Academia de Economía: Situación es «angustiosa» y salario mínimo perdió 80% de su valor
Los académicos que integran la ANCE reiteraron su preocupación por la situación nacional, especialmente la de quienes dependen del salario mínimo que perdió «más del 80%» de su poder adquisitivo en un año. «A menos que se optimice la dimensión del Estado en función del disminuido tamaño de la economía, se impulse la eficiencia en la gestión de sus recursos, se combata la corrupción y se recupere la credibilidad en la política económica y las instituciones responsables de su definición y gestión, será muy difícil recuperar la confianza en la economía». Instan a «romper con la práctica de aumentos salariales por decreto, financiados con improvisados impuestos regresivos o la emisión monetaria sin respaldo productivo»
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) expresó su preocupación por «la angustiosa situación económica en la que viven muchos venezolanos» como «consecuencia de la incapacidad de la actual administración para promover y satisfacer adecuadamente las necesidades vitales de la población», y destaca que «estimaciones confiables llevan a concluir que el ajuste en el salario mínimo realizado en marzo de 2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero del presente año», esto ante la falta de datos oficiales por parte del Banco Central de Venezuela.
«El salario mínimo mensual, equivalente a 30 dólares hace un año, hoy apenas supera los cinco dólares. Tal deterioro revela niveles de remuneración realmente deplorables para una parte significativa de la población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia, requeridas en la Venezuela de hoy», precisa el comunicado con fecha 13 de marzo, titulado «La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante el crítico nivel de ingresos de la población venezolana».
«Es muy escaso el financiamiento a la actividad económica, el deterioro de los servicios públicos es severo y hay un rezago significativo en las remuneraciones a los empleados del Estado con relación al alza de precios». Los académicos recuerdan que esa corporación actúa «en atención a sus competencias, como ente asesor en asuntos relacionados con el manejo de la economía» y «manifiesta su disposición a contribuir a la formulación e instrumentación de las políticas, acciones y correctivos».
«Las remuneraciones están constreñidas por la productividad laboral, sumamente baja en la economía venezolana como resultado de las medidas de desestímulo y acoso a la actividad productiva aplicadas durante años por el Estado. Pero el nivel de remuneraciones se resiente aún más por la instrumentación de la política antiinflacionaria, de fuerte corte contractivo, aplicada en los últimos años».
Critican que el gobierno «ha buscado contener la liquidez monetaria con la intención de estabilizar el tipo de cambio (…) reduciendo drásticamente el crédito bancario y el gasto público».
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«Es preocupante el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y/o de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios. Ello es particularmente grave para los empleados del sector público, los pensionados y jubilados y aquellos que dependen de un salario mínimo; todos receptores de ingresos que hoy se encuentran en la parte inferior de la escala de remuneraciones», refleja el diagnóstico de los académicos que atribuyen «las razones de esta tragedia» a «la fuerte contracción de la actividad económica venezolana, reducida a aproximadamente la cuarta parte de la registrada en 2013, acompañada de desequilibrios acumulados en el ámbito monetario, fiscal y cambiario».
«Ello ha ocurrido, además, en el contexto de una producción petrolera muy disminuida y del aislamiento virtual del Estado venezolano de las principales fuentes de financiamiento internacional, dada la cesación de pagos de la república y de Pdvsa sobre sus deudas y obligaciones».
Citan como agravantes de la crisis gestada desde el gobierno que «los ingresos externos son precarios», «el agotamiento de las reservas internacionales reportadas por el BCV» y «la ausencia total de información en torno a los activos externos del Bandes y Fonden».
«La ANCE alerta que, a menos que se optimice la dimensión del Estado en función del disminuido tamaño de la economía, se impulse la eficiencia en la gestión de sus recursos, se combata la corrupción y se recupere la credibilidad en la política económica y las instituciones responsables de su definición y gestión, será muy difícil recuperar la confianza en la economía, incentivar la inversión privada y la generación de puestos de trabajos bien remunerados. Ella es la vía para romper con la práctica de aumentos salariales por decreto, financiados con improvisados impuestos regresivos o la emisión monetaria sin respaldo productivo, que perpetúan las presiones inflacionarias, y no se reflejan en una mejora del poder de compra de los trabajadores».
Las condiciones descritas llevan a la ANCE a insistir en la necesidad imperiosa de un cambio fundamental en la orientación de las dinámicas económicas, basada en la restitución del Estado de derecho, lo que implica la redención de los derechos civiles y económicos contemplados en nuestro ordenamiento constitucional, así como la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, de manera de restablecer la confianza requerida para promover la inversión e incentivar la actividad productiva.
«Cabe destacar, además, que avanzar en el respeto pleno al Estado de derecho ha sido planteado por aquellos gobiernos que han impuesto sanciones al BCV, PDVSA y a otros entes públicos, como condición fundamental para su flexibilización. Ello abrirá las puertas, asimismo, a las posibilidades de restablecer las relaciones de la República con los organismos financieros multilaterales y, con ello, contar con su apoyo para llegar a acuerdos con los acreedores internacionales a fin de reestructurar la deuda pública externa, junto con la concertación de un programa de estabilización y reformas estructurales orientadas a la rápida recuperación del país».
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«Por último, el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales debería ofrecer, también, condiciones para confiar en la restitución de las posibilidades de alternabilidad en la conducción del Estado por medios electorales, contemplados en los Principios Fundamentales de nuestra Carta Magna, base para la consolidación de nuestra democracia y la concertación de acuerdos para la recuperación económica y social del país».
