Alto Comisionado de la ONU instó al gobierno de Maduro a levantar las inhabilitaciones
En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk se refirió a las inhabilitaciones políticas impuestas de forma administrativa en contra de candidatos opositores a la primaria. También resaltó la necesidad de que se adopten medidas para promover los derechos de la mujeres, de los sindicalistas y de los líderes de los pueblos indígenas
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este miércoles 5 de julio en Ginebra una actualización sobre la situación de DDHH en Venezuela. En su discurso se refirió a las inhabilitaciones políticas impuestas de forma administrativa por parte de la administración de Nicolás Maduro en contra de candidatos opositores.
«Los procesos electorales que van a celebrarse en breve en Venezuela han de ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión», dijo.
En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destacó que a su oficina «nos ha llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativa de miembros de la oposición que se les prohíbe no asumir cargos».
Con relación a las muertes ocurridas en el contexto de protesta en Venezuela, el alto comisionado dijo que «ha habido retrasos prolongados en las investigaciones de muertes durante las manifestaciones que tuvieron lugar en los años 2014, 2017 y 2019. Asimismo, de las 101 muertes que mi oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad solo ocho han sido enjuiciadas».
Informó que a través del abordaje de una recomendación por parte de su oficina para la eliminación de la discriminación de la mujer, la Fiscalía General acordó el desarrollo de un protocolo para la investigación de asesinatos por razones de géneros (feminicidios).
«Aliento a que se adopten más medidas para promover los derechos de la mujeres, incluso durante la enmienda de la legislación restrictiva sobre el aborto», indicó.
Durante la celebración del 53° Período Ordinario de Sesiones de Derechos Humanos, el alto comisionado hizo un llamado al Gobierno venezolano a que «liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos, incluyendo a 16 personas cuyas detenciones, fueron consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias», así como la liberación de las personas cuyas detenciones preventiva ha rebasado el límite legal.
Con relación al caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, Volker Türk, dijo estar «preocupado por el defensor de derechos humanos, que lleva detenidos dos años y en muy mal estado de salud; su juicio está en curso. Insto a la resolución plena de estas cuestiones y a que se de seguimiento a todas las recomendaciones de mi informe para acelerar la administración justa e independiente de justicia».
Destacó que su oficina está dispuesta a hacer acompañamiento en esta labor.
Sobre la información pública, así como la libertad de expresión, el alto comisionado dijo que «son también preocupantes, incluso el cierre de 16 estaciones de radio a escala nacional». Destacó que en su oficina continúan documentando casos de restricciones indebidas a la inscripción de ONGs que trabajan en defensa de los derechos humanos.
Al respecto, el alto funcionario de la ONU destacó la necesidad de «reformar la legislación en esta y otras áreas para que esté en consonancia con las normas internacionales, para poder fortalecer la libertad de asociación y crear un entorno propicio para la participación de las asociaciones públicas en la vida pública».
Protestas laborales
El alto comisionado informó que las manifestaciones y protestan continúan durante el período objeto del informe, centradas en exigencias y peticiones de derechos sociales y económicos, mejores condiciones de salarios.
«La detención el mes pasado (junio) de dos sindicalistas de Sidor con cargos de incitación al odio, asociación criminal y boicot es uno de los casos de grave preocupación. Además, el juicio en curso de seis líderes laborales y sindicalistas con cargo de conspiración y asociación criminal desde hace un año, también están relacionadas con protestas laborales», destacó el funcionario de la ONU e instó al Gobierno y a las asociaciones de empleadores «a respetar los derechos fundamentales de los sindicatos y trabajadores”.
Asimismo, expresó su preocupación por la situación de «criminalización» de los líderes de los pueblos indígenas, «por las amenazas, incluso asesinatos de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra y denunciando la corrupción». Destacó que se necesita tomar medidas para proteger a estos líderes rurales e investigar todos estos presuntos crímenes.
