Advierten que serán ilegales los contratos petroleros que se deriven de la ley antibloqueo
Los acuerdos firmados en el sector petrolero en el marco de la ley antibloqueo propuesta por la administración de Maduro serán considerados ilegales y sujetos a posibles sanciones penales, según alertaron diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015
Diputados de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional elegida en 2015 advierten que no serán reconocidos aquellos contratos que se establezcan a partir de acuerdos derivados de la ley antibloqueo, aprobada por la Asamblea Constituyente impulsada por la administración de Nicolás Maduro.
Luis Stefanelli, integrante de la comisión parlamentaria, explicó que la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburo que estudia esta instancia, «propiciará las mejores condiciones para el período de transición» por el cual pasará el sector petrolero y gasífero venezolano, al momento de un cambio político. Al respecto, afirmó que se respetarán todos los convenios petroleros y compromisos adquiridos por la industria, pero no se tomarán en cuenta aquellos aprobados a través de la ley antibloqueo.
«La Asamblea Nacional legítima ha establecido que estos acuerdos de ley antibloqueo son ilegales, no tienen piso jurídico y podría conllevar a causas penales por delitos de lesa humanidad», dijo durante su participación en el foro Propuesta de Ley de Hidrocarburo: una comparación internacional, organizado por la AN.
De acuerdo a las declaraciones dadas por funcionarios de la administración de Maduro, varios acuerdos se estarían estudiando en el área petrolera con empresas del sector privado, pero hasta la fecha no se ha informado oficialmente en qué consisten debido al elemento de confidencialidad que se establece en la ley antibloqueo. Aseguran que este instrumento se creó para sortear las sanciones de Estados Unidos, y en un esfuerzo «desesperado» por levantar la producción que se ha venido a menos en los últimos años.
Los diputados electos en 2015 alertan que la ilegalidad de la ley antibloqueo obedece a que no fue aprobada por una AN legalmente constituida, y recuerdan que todos los contratos de interés nacional deben tener el visto bueno parlamentario. Sobre este punto, el economista José La Rosa recordó que en las legislaciones de otros países petroleros, no se estipula la obligatoriedad de la autorización parlamentaria de este tipo de contratos, por lo que considera que en un futuro esta norma podría adaptarse al caso venezolano.
«La aprobación previa de los contratos por parte del Parlamento o la de cambios en los acuerdos petroleros, no está establecido en las leyes de otras naciones petroleras, ya que esto hace que se alarguen los tiempos de espera o un tiempo adicional para iniciar los proyectos», sostuvo La Rosa, investigador del Instituto Baker.
La Comisión de Energía y Petróleo presentó el jueves 10 de junio los nuevos lineamientos del proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburo, entre ellas, se definen las competencias que tendrán la Agencia Venezolana de Hidrocarburo (AVH) y el Servicio Autónomo de Gas. Stefanelli afirmó que se busca además resarcir la deuda con los trabajadores petroleros y la meritocracia.
«En este escenario creemos que Pdvsa (Petróleos de Venezuela) debe ser más pequeña, pero más competitiva», dijo el diputado.
El proyecto de ley consta de 12 capítulos, 94 artículos y una disposición transitoria. Juan Fernández, quien integra el equipo que ha colaborado en su redacción, indicó dos aspectos fundamentales: que se permite la participación privada en toda la cadena de valor, y además se fijará una regalía variable que permita la viabilidad de los acuerdos.
«Para ello debemos disminuir el riesgo-país, mejorar las condiciones económicas para hacer más atractivo el negocio petrolero, generar confianza y transparencia en los procesos que se llevarán a cabo y para ello se contará con la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y el Servicio Autónomo de Gas», señaló Fernández.
En la propuesta de ley se señala la necesidad de separar las funciones de gobernabilidad sobre la industria, es decir, la definición de la política energética de la mano del gobierno conjuntamente con el parlamento, la regulación por parte de la AVH y de SAG; así como las operaciones por parte de empresas privadas o la estatal que existe a futuro y las empresas mixtas.
