Almagro exige poner fin a la impunidad por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El Secretario General de la OEA emitió un comunicado sobre el informe que encontró «fundamento suficiente» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y exigió poner fin a la impunidad
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, se pronunció sobre el informe realizado por un panel de expertos que concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.
En el mismo, Almagro señala que la Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso de denuncias y testimonios presentados durante años por los venezolanos y venezolanas que han sufrido la persecución del régimen. Estos testimonios han sido presentados a la OEA específicamente por aquellos que ya habían denunciado estos casos o que decidieron presentarse ante nuestra Organización en la búsqueda de Justicia.
«A partir de ello entendemos la obligación legal y moral de investigar estos supuestos. Otras denuncias han sido presentadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, algunas mucho tiempo atrás y otras recientemente. Nos consta que ese tiempo de evaluación interna ha dado como resultado un comunicado de apertura de investigación preliminar» afirmó.
Almagro agregeo que la intención de la persona de cometer el crimen, asesinato o violación es requerido para crímenes de lesa humanidad y aseguró que es claro que ha habido acción discriminatoria por parte de la acción represiva, al concentrarse exclusivamente en aquella población civil que es opositora política al régimen. Se muestra también cómo todos los elementos del Estado respondían a ese propósito en cada uno de sus ámbitos y competencias.
La lucha contra la impunidad es trabajo de [email protected], pero especialmente de los que tenemos obligaciones directas de denunciar esta clase de crímenes. Estos son una afrenta a la conciencia de la humanidad y al bienestar de todos #Venezuela #OEAconVzlahttps://t.co/YNnajl5QxT pic.twitter.com/V5NqnkYU49
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 29 de mayo de 2018
«El Estado, completamente involucrado, ha tenido en el poder judicial un instrumento de represión y de impunidad. Las obligaciones venezolanas de procesar, investigar y reparar en casos de asesinatos y tortura por parte de la estructura del Estado han sido completamente violentadas» indicó
Por otra parte, aclaró que estos casos no tienen inmunidad de soberanía. Los instrumentos jurídicos rechazan la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que es imperativo determinar la responsabilidad y la posibilidad de inmunidad absolutamente limitada, agregando que «es obvio que los crímenes de lesa humanidad no son ni pueden ser en ningún caso parte de las funciones de los jefes de estado o de gobierno, y por lo tanto no puede ser invocada esa atribución para la inmunidad de jurisdicción».
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El comunicado indica que las denuncias refieren a crímenes de actores del Estado, especialmente las de mayor autoridad, organizados, ordenados e implementados dentro de los mecanismos del Estado. El aparato del Estado ha sido y es en su integralidad el dispositivo para aterrorizar a la población venezolana.
Los hechos son que los individuos señalados en estas denuncias y testimonios son quienes activaron el aparato del Estado dirigido a someter a la población a un determinado designio político, de amedrentar a la disidencia política, así como de sostener en el poder una determinada estructura política. Exactamente los mismos objetivos del Estado perseguían los colectivos armados, sectores completamente funcionales a esa acción represiva.
Las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones o castigarlas. La mecánica de funcionamiento era, por el contrario, claramente la implementación de procesos represivos debidamente jerarquizados y estructurados. Pocas veces hemos visto en este continente una funcionalidad tan sincronizada en todos los estamentos del Estado para cumplir estos objetivos, desde negar «bolsas clap» a opositores políticos, desarticular el accionar de políticos opositores, amedrentar y reprimir a la población, garantizarse impunidad a través del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, desarticular las fuerzas armadas, así como los demás ejemplos contenidos en los documentos presentados.
Por todo lo anterior, este informe será remitido a la Corte Penal Internacional a los efectos de reforzar la evidencia probatoria de las denuncias ya presentadas, como la de Tamara Suju, del Instituto Casla. Al mismo tiempo, este documento será la base de las gestiones que realizaremos ante países miembros de la OEA y observadores, para que representen ante la Corte Penal Internacional las denuncias aquí formuladas.