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Ante lo expuesto por el alto comisionado para las Naciones Unidas, el representante de la administración de Nicolás Maduro para la ONU, Héctor Constant Rosales, dijo que «deploramos la prevalencia del informe de una redacción hostil, a partir de afirmaciones sin fundamentos, no verificadas ni contrastadas con el Estado que, sin duda, alimentaran la negativa e injusta campaña mediática contra Venezuela financiada por los grandes medios transnacionales de comunicación».
Asimismo, dijo estar sorprendido de las agendas «en áreas novedosas como las laborales y sindicales de Venezuela» y rechazó el cuestionamiento al respecto por parte del alto comisionado, destacando que «estas son competencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como tal son abordadas por le Gobierno con esa organización en el marco de la agenda de cooperación establecida».
Con relación al foro de diálogo social emprendidos con empresarios y sindicatos, dijo que «fue una propuesta del gobierno nacional en su esfuerzo por lograr espacios respetuosos tripartitos de discusión».
Destacó que, a principio de año el Alto Comisionado visitó Venezuela por invitación de Maduro, desarrollando su agenda con total libertad, «por ello, partiendo de su acercamiento al terreno, lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a las imposición de medidas ilegales restrictivas, coercitivas y unilaterales por parte de Estados Unidos».
Constant Rosales dijo que reconocen «como muy importante» los pronunciamientos del Alto Comisionado sobre el impacto negativo de las sanciones, «afirmando que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano» y su recomendación de levantamiento de las mismas.
Por su parte, el representante de Bélgica, que habló en nombre de Países Bajos y Luxemburgo, agradeció al alto comisionado «por su alarmante informe» y dijo que ven con beneplácito el fortalecimiento de su oficina en Caracas. Con relación a las próximas elecciones, dijo que la reciente renuncia de los rectores del CNE representa una amenaza para sistema electoral, al tiempo que retrasa las oportunidades para mejorar las condiciones electorales.
Expresó su preocupación por la reducción del especio público y piden «una mejor protección para los defensores de los derechos humanos y ambientales y la necesidad de rendición de cuentas en casos de ataques como el de Virgilio Trrujillo, un líder indígena que fie asesinado hace más de un año.
Unión Europea
El representante de la Unión Europea para las Naciones Unidas dijo que continúan apoyando la importante labor de oficina del Alto Comisionado en Caracas, así como la Misión de Determinación de Hechos y solicitó el acceso sin restricciones a los centros de detención en Venezuela. «Acogemos el reciente anuncio de la apertura de la oficina de la CPI en Caracas» , dijo el presentante de la UE.
«La Unión Europea sigue profundamente preocupada por las violaciones de derechos humanos y abusos de los derechos humanos en Venezuela, así como la rendición de cuentas de los autores. Nos preocupa la represión contra los miembros de la oposición, disidentes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, medios independientes, sociedad civil, así como el proyecto de ley sobre las ONGs», sostuvo.
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Los representantes de países como Portugal, España y Francia suscribieron la opinión de la Unión Europea y agradecieron al alto comisionado por la presentación de su informe sobre Venezuela.
El representante de Portugal expresó su preocupación por la violación y abusos de los derechos humanos contra periodistas, defensores de DDHH y resaltó la disminución del reporte de casos de malos tratos, torturas y detenciones arbitrarias.
El embajador de Francia para las Naciones Unidas, dijo que es un problema que a un año de las lecciones en Venezuela, «las autoridades siguen dañando la democracia y socavando el Estado de Derecho». Asimismo, condenó la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años y expresó su preocupación al respecto.
Por su parte, la representante de Canadá condenó «la limitación del espacio cívico, así como la práctica de persecución y hostigamiento a líderes sociales, periodistas y medios de comunicación independientes, así como la detención y desaparición de líderes sindicales».
La representante de Estados Unidos para la ONU, dijo que su país «apoya una solución negociada a la crisis de Venezuela, la vuelta a la democracia y el Estado de Derecho. «Estas deben ser las condiciones para las elecciones libres «. Solicitó la «liberación de todas las personas detenidas de forma injusta, incluidos nuestros paisanos» y el respeto a la libertad de expresión.
