Acceso a la Justicia: Ley de Participación Estudiantil busca «aplacar disidencia»
Acceso a la Justicia cuestionó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica que fue promulgada por Nicolás Maduro el jueves 23 de febrero: «La Ley corrobora las ansias de control de las autoridades venezolanas y sus deseos por aplacar la protesta y las voces disidentes»
Acceso a la Justicia cuestionó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica que fue promulgada por Nicolás Maduro el jueves 23 de febrero.
En ese sentido, la ONG recordó que el contenido completo de la norma se desconoce por cuanto aún no ha sido publicada em Gaceta Oficial.
Sin embargo, enfatizó que: «La Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica corrobora las ansias de control de las autoridades venezolanas y sus deseos por aplacar la protesta y las voces disidentes. No puede ignorarse que ha sido aprobada justo cuando el Parlamento analiza otro instrumento dirigido contra las organizaciones no gubernamentales, el único ámbito que escapa de su dominio».
Acceso a la Justicia señaló, un boletín informativo difundido este martes 27 de febrero, que según los borradores que se conocen de la Ley, «aunque no se establece la posibilidad de que los estudiantes asuman el rol de sus docentes, sí abre las puertas para que el Ministerio de Educación refuerce su vigilancia sobre lo que ocurre en las aulas y en los planteles. ¿Cómo? A través de los llamados Consejos Estudiantiles».
La ONG advirtió que todo parece indicar que los consejos estudiantiles previstos se enmarcan dentro del llamado poder popular, «figura no prevista en la Constitución de 1999 y que persigue la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista, controlada completamente por el poder del Estado».
Según el artículo 17 de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, «los Consejos Estudiantiles son la instancia de organización y participación de los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al Subsistema de Educación Básica». Sus integrantes serán escogidos mediante un proceso democrático de elección que se realizará con «la coordinación y apoyo del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación».
Por otra parte, con la Ley, según Acceso a la Justicia, «las autoridades parecen querer aplicarle al alumnado la misma fórmula que a los consejos comunales, organizaciones que han pretendido desplazar a las asociaciones de vecinos, que para recibir fondos públicos y gozar de reconocimiento legal deben someterse a un proceso de registro e inscripción ante el Gobierno».
La ONG llama la atención sobre el hecho de que esta norma fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020 en un contexto de protestas por demandas de mejoras salariales por parte de los funcionarios públicos, en particular del sector docente.
Ley atenta contra libre desenvolvimiento
Por otra parte, Acceso a la Justicia señaló que la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica va en contrarriente del artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía, al libre desenvolvimiento de la personalidad y el derecho a la asociación.
«En el artículo 12 del texto se afirma que «los estudiantes podrán asociarse libremente, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole, en el Subsistema de Educación Básica».
Para la ONG, la norma no solo garantiza a los estudiantes el derecho a participar en el subsistema de educación básica, también indica que tienen el «deber» de hacerlo,además de opinar «en la planificación, ejecución y gestión del Subsistema de Educación Básica» para así «defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano».
El 7 de febrero, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) rechazó, en un comunicado, la aprobación de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica.
La organización advirtió que la norma tiene como objetivo final «el control político y social del estudiantado de educación media y de la familia venezolana».
Asimismo, Fenasopadres denunció, al igual que Acceso a la Justicia, que la Ley atenta contra de los derechos de libre asociación y participación de los estudiantes de educación básica y media, al imponerse la participación en grupos que sigan los lineamientos de temas planteados por el Estado.
Apuntaron que la norma «viola abiertamente el derecho a la libre asociación y participación al establecer como derecho una forma de organización -consejos estudiantiles- por encima de cualquier forma de organización del movimiento estudiantil, obligando al estudiantado de educación media a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde el Gobierno nacional».
*Lea También:Fenasopadres: Nueva ley busca «el control político y social del estudiantado»
