Alianza por el Referendo Consultivo alerta sobre extremismos en proceso de diálogo
El movimiento disidente alerta que no se debe hacer depender todos los acuerdos del tema estrictamente político electoral y que deben instalarse mesas temáticas de negociación independientes entre sí. Insisten en que se debe convocar un referendo consultivo para que el pueblo decida si ordena relegitimar todos los Poderes Públicos
La Alianza por el Referendo Consultivo envió una carta pública al gobierno de Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la que exhorta a hacer que sus representantes en el proceso de negociaciones que se desarrolla en Barbados con la mediación del gobierno de Noruega, no hagan depender todos los acuerdos que se puedan alcanzar para enfrentar la actual situación de crisis política, económica y social, del tema estrictamente político y electoral.
El movimiento disidente, que viene abogando por la convocatoria de un referendo consultivo en el que se le pregunte al pueblo si desea adelantar un proceso de elecciones generales (presidente de la República y diputados a la Asamblea Nacional) como salida a la situación del país, advierte que el diálogo y la negociación se encuentran amenazados por la prédica y la acción de los extremos.
La alianza considera que existen «por un lado, crímenes de Estado que atañen incluso a violaciones flagrantes de derechos humanos que incluyen ejecuciones, tortura y represión desproporcionada del pueblo que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, manifiesta y protesta. Por el otro, recrudecimiento de inaceptables sanciones económicas y financieras contra el país por parte del gobierno de los Estados Unidos que, como dice el informe (de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle) Bachelet, agravan una crisis social preexistente y dañan en particular a los más pobres, demandadas con indigno empeño por la oposición parlamentaria».
En este sentido, los dirigentes Enrique Ochoa Antich, Santiago Arconada y Juan Barreto, quienes suscriben el documento, plantean algunas medidas que consideran pueden impedir que este nuevo proceso de conversaciones fracase.
Estiman necesario adoptar una estrategia de acuerdos parciales que puedan lograrse independientemente unos de otros y no hacer depender la totalidad de los convenios del tema estrictamente político y electoral.
«Algunos creemos que la solución de los problemas del país pasa por un cambio político, incluso un cambio de gobierno, democrático, electoral, pacífico, civil y soberano. Pero eso no nos puede llevar a esperar a que ese cambio se produzca para atenderlos cuando los venezolanos están padeciendo en carne viva los estropicios de una emergencia humanitaria de amplias proporciones. Por eso nuestra tercera recomendación es que se instalen comisiones temáticas de negociación y acuerdo independientes las unas de las otras y diferentes a la negociación y los acuerdos en materia política y electoral», indica el documento.
Los dirigentes añaden que que al final se trata de un todo y que «la interrelación de los avances aquí con los avances allá resulta inevitable y necesaria. Pero creemos que procesos paralelos y lo más independientes posibles los unos de los otros pueden ayudar más que todos en uno solo».
También sugieren que una de estas mesas temáticas aborde el tratamiento de un consenso en materia de derechos humanos. «Aquí es importante la participación no sólo de gobierno y de la Asamblea Nacional (AN) sino de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la materia».
Detallan que debe elaborarse un programa integral que vaya desde la identificación y corrección de atrofias de los cuerpos policiales y militares que permiten el desarrollo de prácticas violatorias de los DDHH, como la vida y la integridad física, hasta la posibilidad de establecer una nueva y acordada Comisión de la Verdad que establezca un relato cierto y ponderado de los hechos que en esta materia han ocurrido durante los últimos siete años.
Otra recomendación es que una de las mesas temáticas ataque el grueso tema de la crisis económica y social. «Aquí, la participación de trabajadores y empresarios, además del Estado, sería crucial. Hablamos de un programa mínimo consensuado de reformas económicas que aseguren a corto plazo un mejoramiento social de las condiciones de vida de los venezolanos, en particular de los más pobres, abatiendo la inflación y reactivando el aparato productivo sobre nuevas bases, no rentísticas ni extrativistas. Es obvio que aquí debe incluirse el tema del levantamiento aunque sea progresivo de las sanciones económicas y financieras contra el país».
La siguiente recomendación es la de conformar una mesa especial sobre la materia que no sólo atienda el tema de la sanción a los corruptos y la confiscación de capitales mal habidos que reposan en las arcas de numerosos bancos extranjeros, sino la designación por consenso de un nuevo Contralor General que permita devolverle a ese cargo la independencia y majestad que requiere para ser eficaz.
Advirtieron finalmente que las negociaciones se deben focalizar en un acuerdo que califican de «principalísimo» y es la designación consensuada de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los pasos siguientes serían, de acuerdo a las propuestas de la Alianza, el reintegro de la bancada del PSUV al Parlamento, abordar un programa legislativo común y pactar la convocatoria de un referendo consultivo en el que se le consulte al pueblo si ordena la relegitimación de todos los Poderes Públicos nacionales mediante elecciones generales.
Finalmente, y ante la confrontación entre dos élites políticamente enfrentadas, plantean incorporar a la mesa de negociaciones, como factor modulador a «la nueva oposición», que estiman fue la que se expresó en las elecciones del 20 de mayo de 2018, a las que la MUD (coalición que aglutinaba a la oposición) no acudió.
