Al menos 123 presos murieron en calabozos policiales durante 2021
A pesar de que se registraron excarcelaciones, liberaciones o traslados a cárceles, en los centros de detención preventiva -donde una persona solo debe permanecer un lapso de 48 horas- hay 16.595 presos (92% son hombres y 8% mujeres). La capacidad operativa es de 10.310 personas
Hacinados, mal alimentados y extorsionados. Estas son las condiciones que enfrentan los presos en 302 centros de detención preventivos en todo el país. Según el informe 2021 de la ONG Una Ventana a la Libertad, 123 reclusos murieron en calabozos policiales y militares el año pasado.
Las enfermedades se mantienen como la principal causa de muertes entre los detenidos, pues 95 de ellos fallecieron por complicaciones de salud. La ONG registró que entre los padecimientos de los presos están la desnutrición, escabiosis, fiebre, gripe y otras enfermedades respiratorias.
En la mayoría de los casos, los tratamientos eran suministrados por los mismos familiares. En 129 centros preventivos se realizaron operativos oficiales de entrega de medicamentos, lo que no representa ni el 50% del total de establecimientos.
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En 22% de los casos, los presos pudieron acceder a algún tipo de tratamiento o medicamento específico a través de funcionarios policiales, militares o el pran de ese lugar, generalmente luego de cancelar en divisas.
Además 15 reclusos fallecieron en procedimientos policiales realizados para recapturar a fugados, mientras que cinco murieron en riñas, cuatro en motines, tres fallecieron por ser víctimas de abusos de funcionarios y, finalmente, Una Ventana a la Libertad confirmó que un interno se suicidó.
Sobre la alimentación, los familiares son quienes cargan con la carga monetaria y responsabilidad de entregar comida a los detenidos. «Solamente un 5,94% afirma que se obtienen a través de operativos oficiales. Las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias en 21,19%, y a través de los cobros ilegales (16,56%), ya sea por funcionarios o por los pranes y sus organizaciones internas».
Hacinamiento rampante
En cuanto al hacinamiento, la administración de Nicolás Maduro continúa sin poder resolver este problema, pese a la instalación de una comisión especial «para la revolución judicial», ordenada por la Presidencia e implementada por la Asamblea Nacional electa en 2020.
“Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva”, recordó Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad.
La misión de esta instancia era, en un plazo de 60 días, acabar con el hacinamiento en estas «prisiones paralelas», como denomina la ONG a los centros de detención preventiva.
A pesar de que se registraron excarcelaciones, liberaciones o traslados a cárceles, en los centros de detención preventiva -donde una persona solo debe permanecer un lapso de 48 horas- hay 16.595 presos (92% son hombres y 8% mujeres). La capacidad operativa es de 10.310 personas.
Es decir, hasta el cierre de 2021, el hacinamiento era de 161%. Al menos 892 detenidos se encontraban cumpliendo condena en los calabozos, algo que la ONG recuerda es «absolutamente ilegal».
Otro dato preocupante para Una Ventana a la Libertad es el alto número de reclusos sometidos a extorsiones, pues en 229 de los 302 centros monitoreados se ha denunciado esta práctica.
Generalmente, a los presos se les exige dinero «por seguridad» o para que se les permita la visita conyugal, establecida en las leyes como un derecho para los detenidos. Ese «cobro de seguridad» no fue reportado por mujeres que sufrieron abusos sexuales o cualquier otro tipo de violencia dentro de estos lugares.
