AI exige a gobierno de Maduro cesar ataques a la libertad de expresión
Amnistía Internacional alertó que los ataques del gobierno de Maduro contra medios de comunicación pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan
Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones internacionales exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a detener inmediatamente los ataques contra la libertad de expresión e información. La exigencia surge luego de que varios medios de comunicación, entre esos, TalCual fuesen hostigados.
A través de un comunicado AI señaló que «las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades».
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La Organización No Gubernamental (ONG) alertó que los ataques del gobierno de Maduro contra medios de comunicación pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan.
En el documento AI recordó que entre otros medios, Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, VPITV, el diario Panorama y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), se convirtieron en el blanco de campañas estigmatizantes por parte de funcionarios de la cúpula del régimen de Maduro.
«Estos patrones de hostigamiento se pueden traducir en ataques graves contra la integridad, libertad y garantías judiciales de defensores de derechos humanos y periodistas», precisó AI.
La ONG rememoró que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que en Venezuela tanto los los periodistas, como los defensores de los derechos humanos y quienes son críticas con las políticas de gobierno son objeto de intimidación y difamación pública y existen restricciones a la libertad de expresión que incluyen la aplicación de la llamada ley contra el odio.
El documento divulgado por Amnistía Internacional también fue suscrita por la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). En ella se afirma que los gobiernos y sus funcionarios tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos o realizarlos.
Según la organización venezolana de derechos humanos Provea, durante los primeros ocho meses del estado de alarma declarado por la pandemia, fueron detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país.