El representante de Zimbawe expresó su preocupación por «la continua y reciente proliferación de mecanismos y procedimientos que parecen llevar a cabo evaluaciones imparciales de la situación de los derechos humanos de Estados concretos como la República Bolivariana de Venezuela sin contar con el debido consentimiento del Estado implicado y responder agendas políticas encubiertas».
Latinoamérica
Por su parte, el representante de Cuba dijo, en nombre de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), que rechazan la utilización selectiva y políticamente utilizada del tema de los derechos humanos con el propósito de recrear condiciones para desestabilizar gobiernos legítimos, justificar la injerencia en asuntos internos e imponer políticas de cambios de régimen».
Destacó la necesidad de mantener el diálogo y la cooperación con apegos a los principios de no politización, no selectividad e imparcialidad en el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos.
«Llamamos a los gobiernos y pueblos del mundo que aman la paz y procuran que haya justicia y la igual dad soberana entre los Estados a que brinden un respaldo solidario a Venezuela, a su pueblo y a su legítimo gobierno», expresó el presentante de Cuba en la ONU.
Durante su participación, el representante de Perú para las Naciones Unidas dijo que valoran la presencia del alto comisionado en Venezuela y reconocen la decisión del Gobierno de renovar la permanencia por un período adicional de dos años. Destacó que «observan con preocupación continúa documentando violaciones de derechos humanos en el país, como casos de detenciones arbitrarias, de uso de torturas y malos tratos y restricciones del uso de espacios públicos».
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Por su parte, el representante de Ecuador reiteró su preocupación por la situación de derechos Humanos en Venezuela como las restricciones del espacio cívico, así como ataques contra criminalización defensores de derechos humanos, periodistas. Destacó que se debe asegurar el ejercicio efectivo de la libertad de opinión y de expresión. Asimismo, destacó que su delegación «se suma al llamado para pedir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente» e instó a que las autoridades venezolanas cooperen con la oficina del alto comisionado en el país.
El representante de Brasil saludó la cooperación del gobierno de Venezuela con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en conformidad del compromiso venezolano para rendir cuentas y determinar responsabilidades de posibles violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el embajador de Siria para la ONU dijo, durante su intervención que «se ha impuesto un mandato no consensuado y que, por lo tanto no cuenta con el consentimiento del Estado en cuestión, hoy carece de objetividad necesaria, además de reafirmar la existencia de algunos para utilizar esta plataforma para acusar a otros, incluida Venezuela, mediante pretextos que tiene que servir para mensajes y agendas políticas».
El representante del Reino Unido dijo que «seguimos preocupados por el deterioro de la situación económica, social y cultural». Destacó que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), más de 81% de la población del país vive en la pobreza y más de 9 millones de personas tienen problemas de salud crónica y los sistemas de salud no tienen capacidad para responder a esta situación».
Mientras que el presentante de Corea dijo que su delegación «está muy preocupada por la politización constante de esta situación», así como estos análisis.
«Este enfoque sesgado es contraproducente y menoscaba el diálogo constructivo que deberíamos mantener. Esta manera de hacer las cosas es contraria al principio de la soberanía y de la no injerencia de asuntos internos y por lo tanto debería erradicarse».
Con relación a la posición de China ante el informe sobre la situación de DDHH presentado por el Alto Comisionado de la ONU, el representante dijo que «es muy clara, defendemos la Carta de las Naciones Unidas y las normas fundamentales de las reglas internacionales, por su puesto el desarrollo del camino que ha elegido Venezuela». Destacó que desde China valoran los esfuerzos de Venezuela por promover y proteger los derechos humanos.
#Australia: Seguimos preocupados por las violaciones a los derechos humanos y las restricciones al espacio cívico.
Nos preocupa la ley anti ONG. Condenamos los ataques contra personas defensoras y periodistas.#NosDebenJusticia
— Examen DDHH Venezuela (@ExamenDDHH_VE) July 5, 2023
