Viejas y nuevas prácticas de censura coinciden en este universo de restricciones en Venezuela y Nicaragua. ABC de la censura: el miedo es la tercera entrega de un seriado sobre violaciones al estado estado de derecho y la libertad de expresión, que nace de la alianza informativa entre TalCual y La Prensa, de Nicaragua
Públicos o desconocidos. Mujeres u hombres. Civiles y militares. De izquierda o derecha. Abogados, amas de casa, cantantes, políticos. Camarógrafos, testigos electorales, deportistas, médicos, estudiantes. De distintas edades, incluso menores de edad. Provenientes de la clase obrera, la academia o el sector empresarial. Sanos o enfermos. Nacionales y extranjeros. Nunca un patrón fue tan inclusivo en Venezuela. Son esos los perfiles de los que han estado tras las rejas, después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, acusados de una diversidad de delitos, que los arroja a un abismo de censura e indefensión, con una historia que se repite en Nicaragua. Pero, indistintamente del rol que cada uno ocupe, todos son seres humanos: con padres, hijos, tíos, parejas, amigos y hermanos que esperan su libertad, porque son inocentes. En enero de 2025, en el marco de una investidura presidencial, se han exponenciado las detenciones arbitrarias.
Durante el desarrollo de esta investigación «fueron excarcelados todos los adolescentes detenidos», de acuerdo a lo que comunicó la ONG venezolana Foro Penal el 24 de diciembre de 2024, a pocos minutos de la Nochebuena. En el mes de diciembre también salieron de prisión Ana Carolina Guaita, Fernando Chuecos, Yousner Alvarado, Paúl León, Gilberto Reina y Deysi Peña, profesionales de la comunicación: fotógrafos, periodistas y camarógrafos. Excarcelados todos, pero sin libertad plena, al tener que comparecer con regularidad ante tribunales.
Casi todos los casos se identifican con el patrón de la opacidad en la que fuentes judiciales, de ONG y de las propias víctimas guardan silencio, para evitar cualquier tipo de comunicación con los medios privados, para evitar que se revierta cualquier beneficio o la tan ansiada excarcelación de los que todavía no salen.
«Ni Foro Penal, ni Provea. A veces hacemos investigaciones en las que estas y otras ONG se inhiben de participar, ignoran solicitudes de entrevistas o si responden alegan no estar facultadas para hablar de temas de los que siempre se han pronunciado y siguen desarrollando a través de redes sociales o ruedas de prensa, pero no en entrevistas exclusivas a algún medio, en este nuevo esquema de guardar silencio por prudencia. Un silencio impuesto que no los representa y que se sabe es involuntario», señala un reportero, cuya identidad pidió no ser revelada.
No hablar con la prensa. Es la instrucción que reciben los familiares de los excarcelados, quienes resultan ser los primeros sorprendidos al escuchar las voces de sus hijos en la puerta de sus casas, revela Crónica Uno en su investigación Mamá, ábreme, Soy yo: la vuelta a casa de un joven detenido en la crisis poselectoral, con fecha de publicación del 26 de diciembre de 2024.
En el texto Crónica Uno centra su relato en “Andrea”, madre de un joven detenido en el estado Carabobo, que se reserva por seguridad las condiciones de su boleta de excarcelación. «Má (mamá), ábreme. Soy yo», escuchó la madre de este joven, que naturalmente dudó para evitar falsas expectativas. Pero era su hijo, en la entrada de su casa. «Empecé a gritar como loca: ‘¡Dios, mi hijo!’. Con decirte que abrí la puerta de la sala, pero no le abría la puerta a él del porche. Hasta que él me dijo: Pero, má, ábreme», insistió el joven.
En esa misma línea, los medios digitales han puesto en evidencia la situación de los presos políticos, a la sombra del desempeño del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. «Aunque digan que todos los adolescentes fueron excarcelados, mi hermano permanece en un retén. Nuestro padre fue con otros familiares y conversó con el fiscal Tarek William Saab. Él le aseguró que todos los adolescentes serían puestos en libertad, pero en este sector hay otros dos muchachos y mi hermano que siguen detenidos», expresó a El Pitazo la hermana de un adolescente, de 16 años, procesado por terrorismo e incitación al odio.