«Está planteado que la Agencia Venezolana de Hidrocarburos sea un ente autónomo y regulador, aunque aún se sigue estudiando las competencias que tendrá».
A pesar de algunas críticas hacia este tema, los parlamentarios insisten en la fusión de las normativas legales de los sectores petrolero y gasífero en una sola ley. «Las empresas del Estado participarán en estos procesos en igualdad de condiciones y tendrán que ser competitivas, esto quiere decir, que la ley permitirá que exista una compañía estatal como Pdvsa, pero la cual tendrá nuevas competencias».
José La Rosa destacó que el objetivo de esta ley es el desarrollo del sector petrolero venezolano, sin la inversión de fondos públicos debido a la precariedad con la que el Estado se encontrará en caso de una transición política; por lo que señala que los principales aspectos que los inversionistas internacionales evaluarán a la hora de mirar al país para hacer negocios serán los institucionales, fiscales y contractuales, temas en los cuales se han abocado las personas que participan en la elaboración del proyecto.
Resaltó que tanto México como Brasil han ejecutado una reforma energética, tomando en cuenta muchos cambios institucionales, los cuales varios de ellos están contenidos en la propuesta venezolana como la del ente regulador con manejo de las inversiones muy similar a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos.
«Sabemos que de ahora en adelante, Venezuela va a enfrentar una mayor competencia por parte de otros países que tienen recursos petroleros y que necesitan inversiones para desarrollar el sector y así expandir sus economías», dijo.
Con respecto al marco fiscal, Juan Fernández resaltó que la actual política impositiva en el sector hace imposible atraer nuevas inversiones al país. Es por ello que uno de los elementos que estudian y que se debe adecuar es la regalía petrolera. «La regalía podrá tener un ajuste variable que será reducida para darle viabilidad económica a la inversión, y luego que sea recuperada esa inversión pues obviamente se puede fijar a condiciones normales de negocio. Este marco fiscal fue revisado por economistas y abogados para poder entender no solamente desde el punto de vista del inversionista, sino también de lo que representa para Venezuela los ingresos de la actividad petrolera».
La Rosa reitera que ajustar una regalía en base a normas predefinidas en términos de producción y precio, permitiría dar mayor predictividad y estabilidad a los planes de negocio.
Se prevé además con esta nueva ley, desregular lo establecido con el actual monopolio del negocio petrolero, y crear la libre competencia. «Esto puede llevar un tiempo, pero es muy importante porque el mercado interno será uno de los clientes más importantes y como muchos saben se encuentra actualmente desabastecido. Es un nicho de negocio que no podemos dejar de mirar y hacerlo en condiciones económicas competitivas y atractivas. Aquí el tema clave, obviamente serán los precios», indicó Fernández.
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Con relación a los contratos que se acuerdan en el sector, La Rosa acota que se busca ampliar el abanico de posibilidades para que Venezuela pueda atraer inversiones. Explicó que además de contar con los modelos de contratos ya existentes, como el de las empresas mixtas y licencias de gas, también se puede incluir mayores contratos de servicios y licencias para otorgar áreas de producción y contratos de producción compartida.
Reiteraron los integrantes del equipo que redacta la nueva ley de hidrocarburo que se ha hecho una amplia consulta con distintos sectores del país y en el exterior, incluidos actores del chavismo y de la oposición; con compañías internacionales que participan en las empresas mixtas y de servicios, así como con abogados expertos en temas constitucionales y tributarias. Sostienen que una vez lista la normativa, podrá ser aprobada en la AN en un período de un mes.
«Necesitamos ubicar a Venezuela de nuevo como un país importante en el sector petrolero, este proyecto de ley mueve al sector industrial y acerca el beneficio del sector petrolero al ciudadano. No es que el petróleo se vea de lejos como una renta que se da, sino que la actividad económica que genere el petróleo va a crear empleo, riqueza, bienestar y mejores condiciones de vida para os venezolanos», afirmó Juan Fernández.
