Abogado del concejal Albán asevera que extracción de data de su celular es “ilícita”
El abogado confirmó que le dictaron una medida de prohibición de salida del país y le anularon su pasaporte, a pesar de no tener ninguna investigación judicial en su contra
El abogado del fallecido concejal Fernando Albán, Joel García, aseveró que los datos que extrajeron del celular del dirigente opositor fueron obtenidos de manera “ilícita” por parte de las autoridades, ya que no había una solicitud judicial para ello.
Así respondió el jurista a lo dicho por el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, que dijo que en el teléfono del edil se habían encontrado 1.272 notas de voz y audio, 1.200 documentos en whatsapp, chats y correos; además de 2.084 vídeos.
Según Saab, “muchos de esos vídeos pudieran explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán al atentar contra su vida”.
Pero el abogado García reveló que el domingo 7, cuando tuvo acceso a las actas con las que presentarían al dirigente de Primero Justicia ante tribunales, éstas solo incluían la orden de aprehensión y el acta policial del Sebin para detenerlo en el aeropuerto internacional de Maiquetía, pero no el teléfono celular al que hizo referencia el fiscal Saab.
“Si existen tales vídeos en el móvil del concejal Albán, quiero decirle que cuando una persona muere y hay una investigación contra ella, se extingue la acción penal. Mal podría haber salido un contenido, porque no hay tribunal que lo haya autorizado. Si bien es cierto que la extracción del contenido de la data del teléfono es legal, deja de ser legal cuando se obtiene de manera ilícita, y esa obtención es ilícita”, afirmó el abogado.
En una entrevista para Unión Radio, García exhortó a que muestren los vídeos de las cámaras de seguridad que se encuentran en los edificios alrededor del Sebin en Plaza Venezuela, para comprobar y corroborar si se trató de un suicidio o no.
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Además, sostuvo que las declaraciones dadas por Saab el 10 de octubre “lejos de aclarar la situación, la enturbió más. Dio una nueva versión, un poquito más cercana a la del ministro Reverol”, y además, juzgó “a priori” la muerte del dirigente político opositor, al decir que era un suicidio durante su primera alocución el 8 de octubre sobre el caso.
Reiteró que existen tres versiones sobre la muerte del concejal Albán, que no satisfacen a sus abogados y familiares.
También indicó que si el fiscal general pretende “acallar el clamor general” que considera que el concejal no se suicidó, dejaría de llamarse defensor de derechos humanos. “Si se atreve a divulgar contenidos que tal vez sean muy personales, el cargo le sobra”.
García dijo que el concejal Albán sufrió presiones psicológicas durante su estadía en el Sebin, pues le obligaron a hacer un vídeo para que incriminase al diputado opositor Julio Borges en el “atentado” contra Maduro el pasado 4 de agosto.
“Le llegaron a decir que si hacía el vídeo, salía en libertad inmediatamente. También le dijeron que Juan Requesens saldría en libertad primero porque ya había hecho el vídeo”, destacó.
El abogado también confirmó que le dictaron una medida de prohibición de salida del país y le anularon su pasaporte, a pesar de no tener ninguna investigación judicial en su contra.