Desaparecidos y presos políticos de los regímenes del Caribe
El Carabobeño, por su parte, denunció la historia de un menor de edad de 17 años, con cargos de terrorismo, resistencia a la autoridad e incitación al odio. Su madre precisó a este medio digital de origen impreso que su hijo fue detenido sin participar en protesta política, sólo por transitar en una moto durante en la calle en los días de protesta poselectoral. El primer día que lo vio, después de confirmado su encierro, vio que «estaba muy golpeado, la cabeza llena de chichones, las costillas con moretones porque les daban con los cascos y también patadas. Tenía tres días sin tomar agua ni comer, durmiendo en un piso lleno de piedras. Le pusieron electricidad porque querían que grabara un video diciendo que María Corina Machado les había pagado para protestar», comentó su madre a El Carabobeño.
En el reportaje Mamá, ¿qué significa fascista?: adolescentes acusados de delitos que ni siquiera conocen, con fecha del 5 de octubre de 2024, TalCual señaló la situación a la que han sido expuestos los adolescentes detenidos y sus madres tras la elección presidencial del 28 de julio.»Hoy tuve visita con mi hijo. Me la dieron de cinco minutos porque él tuvo un episodio suicida. Me dijo ‘Mami, te amo pero ya no aguanto. Mami, me voy a matar’. Tuvo un evento horrible. Me dijo que ya no aguanta más. Ahí lo han maltratado mucho, demasiado», relató.
Otra madre, del estado Carabobo, denunció que a su hijo «le metieron electricidad… tanto, que le quemaron las tetillas. Yo personalmente le pedí al abogado de Valencia que le hicieran el examen médico forense porque estaba bastante golpeado. El primer día que lo ví, por donde lo tocaba o se movía le dolía. A su amigo que acababa de cumplir 18 años le partieron la cabeza, y cuando él vio que estaba bañado de sangre accedió a hacer un video», explicó a este medio digital.
Ante las recurrentes excarcelaciones del mes de diciembre, sin embargo, algunos familiares de las víctimas piden con insistencia a la prensa que baje de sus sitios web los reportajes que voluntariamente solicitaron para la liberación de los arrestados. «Naturalmente, tienen miedo de que se les revierta algún beneficio procesal y son coaccionados a retractarse o guardar silencio. Las ONG de derechos humanos, en este esquema de censura, también callan y evitan dar entrevistas exclusivas selectivas a algún medio de comunicación en particular, más allá de las ruedas de prensa o mensajes en redes sociales», coinciden dos periodistas de medios digitales de origen impreso.
En el tablero internacional se entiende como terrorismo las acciones perpetradas por Al Qaeda, ELN, ETA, Estado Islámico y las FARC. En Venezuela, entretanto, este delito se le atribuye a menores de edad, fotógrafos, periodistas, miembros de ONG, partidos políticos y cualquier persona. Incluso peatones que vayan caminando sin participar en protesta alguna. Julio Montero, filósofo argentino de la Universidad de Buenos Aires, considera que este tipo de prácticas en Venezuela recuerda a las del stalinismo, «al no querer renunciar a un basamento de legalidad. No quiere presentarse ante sí mismo y la sociedad como una dictadura. Necesita presentarse como un gobierno legítimo, de base democrática y de acuerdo al estado de derecho», señala el experto, exdirector de Amnistía Internacional Argentina.
Ante la imposibilidad de hacer entrevistas que comuniquen la situación del estado de derecho sobre las detenciones arbitrarias (desde la voz de los familiares de las víctimas), el enfoque de ABC de la censura se inspira en el miedo que que se respira en los penales, calles y hasta la intimidad de los hogares, desde el repaso de algunos perfiles diversos, ya reseñados y asistidos por la prensa en Venezuela y Nicaragua.
Buen hijo, buen tío, buen hombre
Virgilio Laverde, joven médico de 24 años, no pudo asistir a su acto de grado en la Universidad de Oriente (UDO). Sin orden judicial fue detenido cuando salía de su residencia en la parroquia Catedral de Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar el 15 de agosto de 2024. La situación de Virgilio forma parte del seriado Derechos Olvidados del medio digital Runrunes, publicado el 6 de septiembre de 2024, donde se consideró el testimonio de Francisco Javier Yruiz, amigo y compañero de militancia en Vente Venezuela: organización política de María Corina Machado.
