Amnistía Internacional exhorta a respetar derechos de pemones detenidos

La organización hace un llamado a que se respeten las garantías a un debido proceso para estos 13 indígenas pemones, incluyendo «el acceso a un abogado de confianza»

Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por «las condiciones de detención y traslado arbitrario» de un grupo de 13 indígenas de la etnia pemón, acusados de estar presuntamente vinculados al asalto de una comandancia militar en el estado Bolívar el 22 de diciembre de 2019.

En un comunicado, AI denunció que estos 13 pemones fueron incomunicados y aislados por más de 50 días desde el momento de su detención, según informaciones de sus abogados defensores. El pasado 13 de mayo fueron trasladaron a El Rodeo II; es decir a 1.200 kilómetros de distancia desde donde residen.

Según la versión oficial divulgada por el régimen de Nicolás Maduro, en la madrugada del 22 de diciembre de 2019 un grupo de pemones armados tomó las instalaciones del Batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana en el estado Bolívar.

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De acuerdo con la información policial, en la incursión sustrajeron 112 fusiles Ak103 y municiones. Salieron en una camioneta Hilux y un camión Ford 350. Luego asaltaron el puesto de la Policía de Bolívar, en San Francisco de Yuruaní, donde se llevaron 9 pistolas 9 milímetros y 5 escopetas. En la vía, el grupo se encontró con un punto de control militar en donde se originó un enfrentamiento y huyeron hacia las trochas.

En días posteriores fueron detenidos por distintos cuerpos de seguridad, mientras que el Foro Penal Venezolano denunció su desaparición forzosa.

Amnistía Internacional señaló que estos 13 indígenas pemones están «siendo procesadas penalmente por un tribunal con competencia en ‘terrorismo’, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso».

La organización resaltó las inadecuadas condiciones de reclusión, junto a la lejanía de sus familiares y su comunidad. Por ello exigen a las autoridades que «rectifiquen las condiciones de reclusión e impongan medidas que afecten en menor manera los derechos de las personas indígenas a tener un tratamiento pertinente culturalmente».

«Asimismo, en el contexto de la pandemia por covid-19, y la paralización de las actividades judiciales por parte de los tribunales venezolanos, Amnistía Internacional exige que este traslado se realice de manera
urgente para evitar mayores afectaciones a los derechos humanos de estas personas».

Por último, la organización hace un llamado a que se respeten las garantías a un debido proceso para estos 13 indígenas pemones, incluyendo «el acceso a un abogado de confianza y la interpretación a lengua nativa en todos los momentos del proceso».