América Latina evade la transición energética, por Leonardo Stanley
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Es notable cómo la narrativa y el discurso de algunos puede influir en el comportamiento de otros, independientemente de la validez de los dichos, la visión o ideología de quien imparte el mensaje. Del Foro de Davos surgían mensajes inequívocos acerca de lo irremediable de la globalización financiera y de los beneficios del mercado. En definitiva, de los peligros de la intervención pública.
Pero el mundo está cambiando, los discursos son otros. Prueba de ello es el clamor por los diferentes esquemas de apoyo estatal para financiar la transición energética entre los hombres de negocios reunidos en Davos, o el reclamo que en dicho foro planteó la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por dejar atrás el «ideologismo» (léase la oposición a los subsidios) y, así, avanzar rápidamente con la transición.
Sin duda, los discursos reflejan una nueva normalidad, que también conlleva la irrupción de nuevas empresas y nuevos actores políticos, pues el proceso de transición no solo implica un cambio tecnológico, sino que afecta el esquema de poder económico y político actualmente imperante, y con vastas consecuencias en lo geopolítico.
La sanción del Congreso estadounidense de la Ley de Reducción de Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) implica un profundo cambio de política. El paquete fiscal introducido por el gobierno de Joe Biden implica subsidios por 370.000 millones de dólares, al tiempo que permite a los contribuyentes que puedan entrar al programa por medio del uso de créditos fiscales.
Toda inversión en energías limpias se asegura un 30% en créditos fiscales, aunque los subsidios finales pueden superar dicho umbral, por caso, con pagos que surgen de, bien los Gobiernos estaduales (sobre la nómina laboral), bien los locales (beneficios por locación). Así, muchos inversores obtienen ayuda estatal por la mitad del valor del proyecto, aunque algunos analistas lo calculan por encima.
Desde la aprobación de la ley, a mediados del 2022, se llevan aprobados proyectos por más de 90 mil millones de dólares y ello solo es el comienzo: según estimaciones del banco Credit Suisse, los beneficios impositivos del programa pueden alcanzar los 800 mil millones de dólares e indirectamente ascender a unos 1,7 trillones de dólares. Sin duda, la apuesta económico-financiera del Gobierno demócrata resulta impresionante y a la medida del desafío geopolítico que enfrenta EE.UU., porque, más allá del problema climático, de cómo se genera energía, de cómo se moviliza la gente o de cómo se produce y consume, la carrera tecnológica está detrás.
De momento, China lidera (por lejos) la producción de tecnologías limpias, así como de sus componentes, al tiempo que se ha convertido en el principal productor de baterías de litio y automóviles eléctricos. Esta política industrial le permite avanzar en la cadena de valor y crear empleos de calidad. Todo ello refleja una mirada a largo plazo, un planeamiento estratégico y un monto de subsidios incalculable, otorgados para financiar la transición: Bloomberg-NEF estima que solo en 2022 se hicieron subsidios por 546.000 millones de dólares, por lo que competir con China no será sencillo.
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En la Unión Europea, la discusión energética se halla atravesada por circunstancias especiales. Una serie de crisis, comenzando con la financiera del 2010, siguiendo con las consecuencias de una serie de hechos extremos, luego la irrupción de la pandemia de la Covid-19, primero, o la invasión de Rusia en Ucrania, después, vinieron a confrontar a la dirigencia europea con la realidad. Ya no bastaba la política monetaria: la política fiscal se hacía necesaria para responder a las urgencias.
Aunque los subsidios se aceptaban a regañadientes, en 2020 surgía un paquete de 81.000 millones de euros en subsidios para renovables. Posteriormente vendría el plan Next Generation EU, concebido para impulsar la recuperación en los países miembros ante la Covid-19 mediante un «paquete de estímulo jamás financiado en Europa». Finalmente, se implementó un nuevo paquete fiscal, con el objeto de avanzar hacia una mayor cohesión social.
A fin de no perder protagonismo, mucho menos inversiones y fuentes de empleo, en los últimos días se habló en Bruselas sobre un nuevo «Fondo Soberano Europeo». El objetivo es extender el esquema actual de ayuda estatal y subsidios centrados en (ciertos) renovables, así como equiparar los beneficios que ofrece el Gobierno norteamericano a los inversores. Sin embargo, esto está lejos de entusiasmar a los denominados «halcones fiscales».
El mensaje que surge entre los empresarios es que los incentivos fiscales son irresistibles para los inversores. Aunque ello ha sido siempre así, el discurso también puede analizarse desde la perspectiva de quien otorga el beneficio. Se destaca aquí el diseño de política, la presencia (o, bien, la ausencia) de una visión estratégica del Estado.
La emergencia climática nos plantea la necesidad de transformar el modelo productivo y acelerar la transición energética. Obviamente, la realidad que enfrenta Latinoamérica es diferente, el espacio fiscal resulta más reducido y la magnitud de los fondos es otra. Sin embargo, también es cierto que muchos de nuestros países siguen otorgando (amplios) beneficios a la industria petrolera y aquí no hablamos solo de subsidios al consumo de combustibles, que resultan generosos, sino también de beneficios impositivos otorgados a nuevos proyectos de exploración a pesar de las bajas rentas públicas que generan estos proyectos o las amplias facilidades que gozan las empresas extranjeras al repatriar fondos. Ni hablar de los escasos controles ambientales que conllevan este tipo de proyectos, cuyos costos «aparecen» ante la primera rotura de caños. En definitiva, los subsidios estatales están y resultan significativos.
La profusión de políticas públicas, incluyendo los cuantiosos recursos fiscales que los distintos países otorgan al complejo energético, implica costos, pero también se espera que la transición brinde beneficios económicos, sociales y ambientales. Pero, además, esta también es una apuesta política, con fuerte repercusión en el ámbito geopolítico. Sin embargo, lamentablemente muchos Gobiernos de la región siguen inclinándose hacia industrias del pasado que benefician a unos pocos y acarrean consecuencias costosas y duraderas para muchos otros.
Las narrativas de desarrollo que se quieren imponer en la región, sin duda, retrasarán la transición en América Latina. Seguimos mirando al pasado.
Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.
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