«Nos prepararemos arduamente para las primarias y también para las pasadas elecciones. El siempre ha luchado por querer una mejor Venezuela y por ello hizo un trato con sus padres de no irse del país y graduarse en la universidad, es del tipo de persona que si debía quedarse estudiando toda la noche para hacer política durante el día, lo hacía, no descuidaba sus estudios ni tampoco el trabajo de activismo político», expresó Francisco Ruiz Yruiz sobre su amigo, amante de la medicina y de la política, como coordinador juvenil de Vente Venezuela.
Radio Fe y Alegría, de igual manera, dio a conocer más detalles del jóven médico, más allá de las salas de emergencia, bisturíes, electrocardiogramas y otros elementos de su vida profesional, como médico de la Universidad de Oriente.
Médico y activista de Vente Venezuela tras las rejas
Virgilio creció en un entorno familiar numeroso, rodeado de sus padres, tíos y más de diez primos; las fiestas de cumpleaños eran un motivo para compartir entre todos. También se reunían para celebrar los eventos tradicionales, como carnaval, tan celebrados en la región a la que pertenece.
Su familia lo reconoce como un hijo, hermano y tío lleno de virtudes, dulce y pacífico. Virgilio siempre demostró vocación por ayudar a quien lo necesitara. «La cantidad de personas que quieren a mi hijo es por su forma de ser: es un ser humano único. Siempre ha sido entregado a su vocación», señaló su madre a Radio Fe y Alegría.
«El mejor momento para estudiar Derecho»
De verbo preciso y reflexivo. De convicciones verticales. Aplaudida entre las corrientes de pensamiento ético y libre. De esta manera se le conoce a Rocío San Miguel, con un respeto entre civiles y militares, con un profundo apego a la justicia demostrado en los juzgados y en la opinión pública. La abogada, directora de la ONG Control Ciudadano y articulista de TalCual fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira.
Su detención está asociada a la investigación de una supuesta trama de conspiración denominada “brazalete blanco” por presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Con incidencia en el ámbito civil, militar y de derechos humanos, San Miguel sigue en situación de encierro
Para el reportaje El Derecho en tiempos de revolución del impreso TalCual, Rocío San Miguel fue entrevistada junto a un estudiante de Derecho de la misma alma mater donde se tituló en pregrado, que los llevó a estudiar en la misma universidad, pero en épocas distintas. Con otra Constitución y nuevos poderes públicos. Desde esta perspectiva de encuentro generacional la abogado regresó en 2011 a la sede de la Universidad Santa María, campus La Florencia en Caracas, para repasar sus mejores años de carrera y los ideales que la mantenían firme en la defensa de derechos humanos.
«Yo inicio mi carrera en la década de los noventa en un país lleno de esperanza y con necesidad de grandes transformaciones. Lamentablemente, el devenir político y social no ha coronado este propósito. Por eso este no sólo es el momento para estudiar Derecho, sino todo lo que requiera el país. La ruta electoral se ha edificado como un proceso de ingeniería política, fundado en una renta petrolera infinita. Estamos en un proceso histórico de deterioro de las instituciones que van a implosionar espero que no sea de forma violenta para dar paso a un mejor país», vislumbró San Miguel en esta entrevista del 30 de junio de 2011, con palabras cargadas de una valoración intuitiva de la historia y de los años por venir.
Antes de finalizar 2024, se conoció que la abogado sería sometida a una intervención quirúrgica por una fractura en su hombro. Ante la posibilidad de ampliar detalles sobre su estado de salud y el acceso a su familia, para hablar desde su rol de madre, hermana o amiga, su abogado Juan González Taguaruco y el hermano de la abogada, José Manuel San Miguel, no contestaron a la solicitud de entrevista, en esta configuración de miedo y silencio social para intentar preservar la integridad de sus seres queridos.
«¡Voy rumbo a la casa con mi muchacha!»
Arianna Pinto tiene 20 años y padece insuficiencia renal. Una denuncia sin fundamento, dice su madre, la convirtió en otra de los miles de detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, reseñó el medio de origen digital El Pitazo el 30 de noviembre de 2024, con un seguimiento particular a su situación, hasta que finalmente fue excarcelada en el mes de diciembre.
