Alcaldes perseguidos, inhabilitados y detenidos: así se suprime a municipios opositores
En los primeros ocho meses del año se ha registrado la persecución, detención e inhabilitación de una veintena de alcaldes en el país, por mostrar abiertamente su apoyo a la Plataforma Unitaria y a la candidatura de Edmundo González Urrutia. El CNE culminó las presidenciales sin responder sobre los comicios pendientes en los municipios Juan José Rondón (estado Guárico), Cardenal Quintero (estado Mérida) y Federación (estado Falcón)
La voluntad popular expresada a través del voto en las elecciones regionales de 2021 se ha silenciado desde enero de este año, como medida de presión contra la oposición. Al menos 20 alcaldes han sido perseguidos, detenidos o inhabilitados por mostrar abiertamente su apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia o el liderazgo de María Corina Machado.
Un caso que ejemplifica la persecución y las violaciones a la Ley Orgánica del Poder Municipal es el alcalde del municipio Torres del estado Lara, Javier Oropeza. El funcionario fue hostigado y perseguido, al igual que su familia, luego de ser acusado por el chavismo de ser el responsable de los ataques a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carora durante las manifestaciones contra los resultados de las presidenciales.
Oropeza pasó a la clandestinidad y designó como alcaldesa encargada a Iraima Timaure el lunes 12 de agosto, mediante la resolución N° A-016A-292. Cinco días después, el Concejo Municipal –de mayoría oficialista– sesionó y declaró su ausencia absoluta sin haber transcurrido los 90 días que establece la Ley.
Los concejales designaron y juramentaron a Lasmit Verde (PSUV) como nueva alcaldesa hasta el término del periodo. Justificaron la decisión bajo el argumento de que «este nombramiento busca garantizar la continuidad de la gestión municipal y el funcionamiento administrativo en la localidad».
Una situación similar vivió Franco Gerratana, representante del municipio Ortiz del estado Guárico. El funcionario ha sido víctima de hostigamiento, persecución y un intento de detención el 28 de junio por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero sus votantes impidieron la captura.
Desde el pasado 3 de julio pesa sobre él una orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía 55 con competencia nacional, por tres delitos. El Concejo Municipal declaró su ausencia absoluta tan solo un día después. El 15 de julio tomó posesión un concejal del PSUV.
Seis alcaldes han sido detenidos durante el año. El primer arrestado fue Yhonny Lizcano (Ayacucho, estado Táchira) el pasado 20 de junio por presunta corrupción. Fue presentado ante el Tribunal 7 de Control de ese entidad por los presuntos delitos de «apropiación o distracción de bienes del patrimonio público, retraso u omisión intencional de funciones». Se encuentra recluido en el DAET San Cristóbal.
De este grupo se han registrado dos excarcelaciones: José Mosquera Adarme (Lagunillas, estado Zulia), quien pertenece al partido Un Nuevo Tiempo y estuvo seis días detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas; y José Leocadio Carrillo (Urdaneta, estado Trujillo), quien es militante de Voluntad Popular y fue liberado el día después de su arresto.
«Me presenté ante las autoridades, se hicieron las investigaciones correspondientes y salimos bien librados. No hubo elementos causales hacia mi persona. Vamos a seguir nuestras funciones y continuar trabajando por la recuperación del municipio», dijo Mosquera tras reincorporarse a sus funciones.
Otros dos alcaldes tienen órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas. Se tratan del propio Gerratana, solicitado por los supuestos delitos de «distracción o apropiación del patrimonio público, ventaja o beneficio económico de funcionario público y asociación; y de Rigoberto Ovallos (municipio Antonio Rómulo Costa, Táchira), quien huyó del país luego de ser acusado de los presuntos delitos de «peculado doloso propio y evasión de licitación».
También al alcalde Jóbito Villegas (municipio Sucre, Portuguesa) intentaron detenerlo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a principios de agosto. Se desconoce si existe una orden de captura en su caso.
En los casos de Jordan Sifuentes (Mejía, estado Sucre) y Fernando Feo (Tinaquillo, estado Cojedes) se desconoce dónde se encuentran detenidos o los cargos de los que se les acusan. El último arresto que se produjo fue el de Abraham Hayón (municipio Rangel, Mérida).
Hayón fue detenido el 4 de septiembre por funcionarios del Sebin, tras unas declaraciones en las que llama a una «intervención humanitaria» por parte de Estados Unidos. El funcionario fue destituido por el Concejo Municipal de Rangel el pasado 19 de septiembre de 2023 por su «falta absoluta», pero restituido por vía judicial el 31 de octubre.
