Acceso a la Justicia: ANC no hizo la Constitución, anuló a la AN y persiguió a disidencia
Acceso a la Justicia enfatiza que la Asamblea Constituyente (ANC) no cumplió con su atribución de redactar una nueva Constitución, pero fue una herramienta para perseguir a la disidencia y consolidar el autoritarismo en Venezuela. El órgano usurpó las funciones del Poder Legislativo y desde sus inicios, en 2017, allanó el camino para ilegalizar a decenas de partidos políticos de oposición
Acceso a la Justicia enfatiza que la Asamblea Constituyente (ANC) no cumplió con su atribución de redactar una nueva Constitución, pero fue una herramienta para perseguir a la disidencia y consolidar el autoritarismo en Venezuela.
En el “Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente: su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela”, difundido este miércoles dos de diciembre, la Organización No Gubernamental (ONG) hace un balance de la constituyente, órgano que según anunció el gobernante Nicolás Maduro, en agosto de 2020, concluye funciones este mes.
La Asamblea Nacional Constituyente es un organismo creado en 2017 por el régimen de Maduro de manera unilateral e inconsulta, para obstaculizar el funcionamiento de la legítima @AsambleaVE de mayoría opositora #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 21, 2020
El artículo 347 de la Carta Magna establece como funciones de la ANC: Transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. De allí que la constituyente se va en mora.
«La instancia ha propiciado la consolidación de un régimen autoritario en perjuicio de los ciudadanos y el sistema democrático. Queda claro que la instancia ha aplicado un sistema jurídico desarrollado a partir de sus propias decisiones caprichosas, para así darle la estocada final al proceso de desmantelamiento del Estado constitucional de derecho que ocurre en Venezuela desde hace ya más de veinte años.», subraya la ONG.
Acceso a la Justicia añade que la constituyente, presidida por Diosdado Cabello, nació con el claro objetivo » de arrogarse las competencias parlamentarias y, en consecuencia, profundizar la obstrucción al funcionamiento del Poder Legislativo y la persecución de sus diputados». La usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional (AN), se refiere en el informe, no se puede ocultar.
«Desde 2017, cuando fue creada, la cuestionada instancia adoptó decisiones que sentaron las bases para ilegalizar a decenas de partidos políticos de oposición, todo en represalia por no haber participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. Solamente en el año 2019 se arrogó la potestad para levantar la inmunidad parlamentaria a veintidós diputados opositores”, puntualiza la ONG.
Recuerdan que la primera actuación del órgano fue el día de su instalación, el cuatro de agosto de 2017, cuando removió a a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La acción fue represalia luego de que, en abril de ese año, la funcionaria rompió con el Gobierno de Maduro al cuestionar las sentencias con las que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «prácticamente aniquiló a la AN».
Para la ONG, las actuaciones de la constituyente no deben extrañar si se toma en cuenta que el órgano inició con fallas de origen y los vicios exhibidos tanto en tanto en su proceso de convocatoria como en su elección.
«Como se recordará, Nicolás Maduro decidió activar la figura prevista en el artículo 347 constitucional, pero sin consultarles a los electores su parecer, como sí ocurrió en 1999. Esta decisión fue avalada por la Sala Constitucional del TSJ, que además aceptó las condiciones del Gobierno para elegir a sus integrantes, de manera ‘territorial y sectorial’ las cuales están reñidas con lo establecido en la Carta Magna», indica el informe.
No son leyes
En el informe de Acceso a la Justicia sobre la actuación de la constituyente, la organización subraya que las decisiones del órgano no pueden ser consideradas como leyes debido a que «no son dictadas por el órgano parlamentario ni mucho menos cumplen con el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes. Tampoco son decretos constituyentes ni leyes constitucionales dado que cada una de estas figuras no existen en el orden jurídico venezolano, además de que violan las garantías de la reserva legal y la mayoría de los derechos fundamentales de la carta venezolana».
En ese sentido, la ONG cuestiona la docena de «leyes constitucionales» emitidas por la constituyente pese a que esta categoróa no figura en el ordenamiento jurídico venezolano. Dentro de este grupo se encuentran la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la de Precios Acordados, la Ley del Impuesto a Grandes Patrimonios; y la Ley Antibloqueo. También se impuso una ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que incluyó a la Milicia como un «componente especial».
Acceso a la constituyente también rechaza los llamados «decretos constituyentes», como el que fue empleado para suprimir las alcaldías Metropolitana de Caracas y Mayor del Alto Apure.