Con un perfil multisíntomas, desde los 10 años fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo I. A los 19 se le detectó hipertensión arterial crónica. Su enfermedad se agravó desde el 1 de agosto de 2024, cuando quedó privada de libertad.La acusación de terrorista y de instigadora de odio la sumió en una crisis de ansiedad que concluyó en una insuficiencia renal crónica: se hinchó de pies a cabeza y convulsiona casi a diario, informó El Pitazo de acuerdo al relato recogido por su familia.
Después de complicaciones médicas bajo custodia del Estado, Arianna Pinto está de vuelta entre los suyos
La información reseñada también da cuenta del esfuerzo de la madre de la víctima para costear su tratamiento, al punto de hacer rifas para cubrir la atención médica que no recibió cuando su hija estaba bajo custodia del Estado. «Me ha tocado batallar duro aquí en el hospital y en los tribunales. No hay derecho a castigar así a una familia humilde y sin recursos económicos», relata Elizabeth Pinto a El Pitazo en entrevista telefónica realizada el 26 de noviembre.
Pero la excarcelación finalmente llegó. «Voy rumbo a la casa con mi muchacha», comentó finalmente la madre a El Pitazo, sin dar explicación, ni detalles. La acusación de una jefa de las Uninidades de Batalla Hugo Chávez, UBCH, bastó para que la acusaran de terrorismo e instigación al odio, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
La sutileza del labial, creatividad y estrategia
El arte visual es su talento. Planificar, proyectar, ejecutar. Prudente y con sentido de oportunidad. Directora creativa, con amplia experiencia en la producción audiovisual y de entretenimiento en televisión abierta. En la política: una estratega, sin mayor exposición pública ni vocería. Productora ante todo, Magallí Meda es la mano derecha y la izquierda de María Corina Machado. Su amiga y elemento de confianza, lo cual le valió una persecución junto a sus compañeros de fórmula Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Pedro Urruchurtu, quienes permanecen todos asilados en la Embajada de Argentina de Caracas, donde denuncian estar bajo asedio con cortes los servicios de agua, electricidad e internet y donde denuncian la presencia de francotiradores que los monitorean permanentemente, desde edificaciones cercanas.
Presa política, pero no de pensamiento, Magallí Meda permanece en la Embajada de Argentina
«De Magallí tengo el mejor concepto como mujer. Perfeccionista, prudente y detallista. El labial rojo lo convirtió en un instrumento de protesta, después del 28 de julio. Sin tener origen político, supo leer al país y se terminó convirtiendo en jefa de campaña de María Corina Machado y Edmundo González. La lealtad la define, su coherencia y rectitud, porque es una mujer que trasciende por ser libre, aunque la Embajada de Argentina sea su cárcel y también su refugio», declaró para esta investigación un allegado a Meda.
Ubicada al hemisferio norte de Venezuela, Nicaragua vive su propia tragedia. Juan Lorenzo Holmann, nicaragüense y gerente general del diario La Prensa, fue privado de libertad el 14 de agosto de 2021 y durante 17 meses, por presunto lavado de dinero, tras un allanamiento a la sede de este periódico, finalmente confiscado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con nueve años de condena, finalmente fue excarcelado a sus 545 días de prisión entre un grupo de 222 presos políticos, lo cual le permite conectar con la situación de los venezolanos Gabriel González, Jesús Armas, Roland Carreño, Magallí Meda, Luis Palocz, Carlos Julio Rojas y el gendarme argentino Nahuel Gallo, acusados por otros delitos políticos.
«No se le puede buscar la lógica a lo que hacen estos regímenes, porque todos están impulsados por la perversidad. Para poderlas entender, habría que ser perverso. A mí me detuvieron el 14 de agosto de 2021 y mi juicio fue el 22 de marzo del año siguiente, con un retardo procesal impresionante. Ellos me acusan de lavado de dinero, por una documentación contable de la fundación Violeta Vargas de Chamorro, que estaba dentro del periódico, sin que se determinaran elementos concluyentes para poder mantener esa acusación, que es falsa», señaló el gerente general de La Prensa, parte de la familia Chamorro.
De esta manera, se adelanta a pensar que «con o sin esas cajas de la fundación Violeta Vargas de Chamorro igual me habrían acusado de cualquier cosa, como la acusación de traición a la patria, que también me imputaron, junto a una multa de tres millones de dólares», precisó desde Estados Unidos Juan Lorenzo, excarcelado del régimen Ortega Murillo y desnacionalizado, en una claro atentado a su derecho a la identidad.
