Agosto, por Teodoro Petkoff
Llegamos. Comienza el mes de las grandes definiciones. Menos de tres semanas faltan para que el mandato de Hugo Chávez arribe a la mitad. Alcanza el gobierno este hito en medio de la peor crisis económica y social que el país haya vivido en el último medio siglo y como protagonista principal de una crisis política e institucional de descomunales proporciones y cargada de peligros. Pero, afortunadamente, con esa mitad llega también la activación del mecanismo constitucional del referendo revocatorio, que permitiría dar una solución pacífica y democrática a este tremendo embrollo. El país quiere y necesita una salida y salida no hay sino pacífica. Las encuestas muestran que la gente está harta de la conflictividad y que abriga mucho temor ante la perspectiva de violencia generalizada. La idea de paz es dominante hoy en el grueso de la población, que desea zafarse del cepo montado por los extremismos y por el energumenismo. Una solución electoral es forzosamente pacífica y por ello las encuestas muestran una altísima propensión popular a favorecer el referendo.
El país también quiere una salida democrática.
Las encuestas son categóricas respecto de esto. La gente no quiere golpe militar porque lo asocia con violencia. La aspiración mayoritaria es que sea la voluntad popular la que decida el rumbo del país. Nada permite expresarla con más amplitud y profundidad que una consulta electoral, en este caso la referendaria.
No hay que equivocarse: la gente quiere que la crisis se resuelva en paz y democracia y todo lo que vaya en ese sentido cuenta con un amplio respaldo popular.
Designado el CNE, se despeja una parte sumamente significativa del camino hacia el referendo. Pero todavía hay piedras atravesadas en él y deben ser retiradas. Una de ellas, no de poca monta, es la que tiene que ver con la expresión legal de la voluntad popular de que sea convocado el RR. Hay que quitarle al gobierno la posibilidad de jugar con la confusión existente en torno a las firmas recogidas en el “Firmazo” y apoyarse en ella para un primer round de impugnaciones (que le sería entregado gratuitamente) con vistas a ganar tiempo y demorar la consulta.
Le basta con presentar como suyos argumentos en contra de la validez legal de las firmas que ya han sido presentados por algunos voceros de la oposición. El “Firmazo” fue una gran jornada nacional y hay que repetirla, para ratificar las firmas y para matarle el gallo en la mano a Chávez, de modo que no pueda seguir con la cantaleta de que no hay firmas o de que son chimbas. Los firmantes no fueron chimbos y para demostrarlo hay que volver a firmar. Una nueva jornada, pocos días después del 19 de agosto, para apartar también la objeción sobre la oportunidad de la recolección de las firmas, movilizará en todo el territorio nacional a millones de venezolanos, en un evento cuyo efecto político, nacional e internacional sería sencillamente demoledor. ¿Qué de todos modos habrá objeciones por parte del gobierno?
Sin duda, pero ya la legitimidad política global y la legalidad de las firmas estará fuera de toda duda y además ella habrá sido ratificada mediante una acción de masas sin antecedentes en el mundo y de una contundencia irrebatible