Adiós Chevron: el costo oculto para los venezolanos, por Luis Ernesto Aparicio M.
¿Cuánto de importante debería tener la economía para o bien un aspirante o un dirigente político? Es una de esas preguntas que muchas veces quedan sin la respuesta adecuada y en otros casos, los seres legos –como yo, por ejemplo– en este tema tan fundamental para todas las sociedades del mundo, no somos tan capaces de digerir de forma sencilla.
Durante mis pasantías por el mundo de la política, he aprendido que todo dirigente político debería conocer lo mínimo, o al menos rodearse de aquellos estudiosos de la economía y su funcionamiento, puesto que sus decisiones en esa materia tendrán que ver con el beneficio y progreso de sus representados.
Es decir, nadie con una mínima capacidad de sentido común apostaría por un quiebre de la economía desde donde resultara, o bien el traspase o el empobrecimiento de los ciudadanos, mucho menos un dirigente político en quien estos deberían confiar. En ese sentido, apostar por una crisis económica no está a la vista de ningún político, hasta donde quepa el conocimiento de la historia política mundial hoy en día.
Para entender el impacto de esta medida, es importante recordar que la licencia que permitió las operaciones de Chevron en Venezuela fue parte de un acuerdo diseñado para reactivar parcialmente la industria petrolera bajo un marco controlado.
Esta licencia establecía que los ingresos generados no podían ser manejados por el régimen venezolano; estos se destinaban exclusivamente a la inversión en la industria y al sector privado. Esto aseguraba que los recursos no se desviaran hacia el aparato político de Maduro, limitando así su margen de maniobra económica.
Al parecer costaba mucho revisar algunas cláusulas que se contemplan para el funcionamiento de esa empresa en Venezuela, siendo la más importante el nulo acceso que tenía el régimen venezolano a los ingresos –en dólares– que percibía esa empresa como producto de sus operaciones. ¡Es decir, cero! Maduro, ni su combo, podría tocar esos ingresos.
Más allá de esto, las operaciones de Chevron, estaban generando una gran cantidad de empleos directos e indirectos, lo que, según economistas venezolanos, estaba por el orden de unos 10 mil de forma directa junto a aquellos que se empleaban en operaciones secundarias de perforación, mantenimiento y otras operaciones secundarias impulsadas por la actividad de esa empresa.
Lejos debería quedar el alabar que se suspendieran estas operaciones y su puesta en práctica como un triunfo o adelanto para lo que, según algunos políticos oficiosos, sería el fin de la muy cuestionada gestión de Nicolás Maduro, porque este ya conoce muy bien sobre el manejo del escenario sancionatorio y entran a jugar, una vez más, esos aliados que en verdad le benefician y lo sostienen.
Por otra parte, desde ahora, el régimen se encargará de disponer del ciento por ciento de los ingresos que provengan de la operación que deja Chevron en manos de Pdvsa, lo que significaría, como lo han advertido los conocedores de la materia, un colapso en la disposición de dólares para los sectores sensibles. O lo que es lo mismo, ciertamente el sector privado, gran generador de empleo, verá su capacidad de producción y por ende su ingreso muy afectado.
Sin embargo, será el ciudadano común el que recibirá el mayor impacto económico cuando comience a ver mermada su capacidad de ingreso. En ese caso, tendría que acudir a los supuestos beneficios que entrega el sistema de gobierno, lo que le hará dependiente de estos y por lo tanto será más vulnerable a la manipulación y control del régimen que encabeza Maduro y su comitiva.
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Este tipo de medidas refuerzan el control social del régimen, que utiliza la dependencia económica como herramienta política. El ciudadano, al verse sin alternativas, termina atrapado en un ciclo de vulnerabilidad que mina su autonomía y lo empuja a depender de las dádivas del Estado.
De tal manera que la celebración de la suspensión de la licencia para la empresa Chevron, junto a la solicitud de otras de monta poco clara, debería tener antes, por lo mínimo, una consulta previa a quienes conocen de economía en Venezuela –por cierto, no son pocos– para analizar los pros y los contras de sanciones para el ciudadano común, que desea un cambio, pero no bajo el costo de la profundización de sus condiciones de por sí ya críticas.
Hacerlo sin esto, demuestra el vacío de estrategias por parte de quienes dicen ser dirigentes alternativos. Por lo tanto, sería bueno recordarles que las decisiones políticas deben ir acompañadas de una visión económica coherente, capaz de proteger a la población de mayores daños y evitar que el control social se consolide como la única alternativa para sobrevivir.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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