Abogados apelaron condena de 16 años contra seis sindicalistas
El grupo de sindicalistas fue apresado en distintos procedimientos en julio de 2021, ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento
Los abogados de los sindicalistas y activistas Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alonso Meléndez presentaron el recurso de apelación ante la condena a 16 años de prisión impuesta por la jueza Grendy Duque, a cargo del Tribunal Segundo nacional con competencia en terrorismo.
El recurso fue entregado en la Corte de Apelaciones de Caracas y firman los seis abogados que representan al grupo. Los sindicalistas fueron condenados por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, pero su defensa alega que durante el juicio no se presentaron suficientes elementos o testigos que comprueben los cargos que les fueron imputados.
El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, defendió el procedimiento judicial un día después de dictarse la sentencia durante una rueda de prensa.
Según Saab, durante el juicio no se mostró evidencia de que fuesen sindicalistas y vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Ángelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional quien se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
El grupo de sindicalistas fue apresado en distintos procedimientos en julio de 2021, ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
A raíz del caso, expertos de Naciones Unidas consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores». El gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, tildó de «irresponsables» dichas afirmaciones.
