Activistas y defensores, por Rafael Uzcátegui
Autor: Rafael Uzcátegui | @fanzinero
A raíz de los resultados de la llamada “Operación Gedeón”, en el que un comando cercó al grupo insurgente liderizado por Oscar Pérez en El Junquito, con el resultado de 7 personas muertas en circunstancias que apuntan a la ejecución extrajudicial, se ha avivado la discusión acerca de la conducta tanto de la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo constituyente.
En circunstancias democráticas, que el líder de un grupo alzado en armas contra el gobierno haya anunciado públicamente su intención de rendirse y entregarse a las autoridades, hubiera generado un protocolo direccionado, precisamente, por estas dos instituciones. De manera evidente tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo hubieran agotado diferentes mecanismos de intermediación para colocar a los guerrilleros bajo la justicia, preservando su integridad y su vida.
La lógica Constituyente, sin embargo, es otra. Ante la petición de rendición, según las evidencias conocidas, a la guerrilla urbana se le aplicó todo el poder de fuego. Posteriormente, las autoridades han colocado todos los obstáculos para que se conozca la manera en que habrían perdido la vida, incluyendo actos velatorios express sin el debido reconocimiento de los familiares.
Cuando ha ocurrido esto en otros sitios de la región es porque el Estado, sencillamente, quiere ocultar las evidencias (disparos a corta distancia, tiros de gracia etc) que sugerirían que las personas habrían sido ultimadas luego de haber sido neutralizadas.
Si bien la actitud institucional es coherente a la de un régimen autoritario, el debate ha sido avivado por el hecho que quienes dirigen ambos entes fueron, durante mucho tiempo, voceros en la defensa de los derechos humanos. Incluso, hasta hoy, siguen afirmando públicamente que son militantes de la dignidad humana.
El caso de Alfredo Ruiz, hoy Defensor Constituyente del Pueblo, es paradigmático. Durante muchos años, junto a su familia, dirigió la primera organización de derechos humanos nacida en Venezuela, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Los Ruiz abordaron, precisamente, las violaciones al derecho a la vida, integridad y libertad personal. Soraya El Achkar, Pablo Fernández y el propio Alfredo Ruiz denunciaron con todas sus fuerzas, durante diez años antes del arribo al poder del proyecto bolivariano, ejecuciones extrajudiciales. De hecho la Red de Apoyo fue clave en la promoción de un proyecto de ley contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes que por lo menos se aprobó formalmente en el año 2015.
Hoy Alfredo Ruiz guarda silencio por los hechos que antes de 1998 denunciaba enérgicamente. Y la razón es que Alfredo Ruiz, y varios de sus camaradas de la Red, eran activistas de derechos humanos y no defensores de derechos humanos, que aunque se parece no es lo mismo.
Uno de los conceptos sobre lo que es el activismo sugiere que es “la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, político, ecológico, religioso u otro. También se entiende por activismo la estimación primordial de la acción, en contraposición al quietismo”. Un activista, entonces, considera que el cambio social que se imagina como positivo no ocurre por sí solo, por lo que amerita una involucración personal, proactiva e intensa, en la difusión de los valores y las razones que lo sustentan.
Un defensor de derechos humanos, en cambio, razona bajo la lógica de la declaración universal de los derechos humanos. Si bien se involucra personal y proactivamente, utilizando de manera táctica herramientas propias del activismo, su estrategia es la vigencia plena de las características que hacen humanos a los derechos (universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, etc).
Además estos principios guían y norman su propio hacer. Por otro lado los derechos humanos son un universo de garantías interconectadas que hacen posible un piso para la dignidad humana, mientras que el activismo trabaja una parcela ideologizada de la realidad.
Proponemos el siguiente axioma: No todos los activistas son defensores de derechos humanos. Todos los defensores utilizan las herramientas del activismo.
Para un activista existe una precondición para el disfrute de derechos universales: Que usted (o yo) seamos del bando del cual él forma parte. Pongamos el ejemplo del software libre. Para un promotor de Linux en su cabeza el mundo se divide en dos: De un lado los cómplices de Bill Gates y, por el otro, los adalides del conocimiento informático liberado.
El activista, como buen hijo de la modernidad positivista, se pondrá a sí mismo –y a los que se parecen a él- en el centro de la balanza de la superioridad moral. Si usted conoce a un vegetariano activista sabe que se exhibe como el ejemplo vivo del humano evolucionado. Y que nunca ha tenido una respuesta asertiva cuando le han recordado que Adolfo Hitler tampoco comía animales.
Ser defensor de derechos humanos, por otro lado, no es un título nobiliario. Usted deja de serlo cuando tolera, por acción u omisión, la violación de la dignidad humana aunque sea de una sola persona.
En el caso que nos ocupa, el de Tarek y Alfredo, mi hipótesis es que su silencio es coherente con su activismo de derechos humanos, pues nunca fueron lo que puede ser calificado, íntegramente, como “defensores”. Para ambos la estrategia para lograr la felicidad era la instauración del socialismo de Estado en Venezuela, cualquiera que este sea. Mientras fueron oposición a gobiernos no socialistas utilizaron tácticamente los derechos humanos para allanar este camino. Su trabajo por derechos humanos, por tanto, está subordinado a su fidelidad al proceso revolucionario que hace posible ese socialismo. El día de mañana, cuando un gobierno de otro signo ideológico se encuentre en Miraflores, como buenos activistas que son no tendrán problemas en denunciar de nuevo, a viva voz, las ejecuciones extrajudiciales que hoy silencian.
En estos términos, el debate entre activistas y defensores de derechos humanos no atañe sólo a quienes cultivan la llamada “mirada crítica” sino también al conjunto de voceros que hoy hablan por los derechos humanos. ¿Todos estarán dispuestos a denunciar el abuso de poder y las omisiones estatales cuando el chavismo sea un pasado que puje por quedarse atrás?
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