo solicitó el allanamiento a la inmunidad de Mejía –suplente de Freddy Guevara, recluido en la embajada de Chile en Caracas-, pues adujeron que Casella, al ser suplente y no estar incorporado al momento de la sentencia, no tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y por tanto, su enjuiciamiento procedía como con cualquier otro ciudadano.
El mayor número de perseguidos pertenece al partido Primero Justicia (7), y le siguen Voluntad Popular (6), Acción Democrática (3); La Causa R (2); el diputado Juan Pablo García de Vente Venezuela; Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo; el independiente Luis Florido; el diputado de Camina Carlos Lozano y José Simón Calzadilla, que pertenecía al Movimiento Progresista y se retiró durante su clandestinidad para unirse a la fracción “Encuentro por Venezuela”.
¿Qué pasó con los militares?
El grupo de funcionarios de la Guardia Nacional que se sublevó contra Nicolás Maduro se dividió para refugiarse ese mismo 30 de abril en tres embajadas: Brasil, Colombia y Panamá.
En diciembre de 2019, los que se encontraban en la embajada de Panamá en Caracas se fugaron del sitio con destino hasta ahora desconocido. Como informaron a The Associated Press en ese entonces, dentro de ese grupo se encontraban los tenientes coroneles de la Guardia Nacional Illich Ramírez Sánchez y Rafael Soto.
Solo dijeron que viajaron en pequeños grupos como parte de una «operación militar» clandestina que contó con el apoyo de docenas de tropas de bajo rango y sus comandantes.
«Salimos de Venezuela pero nuestra lucha para restaurar la democracia de Venezuela continuará», dijo Sánchez en una entrevista telefónica.
Los militares contaron que lograron engañar a sus superiores para planear una revuelta contra Maduro debido al descontento y el miedo dentro de los cuarteles de Venezuela. «Cuando reuní a mis tropas a las 2 de la mañana y les dije que íbamos a liberar a Venezuela, rompieron en llanto», dijo Sánchez. «Nadie lo vio venir, pero todos se comprometieron de inmediato».
Soto agregó: «Todo estaba perfectamente alineado para una transición pacífica».
Pero dicen que fueron defraudados por los ayudantes de Maduro, incluidos el presidente del TSJ Maikel Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quienes afirman que nunca cumplieron una promesa hecha a la oposición de abandonar su apoyo a Maduro. Tanto Moreno como Padrino han reiterado su lealtad a Maduro.
El mismo gobernante comentó el 20 de enero de este año que Padrino López y Moreno fueron «sus fichas» dentro del complot y le avisaban de todos los movimientos de los opositores. «Yo dejé que corriera lo que él estaba haciendo para ver hasta dónde podía llegar la conspiración», dijo en una entrevista al Washington Post . «Veinticuatro horas antes yo iba a abortar el plan, pero ellos lo adelantaron».
¿Y el chavismo?
A un año del alzamiento militar, Diosdado Cabello hizo un «acto» desde el distribuidor Altamira y aseveró que se pretendía «dar una estocada a la Constitución».
«Hace un año amaneció Caracas con una incertidumbre, porque ese grupo de malintencionados, había decidido utilizar la violencia como un instrumento de acción política, quisieron amargarle la vida a Caracas y a Venezuela», dijo.
Cabello sostuvo que las personas que participaron en el llamado a «golpe de Estado» por parte de Juan Guaidó, son «traidores de la patria» porque intentaron darle «un zarpazo» a las leyes venezolanas. Reiteró que desde hace un año han mantenido abierta una investigación para aclarar los hechos y dar con todos los responsables.
Desde el distribuidor Altamira, a un año de otro intento fallido del imperialismo, de otra traición de los débiles y de otro fracaso de sus sirvientes, la Furia Bolivariana se hace presente al alba (y sí pudimos entrar a La Carlota) #FuriaBolivarianaPorLaPaz pic.twitter.com/X3kS9BOENB
— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) April 30, 2020