Como excarcelado del régimen Ortega Murillo, ya no exiliado en Guatemala sino en Estados Unidos, el periodista nicaragüense Víctor Ticay relata cómo ha sido su nueva vida desde diciembre de 2024 cuando llegó a Norteamérica. «Este proceso de transición de territorio ha sido muy ajetreado, porque ya en Nicaragua me despojaron de todo lo que me importa: mi familia, mis bienes, mi tierra, mi nacionalidad. Estoy con mi esposa adaptándonos desde cero. El Gobierno de Estados Unidos nos está dando apoyo para vivir y trabajar de manera legal. Al momento de esta entrevista está ya en curso el permiso social sucurity, para movernos con tranquilidad. A diferencia de Nicaragua, en Estados Unidos nos sentimos seguros porque podemos expresarnos libremente».
Precisa, sin embargo, que su tranquilidad nunca será completa mientras tantos inocentes sigan presos o, peor aún, desaparecidos como su colega nicaragüense Fabiola Tercero. «¡Claro que estoy feliz por estar libre! Pero por eso le pido a Dios por Nicaragua y sus presos de conciencia, por mis compañeros de celda y en especial por Fabiola, cuya ubicación se desconoce. Es un sentimiento agridulce, porque estoy libre… pero no estoy en Nicaragua, ni están libres todos los que merecen estarlo. Como periodista también es difícil no conectar con Venezuela. Esperemos que el amor propio de los venezolanos los lleve a respaldar su institucionalidad. La libertad de Venezuela sería inspiración para Nicaragua y toda América, saliendo de ese túnel oscuro».
Al igual que Fabiola Tercero en Nicaragua se conoció en Venezuela la desaparición de Carlos Correa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. La situación del periodista Correa es un mensaje que afecta en doble vertiente a las ONG y al gremio periodístico. «Previo a levantar la alerta por la desaparición, el equipo legal de Espacio Público acudió a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela y El Helicoide, así como de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Maripérez, para intentar conocer la ubicación de Correa», reseñó el medio digital Crónica Uno, con fecha del 7 de enero de 2025.
La desaparición de Carlos Correa ocurrió el mismo día en que se conoció la desaparición y detención de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el concejal de Angostura del Orinoco Jeremy Santamaría; y Enrique Márquez, ingeniero eléctrico y excandidato presidencial de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 que desconoció los resultados anunciados por el CNE.
Presos políticos llenan cárceles y hasta una embajada en Caracas
Cuando las fuentes callan
Rigoberto Lobo, director venezolano de la ONG Promedehum, califica la situación de Juan Lorenzo Holmann y Víctor Ticay en Nicaragua como parte de lo que se denomina represión trasnacional, «con la desnacionalización de la disidencia, que representa la muerte civil de las personas, con el fin de limitar sus capacidades en el exilio, así como ocurre con la anulación de pasaportes en Venezuela a trabajadores de la prensa, miembros de ONG y partidos políticos», advierte Lobo.
Con relación al silencio de las ONG, un estudio de Promedehum establece que el “86% de estas organizaciones tiene miedo a expresarse sobre el trabajo que realizan, en entrevistas a medios o en redes sociales. De los defensores de derechos humanos en el exilio, 54% tiene miedo en los países de acogida, precisamente por la represión transnacional. Los periodistas, por su parte, cambian sus nombres en grupos de Whatsapp, Signal y Telegram, porque no necesariamente saben con quiénes comparten opiniones en esos grupos. O si al editar sus nombres o fotos dentro de estas aplicaciones existen otras personas distintas a las que dicen ser, limitando el tejido asociativo basado en el miedo”.
Este informe precisa también que el 96% de las ONG venezolanas han sido citadas por el Estado para conversar sobre asuntos regulatorios y el 71% víctimas de acosos digitales, con hackeo de sus páginas web.
La periodista argentina Carolina Amoroso, que dedicó su Premio Martín Fierro 2024 a Venezuela, resalta la importancia del rol de la prensa internacional, en medio de esta situación de altísimo riesgo para los medios venezolanos y fuentes de consulta. «Existen periodistas en Venezuela haciendo una labor heróica. El deber moral de los que estamos afuera es replicar buena parte de esos trabajos hechos con tanta calidad y esfuerzo. Con relación a Nicaragua, la situación de derechos humanos es gravísima. Es un régimen consagrado en papel, con normas propias de una tiranía. Duele mucho la tragedia de Nicaragua, con ciudadanos que han sido desnacionalizados y desterrados», señala Carolina Amoroso, quien asegura haber sido advertida en sus propias coberturas noticiosas las maneras de adecuarse en contextos hostiles.
