Administración de Trump pide a Corte Suprema de EEUU permitirle revocar el «parole»
La Casa Blanca de Donald Trump quiere que el Supremo revoque una decisión tomada por una jueza federal que impidió la suspensión del estatus legal temporal del parole humanitario
La administración de Donald Trump pidió el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su intento de revocar el estatus legal temporal concedido por su predecesor, Joe Biden, a cientos de miles de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia solicitó a los magistrados que suspendan la orden de la jueza federal Indira Talwani, con sede en Boston, que detuvo la decisión del gobierno de poner fin al «parole» migratorio otorgado a estos migrantes bajo la administración de Biden. Esta medida forma parte del enfoque de línea dura de Trump en materia de inmigración.
La disputa gira en torno al «parole» migratorio, una forma de permiso temporal bajo la ley estadounidense para permanecer en el país por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».
Como parte de un esfuerzo para reducir los cruces ilegales en la frontera con México, Biden permitió desde 2022 que venezolanos que ingresaran por vía aérea solicitaran un permiso de permanencia temporal de dos años, siempre que pasaran los controles de seguridad y contaran con un patrocinador financiero en EE. UU. Posteriormente, Biden —demócrata— amplió este proceso a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
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Unas 530,000 personas obtuvieron el parole bajo esta política, lo que les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos antes de que Trump regresara a la presidencia en enero.
Trump, republicano, ordenó el fin de estos programas mediante un decreto firmado el 20 de enero, su primer día de regreso en el cargo. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional inició el proceso para poner fin a los programas, incluyendo la cancelación anticipada de los permisos de dos años para unas 400,000 personas.
La administración sostuvo que revocar el estatus de parole facilitaría incluir a los migrantes en un proceso de deportación acelerada conocido como “expedited removal”.
Los demandantes, un grupo de beneficiarios del parole y patrocinadores, demandaron a funcionarios del gobierno alegando que este violó la ley federal que regula las acciones de las agencias.
En abril, la jueza Talwani determinó que la ley que rige el parole no permite terminar el programa de forma generalizada, sino que exige una revisión caso por caso. El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito, con sede en Boston, se negó a suspender esa decisión.
