Agentes extranjeros, por Javier Ignacio Mayorca
¿Cómo termina el dinero de Petróleos de Venezuela en las cuentas de procesados por la justicia estadounidense? Aquí la historia
Twitter: @javiermayorca
En 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a un dudoso grupo para detener el deterioro de las relaciones con el gobierno de Donald Trump. A la vuelta de unos meses, el clima bilateral había empeorado aún más, y el dinero pagado por la estatal venezolana terminó en los bolsillos de individuos procesados por la justicia de ese país.
El nombre más importante de la lista es sin duda David Rivera, un ex congresista de Florida por el partido Republicano. La primera semana de diciembre, este hombre de origen cubano fue apresado en Atlanta, luego de ser imputado por el incumplimiento de una ley estadounidense que obliga a registrar ante el Departamento de Justicia a todas las personas que intentan ejercer algún tipo de influencia en ese país, en nombre de agentes foráneos.
La detención de Rivera fue precedida por una sucesión de litigios civiles, en los que la estatal petrolera venezolana intentaba –al menos de manera formal– resarcir el daño ocasionado a sus arcas por lo que considera un incumplimiento del contrato firmado con Rivera durante la era Trump.
Estos juicios revelan que una parte importante del dinero entregado al ex legislador engrosó las cuentas de Raúl Gorrín Belisario, un empresario de medios venezolano íntimamente ligado al gobierno de Nicolás Maduro, que aparece como investigado en numerosos expedientes por lavado de dinero en EEUU. En uno de ellos figuran en calidad de coacusados Claudia Patricia Díaz y Adrián Velásquez, quienes fueran la enfermera de cabecera y escolta de Hugo Chávez. Ambos fueron hallados culpables en una corte de Florida por el blanqueo de capitales procedentes de sobornos en el aprovechamiento del régimen de cambio diferencial que imperó en Venezuela desde 2003.
Además de Gorrín, varios millones de dólares fueron entregados a Hugo Perera, un hombre de origen cubano convicto por tráfico de drogas para el extinto cartel de Cali. Luego de purgar ocho años en una prisión estadounidense, Perera registró empresas dedicadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Florida.
En Venezuela, Perera y otros fueron noticia a finales del siglo pasado, a propósito de una pesquisa del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, sobre una presunta legitimación de capitales a través del llamado Casino del Mar y del lujoso condominio The Hills. Ambas empresas de Margarita.
Perera nunca fue detenido por esta investigación. Luego de los allanamientos de la GN, los promotores de The Hills se vieron involucrados en diversas demandas. Hoy en día, solo quedan ruinas en la hermosa colina de Pampatar donde alguna vez eran mostradas las casas a los ricos y famosos de la época.
Registro de lobbystas
Los primeros indicios de lo que había sucedido fueron aportados en una demanda civil que intentó PDV USA contra una compañía de Rivera, Interamerican Consulting, el 13 de mayo de 2020, es decir, 34 meses después de la firma del contrato que, según la estatal venezolana, había sido incumplido.
Según el acuerdo laboral, Rivera recibiría cincuenta millones de dólares por sus gestiones para mejorar «la reputación y posición de largo plazo» de Pdvsa en EEUU.
Los pagos se harían en seis fracciones a lo largo de los seis meses siguientes.
En esos días, Pdvsa era el foco de varios casos de corrupción, como los desfalcos de Roberto Rincón y Abraham Shiera. Además, se había determinado que esta empresa era «instrumental» en la consecución de diversos propósitos políticos, tanto adentro como afuera del país. Uno de ellos era el presunto financiamiento a movimientos subversivos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La administración Trump acentuaba sus decisiones en la estrategia conocida como «máxima presión». Con ese objetivo, en la Organización de Estados Americanos (OEA) se promovía la aplicación de la Carta Democrática contra el régimen de Maduro.
De manera que el mejoramiento de la imagen de la estatal petrolera era, hasta cierto punto, beneficioso para la reputación general del gobierno venezolano.
En representación del PDV USA, el contrato fue firmado por su presidente Guillermo Blanco.
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No está claro por qué Pdvsa contrató a un lobista que ni siquiera tenía autorización para ejercer este oficio en su país. Según la base de datos Statista, en Estados Unidos 11.555 personas tenían la licencia correspondiente en 2017. En 2021 la cifra había ascendido a 12.137. Con base en este universo, pudo hacerse una escogencia apropiada.
La estatal venezolana canceló quince millones de dólares: cinco millones con la firma del contrato, y otras dos fracciones por la misma cantidad, que cubrían sus obligaciones hasta finales de abril de 2017. Entonces, al ver que el grupo de Rivera no cumplía con su parte del trato, cesó los pagos.
Durante las averiguaciones posteriores, se determinó que Rivera solo retuvo dos millones de dólares. Lo demás fue repartido entre Gorrín, Perera y Esther Nuhfer, descrita por el Miami Herald como una «operadora política» de Florida, que anteriormente había colectado fondos para las campañas de Rivera.
En su defensa, el ex congresista afirmó que el dinero fue entregado para el financiamiento de las protestas lideradas por Juan Guaidó.
