Acceso a la Justicia: «Hay más control que antes y poca rendición de cuentas» del Estado
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, resaltó que hay leyes que fueron promulgadas o reformadas el año pasado y «están enteramente inaplicadas. Hay reformas como la del COPP (Código Orgánico Procesal Penal) que no se han aplicado en su totalidad, pero hay leyes como la de protección a víctimas o las reformas que incluyeron a la Policía Nacional Bolivariana que no se han aplicado, son leyes que están pintadas en la pared»
La organización Acceso a la Justicia aseguró que hay mayores controles judiciales que en años anteriores «y poca rendición de cuentas» por parte del Estado venezolano, que prioriza decisiones judiciales que favorezcan al oficialismo por encima de la población.
La ONG presentó este lunes 12, de forma virtual, su informe 2022 sobre «El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela«. Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, aseguró que en la práctica «tenemos un Estado de hecho, no de derecho o justicia y persiste la falta de institucionalidad».
La situación no ha cambiado aún con las reformas legislativas implementadas en 2022, destacó Louza, pues no se han visto mayores cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría pública o la Dirección General de la Magistratura.
«En Venezuela, los jueces, fiscales y defensores siguen siendo provisionales, los magistrados siguen perteneciendo al partido de gobierno, no hay separación de poderes. Hay más control que antes y poca rendición de cuentas», señaló Laura Louza.
Además, afirmó que el TSJ «sigue dictando sentencias contrarias al ordenamiento jurídico venezolanos y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Venezuela, con tal de favorecer al partido de Gobierno».
Puso como ejemplo el caso Onapre, el cual considera va a terminar pasando a la historia debido a las violaciones continuadas a los derechos de los trabajadores. Acceso a la Justicia resaltó que el Tribunal Supremo de Justicia una vez más demostró la dependencia entre los poderes públicos, al sentenciar que no había rebajas impuestas de facto a los empleados de la administración pública, pese a las diversas denuncias de distintos sectores de este tipo de entes, alegando que no había un documento oficial que avalara dicha orden.
«En un Estado de Derecho, con esa argumentación, el resultado hubiera sido el contrario: si el acto de disminución e las remuneraciones no existe (vía de hecho), menos aún se puede rebajar, pues cualquier actuación del poder público requiere de un acto jurídico que lo fundamente (principio de legalidad), y si no existe, con mayor razón es inválido», destacó la abogada.
Mientras que Alí Daniels, codirector de la ONG, resaltó que hay leyes que fueron promulgadas o reformadas el año pasado y «están enteramente inaplicadas. Hay reformas como la del COPP (Código Orgánico Procesal Penal) que no se han aplicado en su totalidad, pero hay leyes como la de protección a víctimas o las reformas que incluyeron a la Policía Nacional Bolivariana que no se han aplicado, son leyes que están pintadas en la pared».
«De nada sirve cuando alguna norma se aplica cuando solo favorece a un sector de la población», destacó.
Daniels aseguró que si bien el panorama nacional es «desolador», en el plano internacional se ha avanzado para dar justicia a las víctimas. «Si bien no ha parado la máquina de reprimir, se han contenido. La comunidad internacional ha puesto el foco en Venezuela».
«Imagínese lo que ocurriría si el gobierno tuviera la certeza de que a la comunidad internacional y los organismos de protección no les importa la situación de Venezuela. Lamentablemente no ha habido un cese de las violaciones, pero lo peor que nos puede pasar es que nos convirtamos en una crisis crónica, que formemos parte del paisaje internacional y no nos hagan caso. Tenemos un ejemplo regional que es Haití (…) Tenemos que poner el foco el Venezuela para no ser una crisis olvidada», enfatizó el abogado.
Destacó la instalación y los informes, tanto orales como escritos, de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, como parte de esos mecanismos internacionales para denunciar la situación venezolana.
También reiteró la posición de la ONG sobre la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país, la cual responde al principio de complementariedad que se ha impuesto a esta instancia internacional, en lugar de una «paralización» de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde 2017.
Señaló que la Fiscalía de la CPI ha sido contundente en afirmar que en Venezuela las autoridades judiciales no han sido contundentes para investigar, enjuiciar y sancionar de forma verdadera graves violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
«No hay un cambio de postura sino una continuación de la misma (…) Hay personas que no conocen el tema de la Corte y consideran que el fiscal, al tener un trato diplomático con Nicolás Maduro, cambió de bando o posición pero eso no es cierto (….) La CPI y su Fiscalía son órganos con varios mandatos y uno de ellos es la capacitación en base a sus competencias», resaltó el director de Acceso a la Justicia.
Espera que la Sala de Cuestiones Preliminares II –que lleva el caso de Venezuela– pueda entregar su decisión sobre si continua la investigación en el mes de julio o durante el mes de septiembre, para que se avance con el proceso.
