Alto Comisionado pide revisar todas las detenciones post 28J y liberar a presos políticos
El Alto Comisionado Volker Türk dijo que su Oficina, que reanudó operaciones en noviembre, está «siguiendo de cerca» la situación de los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina. En su intervención ante el Consejo de DDHH pidió la liberación de los presos políticos, al tiempo que mencionó que el espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido, la grave crisis económica y las legislaciones restrictivas que se han aprobado este año desde la Asamblea Nacional
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó a las autoridades venezolanas a que revisen las detenciones de todas las personas detenidas tras las elecciones presidenciales, e instó a las autoridades a liberar sin dilaciones a todos los presos políticos, antes y después del 28 de julio.
En su última actualización oral sobre la situación de Venezuela, hecha ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este viernes 13 de diciembre, el Alto Comisionado reiteró nuevamente sus preocupaciones sobre el «uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas poselectorales», incluida la actuación de civiles armados que apoyan a Maduro.
Türk instó a una «investigación rápida y efectiva sobre al menos 28 muertes que, según informes, incluyeron manifestantes, transeúntes y miembros de las Fuerzas Armadas», así como a la revisión de los casos de las más de 2.000 personas que fueron detenidas de forma arbitraria como «adolescentes, y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes».
«El uso continuo de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes de desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes», afirmó.
Además, llamó la atención sobre «la liberación de todos los detenidos arbitrariamente» antes y después de las elecciones presidenciales. Mencionó los casos específicos de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel –de quien se difundieron unas fotos tras 10 meses detenida– y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios.
Hizo énfasis en que las autoridades deben proporcionar «garantías de un juicio justo para los detenidos», lo que incluye «permitirles designar un abogado de su elección y proporcionar a los pueblos indígenas intérpretes». La imposición de defensa pública es una denuncia recurrente en los casos poselectorales.
Así mismo, exhortó a que se garanticen condiciones adecuadas de reclusión para todos los detenidos, al igual que atención médica adecuada en base a los estándares internacionales. «Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están encarcelados en celdas hacinadas y necesitan atención médica urgente», resaltó.
Entre otras de sus solicitudes, pidió a las autoridades que garanticen «que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente alineados con los estándares internacionales de derechos humanos».
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El Alto Comisionado dijo que su Oficina, que reanudó operaciones en noviembre, está «siguiendo de cerca» la situación de los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina. «Estamos listos para apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución».
Las negociaciones políticas, dijo Volker Türk al Consejo, «entre las diferentes partes interesadas son urgentemente necesarias» para acordar un camino de resolución a la crisis, al igual que la disposición de su Oficina para apoyar a los venezolanos «durante estos tiempos difíciles, con un espíritu de compromiso constructivo».
«Visite Venezuela hace casi dos años y siento por el pueblo del país que ha pasado por tiempos muy difíciles. Fue evidente para mí entonces, como lo es ahora, que la sociedad necesita sanar, superar divisiones y polarizaciones, y comprometerse en un diálogo inclusivo como una prioridad absoluta», dijo.
Espacio cívico restringido
El Alto Comisionado Volker Türk señaló durante su intervención que el espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido, con «informes creíbles» de amenazas y hostigamiento a defensores de DDHH, líderes sindicales, periodistas, activistas políticos, trabajadores humanitarios y testigos electorales.
«Dado que muchos han dejado Venezuela, animo a los Estados de la región a garantizar su protección y adoptar un enfoque flexible respecto a los documentos de identificación vencidos», dijo.
Mencionó las informaciones del cierre de operaciones de tres organizaciones no gubernamentales «debido a denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, incluidas detenciones selectivas y la cancelación de pasaportes. Esto contribuye a un clima de miedo y tensión social, y dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen su trabajo vital».
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También mencionó las legislaciones restrictivas que se han aprobado este año desde la Asamblea Nacional, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG. Dijo que el espacio cívico corre «el riesgo de infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política».
«Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en línea con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y particularmente para Venezuela de cara a la inauguración en enero y las elecciones programadas para el próximo año», señaló.
Crisis social y económica
Otro de los puntos visibilizados por el Alto Comisionado durante su informe oral en Ginebra fue la crisis económica y social que atraviesa el país, afectada por el impacto de las sanciones –que nuevamente pidió revisar y levantar– y las acciones del Ejecutivo como «la suspensión arbitraria de salarios de los docentes, despidos injustificados de trabajadores y jubilaciones forzadas de líderes sindicales, incluso en base a sus opiniones políticas».
«Los venezolanos enfrentan serios obstáculos para acceder a alimentos, educación, atención médica y trabajo decente, incluida una remuneración digna. Los salarios continúan siendo extremadamente bajos, a pesar de un aumento reportado del 8,5% en el Producto Interno Bruto el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas son desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos», señaló.
Enfatizó la situación de comunidades indígenas, especialmente al sur del país, que se ven afectadas por el impacto de la minería ilegal en sus territorios. «Las operaciones militares contra estas actividades deben ir acompañadas de componentes civiles y de reintegración social, respetando el consentimiento libre, previo e informado».
Además, pidió investigaciones transparentes por la muerte de un guardián indígena «que protegía su territorio de la minería», así como de la muerte del defensor Virgilio Trujillo, asesinado hace dos años en el estado Amazonas.