Pero, de acuerdo con registros tribunalicios, Nuhfer recibió los recursos a través de las cuentas de la compañía Communication Solutions. Gorrín, mediante la cuenta bancaria de Interglobal Yacht Management, se benefició con 3,75 millones de dólares. Perera hizo lo propio a través de las empresas de su propiedad, PG and Associates y Krome Agronomics, y obtuvo 4,85 millones.
Mientras se desarrollaba este reparto, en Caracas aumentaba la inconformidad por los servicios contratados. El grupo de Rivera, indica la demanda, solo entregó dos informes escuetos, que no especificaban detalles de las personas contactadas en Estados Unidos y las gestiones desplegadas en pro del gobierno de Maduro.
Es difícil indicar si Rivera y sus asociados pudieran haber logrado algo más. Durante los días en que se produjo la firma del contrato, Maduro se mostraba conciliador en cuanto al tema estadounidense. Era probable que las acciones de este lobby pudiesen estar detrás del acercamiento entre el oficialismo venezolano y el representante republicado por Texas Pete Sessions, para que este a su vez sirviera como mediador ante Exxon. Esta transnacional adelanta un litigio ante un tribunal de arbitraje por la expropiación de sus activos, decretada durante el gobierno de Chávez. Más allá de eso, no hay evidencia de ningún otro logro.
La acusación penal planteada contra Rivera también incluye como imputada a Nuhfer. El argumento en contra de ellos es el mismo invocado en 2007 para enjuiciar a los venezolanos Franklin Durán, Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, así como al uruguayo Rodolfo Wainseele, por intentar presionar al empresario Guido Antonini Wilson, en el famoso caso del maletín que llevaba 800 mil dólares. En ambos expedientes, los acusados omitieron la obligación de notificar su actividad, tal y como lo establece el Acta de Registro de Agentes Extranjeros.
El caso contra Rivera y Nuhfer, dado a conocer el 16 de noviembre, promete testigos de muy alto perfil.
Breves
*El 1 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición de la venezolana Anyeli Díaz da Silva, señalada de participar activamente en la organización que antaño comandó Carlos Luis Revette, alias Koki. Díaz se encuentra detenida en España, en atención a una notificación roja cursada a través de Interpol. En concreto, le imputan secuestro y extorsión agravados, obstrucción a la libertad de comercio, terrorismo y asociación para delinquir. La sentencia elaborada por el abogado Maikel Moreno contiene las reproducciones textuales de actas policiales, confusas y con pésima redacción. Aun así, confirma un dato clave para explicar cómo hizo la organización de la Cota 905 para prolongar sus actividades por tanto tiempo: en ella había –o hay– «integrantes policiales», cuyas identidades no fueron reveladas en la sentencia. Otros informes sobre este grupo a los que se ha tenido acceso señalan la presunta participación de elementos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, no como líderes sino más bien como aportadores de información. Este punto explicaría cómo hacían los seguidores de Revette para disponer de «alertas tempranas» en torno a los operativos de cuerpos de seguridad, así como también aprovisionarse de uniformes policiales y militares, y armas de guerra. De igual manera, se ha podido conocer extraoficialmente que otros integrantes de esta banda han sido localizados en Colombia. Las investigaciones han precisado que la estructura criminal –dirigida por Carlos Calderón y Garbis Ochoa, tras la muerte de Revette– cuenta con otras cuarenta y dos personas, plenamente identificadas. De ellas, siete son mujeres.
*El ex gobernador de Bolívar, general de división retirado Francisco Rangel Gómez, adelanta un litigio para que sea «revisada» y, en última instancia, revocada la decisión del gobierno de Canadá de colocarlo en la lista de sancionados. Este proceso judicial ha tenido varias incidencias. En agosto de 2020, la canciller canadiense (Chrystia Freeland) rechazó una solicitud expresa del oficial, quien había alegado una presunta violación a su derecho al debido proceso. El país norteamericano sancionó a Rangel Gómez en noviembre de 2017 por presuntos «actos significativos de corrupción» durante su participación en la administración pública, primero como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (2001-2004) y luego como mandatario regional (2004-2017). Esta medida precedió a una similar tomada por el Departamento del Tesoro de EEUU.
Una sentencia emitida en noviembre de 2021 indica que, para los canadienses, el ex gobernador «fue responsable o cómplice en la aceptación de sobornos significativos a cambio de contratos gubernamentales, por la apropiación de bienes públicos para ganancia personal, por actos de corrupción relacionados con la extracción de recursos naturales y por transferir las ganancias de esa corrupción afuera de Venezuela». Tales irregularidades, indicó el gobierno canadiense ante una consulta del propio Rangel, pudieron servir para financiar su reelección a la gobernación en 2008. El oficial argumentó en su defensa que, durante su gestión al frente de la gobernación, no se involucró en los programas del gobierno de Nicolás Maduro. Como si Venezuela fuese una auténtica república federal.
También exigió a los canadienses mayor precisión en los señalamientos de irregularidades administrativas. Al finalizar su mandato en Bolívar, Rangel se mudó a México. Dijo que la sanción canadiense «ha dañado su reputación», al tiempo que le ha impedido abrir cuentas bancarias, financiar su plan de atención médica y la adquisición de un vehículo. Los canadienses no han comprobado estos argumentos, así como otros consignados por el ex gobernador, quien asegura que ha respaldado «el retorno a la democracia en el país». Rangel se vio obligado por orden tribunalicia a pagar 7 mil dólares canadienses en costas procesales.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
