Amnistía Internacional exige detener torturas e incomunicación contra presos políticos
Amnistía Internacional recordó que tanto la desaparición forzada como la tortura están prohibidas por el derecho internacional, y las víctimas de estos crímenes deben tener derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
Amnistía Internacional exigió la protección y liberación de todos los presos políticos detenidos en Venezuela, incluidos activistas y dirigentes de oposición, al tiempo que se garanticen visitas, atención médica, designar a un abogado de confianza y un juicio justo.
En una acción urgente dirigida a Nicolás Maduro, la ONG señaló que –en base a denuncias recibidas– las autoridades venezolanas «están cometiendo desaparición forzada con el fin de sustraer a las personas detenidas de la protección de la ley, y facilitar actos de tortura y otros malos tratos contra ellas e incluso sus familiares».
También se indicó que cuando los familiares logran dar con el paradero de los detenidos, la persona es sometida a «régimen de incomunicación total, prolongada y arbitraria».
Mencionaron que de este tipo de aislamiento son víctimas Pedro Guanipa, Perkins Rocha, Rafael Ramírez Colina, Américo de Grazia, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Luis Somaza, Alfredo Díaz, Luis Palocz, Ricardo Estévez, Jesús Armas, María Oropeza, Nélida Sánchez, Roland Carreño, Williams Dávila y Edwin Moya.
«En algunos casos, a día de hoy, no tienen plena certeza de que su familiar se encuentre en el centro de reclusión que la autoridad dice tenerlo y muchas veces logran ubicar a su familiar únicamente por información extraoficial», destacó la oenegé.
Por esto, se reclamó que «deben cesar de inmediato los graves abusos que sufren las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, como tortura y otros malos tratos, incomunicación con familiares, juicios injustos y hasta desapariciones forzadas».
Amnistía Internacional recordó que tanto la desaparición forzada como la tortura están prohibidas por el derecho internacional, y las víctimas de estos crímenes deben tener derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Según datos del Foro Penal, citado por la ONG, en el país se registran actualmente 890 presos políticos, entre ellos cinco adolescentes y 61 personas de las que se desconoce su paradero desde el momento de su detención. Esto tras la represión desatada contra las protestas en reclamo de los resultados electorales del 28 de julio del año pasado, que dejaron más de dos mil detenidos.
Casi la totalidad de estas personas fueron sometidas a procesos judiciales sin el derecho a designar un abogado de confianza, y enfrentan cargos por supuesto terrorismo e incitación al odio.
🚨 #Venezuela: Deben cesar de inmediato los graves abusos que sufren las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, como tortura y otros malos tratos, incomunicación con familiares, juicios injustos y hasta desapariciones forzadas.@NicolasMaduro, ¡#LibérenlosYa! pic.twitter.com/T2dARVMkIp
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) April 24, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