Esto ocurrió puntualmente en Caracas «donde recibí un mail del Ministerio de Comunicación e Información, para todo el equipo de Todo Noticias, con un recordatorio de la Ley contra el Odio, por la cobertura de la elección presidencial. Desde Venezuela han surgido redefiniciones en la manera de informar, con el uso de avatares de inteligencia artificial que protegen la identidad de los reporteros. ¡Es una enorme creatividad! Sin embargo, yo no quiero que ningún colega deba retirar su firma o su rostro de una nota informativa, para poder sentirse seguro. No queremos tampoco más detenciones como la de Carlos Correa», repasa la periodista argentina.
Ante la nueva configuración del silencio social, en la editorial del 1 de enero de 2025 titulada El ejercicio del periodismo cruza el Rubicón TalCual comunicó la eliminación de las firmas en sus notas posteriores, para proteger la identidad de sus autores. Una práctica voluntaria empleada en otras salas de redacción en Venezuela, pero nunca sincerada como decisión editorial de cara a la opinión pública.
Dos días antes, el 30 de diciembre de 2024, el medio digital Prodavinci informó que por inviabilidad económica haría una “pausa” en la producción de contenido, hasta encontrar un modelo de sostenibilidad que les permita regresar a los servidores en línea. Una baja que se suma a otras conocidas como la del diario La Voz, TeleCaribe, Galáctica 100.7 FM y Radio Caracas Radio.
En horas de la tarde del 9 de enero se conoció la captura de María Corina Machado, tras ser interceptada en las calles de Caracas. Camuflada y vestida de negro, minutos después, se conoció su liberacion en videos difundidos por medios, influencers y periodistas al servicio del chavismo, en un hecho que dejó más dudas que certezas y que cruza las líneas de la información y desinformación. Poco después, en horas de la noche, se denunció la detención del coordinador de Vente Joven, Manuel Muñoz y del motorizado que trasladaba a María Corina, Roalmy Cabeza, de acuerdo con información suministrada por Machado. Asimismo, la desaparición de Julio Balza, periodista de su equipo de prensa institucional, cuya baja se suma al arresto del joven comunicador de Vente Venezuela Gabriel González el 17 de junio de 2024, semanas antes de la elección presidencial del 28 de julio.
Al occidente del país, en el estado Zulia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informaron la detención de dos profesionales de LUZ Radio, medio de comunicación de La Universidad del Zulia (LUZ). Se trata del reportero Leandro Palmar y su técnico de apoyo Salvador Cubillán, reseñó el medio digital Versión Final, de origen impreso. «El equipo periodístico se encontraba en la Plaza de La República ejerciendo sus labores portando solo sus instrumentos de trabajo. No hay justificación alguna para su aprehensión», denunció el CNP Zulia. Ambos fueron acusados de terrorismo.
Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, alertó en un encuentro con corresponsales internacionales sobre una inminente “nicaragüización” de Venezuela, tras un nuevo anuncio de reforma constitucional por parte de Maduro, a pocas semanas de conocerse la reforma a la Carta Magna de Nicaragua, que plantea el cargo inédito de un copresidente, inspirado en la figura de la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, que lo sucedería en el poder en caso de que éste llegare a faltar, anulando la posibilidad de hacer elecciones transparentes.
En Venezuela, el oficio del periodismo está siendo empujado a una fase inicial de clandestinidad que va avanzando en todas las direcciones posibles. Sí, con ciudadanos que declaran de espalda a las cámaras para evitar que sus rostros sean reconocidos; marcas informativas que desaparecen, nuevas detenciones arbitrarias, ONG y demás fuentes de consulta que reducen al mínimo su exposición; así como fotógrafos y periodistas que no identifican con sus nombres los trabajos de su autoría, pasando entonces al anonimato profesional con lesiones a la memoria histórica que también reconoce Nicaragua como propia, en este ABC de la censura y el miedo.
“Qué dirán los que mandaban. Qué dirán sus compañeros. Quién sabrá que al verse morir siguió creyendo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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