A un mes de la masacre de El Junquito hay más preguntas que respuestas
Lo que comenzó como un operativo de captura terminó con la vida de siete personas
Autor: Ariadna García @Ariadnalimon | Orianny Granado @Orii_granado
El lunes 15 de enero los venezolanos despertaron con una noticia que encrespaba, el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (Cicpc) Óscar Pérez y su grupo, había sido sitiado por las fuerzas de seguridad del Estado en un chalet ubicado en El Junquito, Caracas.
El piloto sublevado transmitió a través de su cuenta en Instagram minuto a minuto lo que ocurría en aquella vivienda. Lo que comenzó como un operativo de captura terminó con la masacre de siete personas y hasta el momento lleva más de 30 detenidos.
Aquel 15 de enero José Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Óscar Pérez, Lisbeth Ramírez y Daniel Soto, llegaron a todos los hogares venezolanos, su muerte se convirtió en la noticia nacional que tensó el ambiente y dio muestra clara de hasta donde es capaz de llegar el régimen de Nicolás Maduro.
La primera vez que el país se interesó por la vida de Pérez fue en junio de 2017 cuando este sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y el ministerio de Interior y Justicia, en un helicóptero que llevaba una pancarta blanca con la frase: Art. 350 Libertad. Ese día el exinspector lanzó artefactos explosivos contra las sedes oficiales, que no dejaron víctimas fatales, para unos se trató de “un show y cortina de humo” del Gobierno para aplacar el ruido que generaban en ese momento las protestas antigubernamentales y para otros “el mesías que acabaría” con el régimen.
Por meses el piloto hizo apariciones en redes sociales y programas de televisión, también protagonizó el robo de armas a un cuerpo militar, en el que exhortaba a los funcionarios a rebelarse contra el Gobierno, en ese momento Pérez daba fe de vida de los rehenes y dejaba claro que “no eran asesinos”. A pesar de las dudas que generaba su imagen, la tesis de que eran un grupo sublevado cobraba fuerza, más aun, cuando el régimen lo solicitaba como el criminal más buscado de Venezuela.
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El 15 de enero alrededor de las 12 del mediodía no hubo más videos de Pérez y su grupo, ya los últimos anunciaban que la negociación de entrega no marchaba bien, al vérseles ensangrentados y, escuchar las ráfagas producidas por armas de guerra, lo que llevó a Pérez a asegurar que la orden era «asesinarlos», «señores no quieren que nos estreguemos, nos quieren matar».
En uno de los audiovisuales indicaban a sus captores que se rendían, que había civiles,mujeres y niños en el lugar, que deseaban entregarse. Sin embargo un audio policial difundido por la cadena de noticias Univisión el 2 de febrero da constancia de que el grupo seguía con vida al momento de la aprehensión, pero, unas dos horas más tarde los cuerpos fueron llevados a la morgue de Bello Monte.
El acta de defunción que fue entregada a los familiares de las víctimas dio pie a la presunción de que lo que ocurrió aquel lunes en El Junquito, fue una «ejecución extrajudicial», pues los documentos revelaron que todos presentaban disparos en la cabeza.
Casi 24 horas después del hecho, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó la muerte de las siete personas. El pronunciamiento del fiscal general designado, también era esperado por la población, no obstante, llegó tarde y con pocos detalles.
Tarek William Saab, se limitó a expresar una semana después del acontecimiento las condolencias a los familiares de las víctimas, hasta la fecha no hay una investigación formal por parte del Ministerio Público de si se trató de una “ejecución extrajudicial” como ha sido calificada por expertos y defensores de derechos humanos.
Los seis días que transcurrieron hasta el entierro de los asesinados, fue para los familiares un eterno viacrucis, pues las autoridades se negaban a entregar los cuerpos y eran muchos los rumores que agarraban fuerza a medida que pasaba el tiempo sobre la posible cremación que pedían autoridades del Gobierno.
La población repudió el hecho y los intelectuales y activistas hacían énfasis en que en Venezuela “no hay pena de muerte”.
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Luego de 30 días del crimen son más de 32 las detenciones que se contabilizan, en la que se involucran a personas cercanas a Pérez por nexos sanguíneos o laborales, así como oficiales y familiares del resto de hombres que perecieron el suceso.
La Asamblea Nacional creó una comisión para investigar el hecho, la cual ha denunciado «graves» casos de violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Hasta la fecha el caso Pérez genera más dudas que respuestas.
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