Alcaldes inhabilitados
El 24 de abril, los alcaldes José Fernández López (Los Salias) y Elías Sayegh (El Hatillo) fueron inhabilitados por la Contraloría General sin haber informado de un proceso y permitir a los funcionarios defenderse.
Casi dos meses más tarde también fueron inhabilitados, también sin una notificación de la Contraloría, los alcaldes trujillanos Keiber Peña (Sucre), Heriberto Materán Tapia (Motatán), José Leocadio Carrillo (Urdaneta), Yohanthí Domínguez Santeliz (Carache), Dilcia Rojas (Campo Elías), Servando Godoy (Márquez Cañizales), Wilmer Delgado (Monte Carmelo) y Francisco Aguilar (Andrés Bello).
En ese lote también fueron inhabilitados los alcaldes neoespartanos de los municipios Villalba (Isla de Coche), José María Fermín, y de Tubores, Iraima Vásquez. Estas medidas implican que los funcionarios pueden continuar en sus cargos hasta 2025, pero no podrán presentarse a nuevas elecciones.
Delgado, Godoy, Materán, Aguilar y Rojas luego declararon su apoyo a Maduro el 22 de julio por un video.
Para la ONG Acceso a la Justicia, estas inhabilitaciones pueden ser consideradas una “retaliación” por su postura política, lo que supondría «una violación a la libertad de expresión y pensamiento, así como a la participación política y al pluralismo político», todos derechos contenidos en la Constitución.
Elecciones pendientes
En el país también están pendientes las elecciones en siete municipios, según Acceso a la Justicia, para suplir las faltas de sus alcaldes.
En el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Municipal se establecen las faltas y las formas en que pueden ser resueltas por el Concejo Municipal. En casos de ausencias temporales, el mismo alcalde o alcaldesa puede designar a quién lo supla siempre y cuando sea un funcionario de alto nivel de dirección.
En casos de ausencias mayores a 15 días, la autorización pasa por el Concejo Municipal. A este órgano también se le encomienda resolver las faltas temporales por más de 90 días consecutivos y decidir si declara o no una ausencia absoluta.
«Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente», señala la Ley.
De acuerdo a Acceso a la Justicia, las elecciones pendientes se deberían producir en los municipios Simón Rodríguez e Independencia (Anzoátegui), Jesús María Semprún (Zulia), Las Tejerías (Aragua), Juan José Rondón (Guárico), Cardenal Quintero (Mérida) y Federación (Falcón).
Acceso a la Justicia señala que en los casos de los alcaldes de Mérida, Guárico y Falcón son faltas absolutas, pues se produjeron debido a una renuncia y dos muertes. «Algo similar ocurre con la situación de Casigua El Cubo y Soledad, pues han transcurrido mucho más de los 90 días que sus autoridades pueden estar ausentes sin que se considere que sus cargos están vacantes de manera definitiva».
En cambio, la oenegé dice que en los casos de Pedro Hernández (Las Tejerías) y Ernesto Paraqueima (El Tigre), ambos detenidos por presuntos hechos delictivos, «podría haber debate, por cuanto ni ha transcurrido el lapso antes mencionado ni han sido condenados por un juez. No obstante, las autoridades nacionales y regionales ya se refieren a ellos como exfuncionarios y eso refuerza la tesis de que deberían ser reemplazados».
Ni la anterior gestión del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por Pedro Calzadilla, o la nueva directiva –que preside Elvis Amoroso desde agosto de 2023– se han pronunciado por las elecciones pendientes.
El único rector que se refirió públicamente al asunto fue Enrique Márquez en mayo del año pasado, quien pidió al CNE cumplir con sus funciones y convocar a las elecciones donde la falta era clara: En Rondón, Cardenal Quintero y Federación.
Al igual que Acceso a la Justicia, dijo que en los municipios cuyos alcaldes fueron apresados por delitos comunes, lo que corresponde es que los concejos municipales determinen la ausencia absoluta de estos funcionarios.
«En este último caso (Independencia) percibo una peligrosa laguna en la Ley del Poder Municipal. ¿Hasta cuándo podría extenderse la ausencia temporal por decisión del Concejo Municipal? ¿Por todo el período? ¿Gobernaría entonces todo el período alguien que no fue electo?», cuestionó.
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