Abran paso, por Teodoro Petkoff
La designación de la nueva directiva de Pdvsa, encabezada por Alí Rodríguez, configura el primer (e importante) paso concreto por la senda de rectificación que ha anunciado el Gobierno. Esos nombramientos, conversados con la representación de los trabajadores y aprobados por éstos, entrañan el reconocimiento tanto de la legitimidad del conflicto laboral que se vivió, como de los criterios meritocráticos para la promoción de los gerentes y ejecutivos de la empresa. El significado político de este acto de gobierno no debe ser subestimado. En democracia, los acuerdos y negociaciones constituyen la base de la gobernabilidad y el único soporte firme para el ejercicio de la autoridad del Estado. En este caso, el Gobierno ha enviado una señal positiva para quienes se batieron esforzadamente contra el atropello y la arbitrariedad y ella debe resultar, sin duda, muy satisfactoria.
Ahora bien, en este terreno del diálogo destaca la Asamblea Nacional como escenario privilegiado para continuar desarrollando el encuentro democrático entre el Gobierno y sus adversarios. En el Parlamento la correlación de fuerzas se ha modificado sensiblemente. De una situación en la cual el Gobierno contaba con dos tercios se ha pasado a una en la cual los dos bloques, el oficialista y la oposición, están, para todo efecto práctico, empatados. La Asamblea ha reflejado los cambios de la correlación política en la sociedad y, obviamente, ya no se puede continuar repitiendo que está «sólidamente» controlada por el Gobierno. Ahora sus decisiones sólo pueden ser fruto de acuerdos entre las partes y no de la imposición de aplanadoras. Es un salto significativo en el camino de restablecer el sistema de equilibrio entre los poderes públicos, decisivos para la vida democrática.
Hay temas que están pendientes en el Parlamento. Tres son capitales en lo inmediato: la revisión de las leyes producto de la Habilitante, la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y la revisión del Poder Ciudadano. La pronta conformación del CNE, que ahora debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución y no dentro del marco de aquella inefable transitoriedad eterna, que sirvió de coartada para que el Gobierno vulnerase la normativa constitucional a placer, constituirá, sin duda, otra contribución para ir estableciendo pautas democráticas en las relaciones entre el Gobierno y la sociedad.
Análogamente, la Asamblea debe asumir los debates sobre otros aspectos de la agenda política. Temas como el de la reinstitucionalización de la FAN (es necesaria una enmienda en la Constitución, que restablezca el carácter no deliberante de la institución castrense); el desarme de los grupos de choque y en general toda la temática de los círculos bolivarianos; la revisión de las leyes habilitadas y la aprobación de la legislación sobre seguridad social (para la cual lo lógico sería acoger sin más dilación los proyectos elaborados por la comisión que presidiera Isaías Rodríguez), son algunos de los puntos de la agenda política alrededor de los cuales pueden construirse acuerdos básicos entre los protagonistas. La gran mesa para el diálogo político está montada; es el Parlamento. Lo que falta es establecer los puntos del orden del día para el debate.
