Alcalde de Guatire dice que acusaciones por «desalojo ilegal» tienen tinte político
La AN electa en 2020 declaró responsabilidad política sobre Raziel Rodríguez, alcalde de Guatire electo en 2021 por el partido opositor Fuerza Vecinal. La autoridad municipal dice que tiene pruebas que demuestran su inocencia. Aseveró que los señalamientos son producto del «despecho» del anterior alcalde del PSUV al ver el avance que ha tenido el municipio. El PSUV había gobernado en Guatire desde el año 2000 y fue derrotado por más de 200 votos el pasado noviembre
El alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez (Fuerza Vecinal) negó tener responsabilidad en el caso de la emisión de una orden de ocupación y derribo de unas viviendas en una parcela de la zona mirandina. Aseveró tener pruebas que demuestran su inocencia.
Este 10 de junio, un día después de que la Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) declarara por unanimidad su responsabilidad política en el caso y exigiera al Poder Ciudadano sanciones políticas, penales y administrativas, el alcalde aseveró durante una rueda de prensa que «a todas luces esto es algo político».
«Esto es algo político derivado del despecho del exalcalde del municipio Zamora al ver que hay un diferencia en el municipio», dijo a medios de comunicación.
Rodríguez derrotó en las elecciones de noviembre de 2021 al alcalde en ejercicio, Hugo Martínez del PSUV, por más de 200 votos. El partido oficialista ejercía el poder en esa localidad mirandina desde el año 2000.
El alcalde detalló que el caso salió a la palestra tras un audio que se divulgó dos meses antes de los supuestos hechos de la parcela. La autoridad municipal dijo que el material no tiene nada que ver con la empresa Guatire Textil, señalada de haber propiciado el derribo de las viviendas. Dijo que nunca estuvo de acuerdo las pretensiones de la compañía.
Reiteró tener en su poder pruebas que demuestras su inocencias. En este sentido, detalló que entre ellas, por ejemplo, tiene documentos firmados por la ingeniería municipal en los que se niega a la empresa el permiso de hacer movimientos en la parcela. «Tenemos pruebas de que cuatro días antes se ordenó paralizar las máquinas» porque habrían incumplido el exhorto.
Sobre su posible destitución del cargo, asomada por el diputado del PSUV Pedro Carreño durante la sesión del 9 de junio, enfatizó que para ellos tendría que haber un referéndum o tener una sentencia. Aseguró que su equipo está trabajando para hacer frente al caso y que sus abogados preparan todas las pruebas para su defensa.
“¿Si queremos un mejor país para que los ataques? No represento algo de peligro porque no opto por ninguna gobernación, ni presidencia. Quiero ver a mi municipio Florecer», añadió.
Lo que dijo la AN sobre alcalde de Guatire
El PSUV inició en la AN el proceso para destituir al alcalde de Guatire por «desalojo ilegal». El diputado Ricardo Molina presentó un informe sobre el avance de la investigación que una comisión parlamentaria hacía desde abril. La instancia está conformada por los diputados Ricardo Molina (PSUV), Azucena Jaspe (PSUV), Óscar Ronderos (AD intervenido), Rosa León (PSUV, Blanca Eeckout (PSUV), Pedro Infante (PSUV), Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido) y Nixon Maniglia (AD intervenido).
«Solicitamos y recomendamos también al Poder Ciudadano llevar a cabo las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde como principal responsable en la actuación por violación de los derechos humanos de los afectados. También que se tomen medidas en contra de Neida Martínez directora de la Policía de Zamora, a José Ramos Parica y Raúl Romero, funcionarios policiales», dijo Molina desde la tribuna de oradores.
También se declaró responsabilidad sobre la abogada Yusbeli Caguaripano quien fue juez de primera instancia de control estadal-municipal en Miranda.
La comisión señaló a los involucrados de presuntamente cometer al menos 13 delitos, entre ellos: hacer pasar por invasores a varias personas simulando hechos punibles, aprehensión ilícita por delitos inexistentes, privación de la libertad, maltrato contra adulto mayor, detención sin orden, incautación ilícita de celulares, entrada forzada a propiedad, apropiación de bienes, eliminación de acceso al agua potable, tala de arboles centenarios, degradación de suelo, agavillamiento, entre otros.
La investigación fue impulsada por el vicepresidente del PSUV, diputado Diosdado Cabello. En la sesión del jueves 21 de abril, detalló que agricultores de una unidad de producción familiar en el parcelamiento Villa Zamora 2021, en la Zona Industrial Terrinca, presenciaron cómo funcionarios de la Policía Municipal de Zamora junto con representantes de una empresa textil aledaña —que ha aseverado ser la titular de las tierras— destrozaron el terreno con el objetivo de provocar un desalojo.
