¿Amigos para qué?, por Teodoro Petkoff

El Gobierno quiere liquidar la Mesa de Negociación y Acuerdos y a tal fin ha propuesto que sea la Asamblea Nacional el escenario para continuar los contactos entre aquel y la oposición. Esto no tiene sentido. En el parlamento, por su propia naturaleza, se dan de manera natural los contactos y negociaciones entre ambos sectores, pero en un nivel distinto al de la Mesa. En esta están directamente representados tanto el Gobierno como la oposición.
Por el lado del Gobierno están delegados del más alto nivel, representantes directos del Presidente; por el lado de la oposición están, igualmente, representantes no sólo de los partidos políticos de ese signo sino de otros sectores del amplio arco de adversarios del régimen, que no tienen representación en la AN. La Mesa tiene, pues, un nivel y unas facultades políticas de mayor profundidad y extensión que el ámbito parlamentario.
Es cierto que en la Mesa misma, en relación con la solución electoral, no hay prácticamente nada que negociar puesto que el referéndum revocatorio no depende de ningún acuerdo en ella sino que tiene la vida propia que le otorga la Constitución, pero la existencia de un espacio donde Gobierno y oposición mantengan un contacto directo, donde puedan procesar al más alto nivel las innumerables situaciones conflictivas que se dan en el país, resulta conveniente a los fines de preservar hasta donde sea posible los fueros de la racionalidad y la tolerancia.
Probablemente, la presencia permanente de Gaviria no sea necesaria, sino la de un representante suyo de alto nivel, conservándose la posibilidad de que el secretario general de la OEA se haga presente cada vez que las circunstancias lo demanden. La defensa de esta paz precaria que existe en el país aconsejaría no disolver la Mesa y el Gobierno no debe autoengañarse con el espejismo de la “excesiva normalidad”. Aquí nada está normal y la necesidad de asegurar las condiciones para producir una salida democrática, pacífica y electoral a esta crisis que no cesa sigue más vigente y perentoria que nunca. De hecho, hay un acuerdo pendiente.
Del mismo modo, el Grupo de Amigos debería revisar su manera de actuar. En Venezuela no existe una guerra como la de Colombia, o como las que atormentaron a Nicaragua y El Salvador, pero las posibilidades de que se desencadene un estado generalizado de violencia de mediana e incluso alta intensidad, no son nada escasas. Tal vez la presencia sobre el terreno de una especie de misión permanente del GA, no del rango de cancilleres o vicecancilleres pero si de suficiente representatividad, contribuiría no sólo a ponerle diques a la materialización de aquellos trágicos presagios, sino que permitiría también monitorear de muy cerca el desenvolvimiento de los procesos que deben conducir al referéndum revocatorio. Una misión de esa naturaleza tendría una flexiblidad para su actuación que no tienen los embajadores, sometidos a la rigidez de los usos diplomáticos