Activistas rechazan acuerdo humanitario entre ONU y Cruz Roja intervenida por TSJ
Oenegés recordaron que la intervención de la Cruz Roja fue un mecanismo que violentó uno de los principios humanitarios más importantes como es la independencia
Activistas y defensores de los derechos humanos rechazaron que Naciones Unidas firmara una carta de entendimiento con la directiva ad hoc de la Cruz Roja, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023. El acuerdo, según la información difundida por el propio organismo, es para fortalecer capacidades y asistencia técnica en materia humanitaria en Venezuela.
«Es importante seguir promoviendo una respuesta humanitaria eficaz y coordinada para garantizar que llegue a las personas que más lo necesitan de manera oportuna y eficiente”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la ONU el viernes 26 de abril.
En la foto de la firma están retratados figuras como Ricardo Cusanno, quien fue designado como director de la Cruz Roja por el TSJ; y Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en el país.
Oenegés como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Espacio Público repudiaron el hecho por violar los principios que rigen la ayuda humanitaria.
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló, por ejemplo, que «sin garantía de independencia e imparcialidad no hay ayuda humanitaria viable», y recordó que «la Cruz Roja está intervenida (…) con el nombramiento arbitrario de una directiva y sin que se ordene la consulta con los miembros de esa asociación».
Por su parte, la investigadora Lexys Rendón pidió coherencia a la ONU e indicó que la Cruz Roja Venezolana es «una organización con una junta impuesta violando derechos asociativos, sin independencia». Su intervención, añadió, ha sido «el peor caso de intervención de una organización de sociedad civil en Venezuela por el Estado venezolano».
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También Saúl Blanco, integrante de Espacio Público, aseguró que «la intervención de la Cruz Roja fue un mecanismo que violentó uno de los principios humanitarios más importantes como es la independencia». Cuestionó que dicha intervención tenía prevista una duración de un año «mientras mejoraban la estructura organizacional», pero tras ocho meses aún no se conocen avances para restablecer el normal funcionamiento del ente.
En agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia designó una directiva para su reestructurar el organismo multilateral internacional por supuestos hechos de corrupción cometidos por la antigua directiva, encabezada por Mario Villarroel. El máximo tribunal designó a Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.
