Acceso a la Justicia sobre la Cruz Roja: El TSJ tiene en la mira a las ONG
Acceso a la Justicia señaló que decisión del TSJ sobre la Cruz Roja es un golpe, “al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela y comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado en sus intenciones de controlar a la sociedad civil organizada»
El observatorio venezolano de la justicia, Acceso a la Justicia, se pronunció, este sábado 5 de agosto, sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de designar a través de una sentencia de la Sala Constitucional al empresario y expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, para dirigir una nueva junta directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja.
En este sentido, señaló que ahora el TSJ tiene en su mira a las agrupaciones sociales y caritativas. “Al menos ese es el sabor de boca que deja la decisión que tomó el máximo juzgado de destituir a la directiva de la Cruz Roja Venezolana, reemplazarla por el empresario Ricardo Cusanno, y ordenar, además, su reestructuración”, indicó.
Expresó que la medida la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia número 1.057 del 4 de agosto, en la cual admitió la solicitud que 48 horas antes le hiciera el fiscal general Tarek William Saab, designado por la extinta asamblea constituyente, a través de una demanda de protección de intereses colectivos y difusos con amparo cautelar, para que interviniera temporalmente la organización caritativa fundada en 1895.
Acceso a la Justicia indicó además que esta decisión es para facilitar las investigaciones que adelanta la Fiscalía, por presuntos malos tratos en contra de los voluntarios y trabajadores y por manejos irregulares de recursos que lleva contra quienes hasta ahora la han encabezado.
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El observatorio señaló que la Sala consideró que la remoción de la directiva era una medida “indispensable” para lograr dos objetivos: En primer lugar, “asegurar una dinámica interna que favorezca la búsqueda de la verdad” y “evitar eventuales actos que puedan alterar, desaparecer, deteriorar o destruir posibles evidencias”. Y, segundo, promover “un proceso de revisión interna, democrático y libre, que le permita a la institución evocar su camino para el cumplimiento de sus supremos intereses a favor y bajo la primacía de los derechos humanos”.
Informó que el Ministerio Público presentó al TSJ el testimonio, anónimo, de ocho trabajadores y voluntarios de la institución, los cuales acusaban a Villarroel y a su equipo de maltratarlos, hostigarlos y de disponer de donaciones para la institución para usos particulares.
Concluyó que la intervención judicial es el último golpe, “al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela y comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado en sus intenciones de controlar a la sociedad civil organizada. No se puede olvidar que días antes de este fallo, la Sala Electoral dejó sin efecto las elecciones de Fedecámaras en Bolívar y suspendió las elecciones de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira”.
Expresó además que la imposición de una directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: El de neutralidad, que establece que “con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico”. Y el de independencia, el cual señala que, “el movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento”.
