Allanamientos y arrestos en vísperas del cuarto aniversario de las protestas en Nicaragua
El sacerdote Edwin Román comentó a VOA que «la dictadura» en Nicaragua muestra su debilidad con estos actos y exigió la libertad religiosa «sin el asedio constante a los fieles y a los templos»
Texto: Houston Castillo Vado
El gobierno del presidente Daniel Ortega busca eliminar cualquier resquicio de las demandas sociales que desencadenaron las protestas en su contra en 2018. Justo a una semana de que se cumplan cuatro años de las manifestaciones antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos y una grave crisis social, la Policía Nacional se ha centrado en detenciones y allanamientos selectivos este martes.
Organizaciones de derechos humanos en Managua contabilizaron al menos 11 allanamientos en las viviendas de algunos familiares de las víctimas de 2018. Aseguran que su interés era evitar actividades en exigencia de justicia.
“Vino temprano la Policía, entraron de pronto y comenzaron a revisar toda la casa. Nos pusieron contra la pared y nos advirtieron que no querían vernos involucrados en protesta y propaganda de la iglesia católica”, denunció en declaraciones a la Voz de América un familiar bajo el anonimato.
También se reportaron seis detenciones, de las cuales cuatro son músicos, según un monitoreo realizado por la agrupación opositora Unidad Azul y Blanco (Unab). Los detenidos pertenecen a la Banda Monroy y Surmenage, en Managua; así como a la productora Saxo Producciones, según informa el periódico La Prensa.
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Algunos de los detenidos habrían brindado declaraciones días atrás en las que enviaron un mensaje a las víctimas de abril de 2018 en Nicaragua.
Hasta el momento el gobierno de Ortega no ha informado nada sobre las detenciones que abogados de derechos humanos tildan de “ilegales y arbitrarias”, sin embargo días atrás la vocera del Estado y vicepresidenta, Rosario Murillo, había lanzado amenazas contra cualquier manifestación en su contra.
“¡Nunca, nunca, permitiremos que vuelvan a atacar la paz, la concordia y el espíritu de nuestro pueblo, que es de alegría, de trabajo, de buena voluntad!”, dijo Murillo en su intervención el 7 de abril.
La Policía es dirigida por el comisionado Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega, y actualmente se encuentra sancionado por el gobierno de Estados Unidos que lo acusa de cometer graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua.
El clima de represión que se vive en Managua se da al mismo tiempo que el Departamento de Estado publicara un informe en donde afirma que Nicaragua tiene un sistema político “autoritario y altamente centralizado” por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
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“El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país”, indica el informe de Estados Unidos que advierte que el mandatario se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición.
“Lamento indignado allanamientos en Semana Santa”; dice sacerdote nicaragüense
Las acciones recientes del oficialismo nicaragüense han sido repudiadas por los sectores democráticos del país, que las han tildado como “terrorismo de Estado”.
El sacerdote Edwin Román, quien actualmente se encuentra en Miami por razones de seguridad, dijo a la Voz de América que con estos allanamientos a los familiares de las víctimas y de presos políticos de Masaya “la dictadura sigue demostrando su soledad, y su debilidad con estos hechos de represión”.
Además lamentó que en estos días de Semana Santa, «cuando los cristianos tratamos de entrar en un silencio interior y reflexión conmemorando los acontecimientos de la Pasión y muerte de Nuestro Señor, ocurran estos hechos que perturban, que violentan los derechos humanos en Nicaragua”.
“Exijo libertad religiosa sin el asedio constante a los fieles y a los templos”, concluyó el sacerdote.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua iniciaron el 18 de abril del año 2018 y dejaron centenares de muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado tuvo gran participación en los actos al reprimir a civiles y universitarios que demandaban la derogación a un decreto que elevaba las cuotas al seguro social.
